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CC by Patrick Breitenbac, vía Flickr
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Estas son las noticias más destacadas de la semana: Las víctimas de violencia sexual no pueden esperar a que la situación política avance. En Qatar el Campeonato Mundial de Atletismo está bajo la sombra de los abusos contra trabajadores y trabajadoras migrantes. Por otro lado, el Consejo de derechos humanos de la ONU respalda las esperanzas de justicia para las víctimas en Venezuela. Y terminaremos en la Unión Europea, que debe hacer más para combatir los ataques globales contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
El 5 de octubre, Amnistía Internacional, en colaboración con distintas organizaciones y movimientos de derechos, organizan la jornada sobre violencia sexual ‘Es hora de que me creas'. El 13,7% de las mujeres de más de 16 años en España habrían sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.
Aumentan las denuncias, porque las mujeres han decidido no callarse y esperan que las autoridades respondan a estas agresiones. Y aunque se ha hecho un esfuerzo por visibilizar este tipo de violencia, y se ha mostrado interés por reformar el Código Penal, a lo largo del 2019 apenas se han tomado medidas para proteger, atender, y acompañar a las mujeres adecuadamente.
Un informe publicado por Amnistía Internacional revelaba que cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes siguen esperando en vano que les paguen los salarios atrasados y la indemnización que les deben. La investigación sacó a la luz la explotación sistemática de trabajadores migrantes durante la construcción del Estadio Jalifa en Doha, una explotación facilitada por el sistema de patrocinio de Qatar.
A pesar de las promesas de Qatar de mejorar los derechos laborales, la investigación de la organización demuestra que en el país hay demasiados trabajadores y trabajadoras migrantes que siguen a merced de empleadores sin escrúpulos.
La resolución envía, con carácter de urgencia, una Misión de Determinación de los Hechos a investigar la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, con miras a garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas.
Esta grave crisis de derechos humanos no sólo afecta a millones de personas en Venezuela, sino que también ha tenido un impacto a nivel regional. Más de 4,3 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su país debido a las masivas violaciones de derechos humanos, la mayoría de las personas que han huido de Venezuela se encuentran ahora en otros países de América Latina y el Caribe.
La Unión Europea y sus Estados miembros están incumpliendo su compromiso de apoyar y proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a ataques y amenazas mortales cada vez mayores. Así lo muestra un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.
La investigación muestra graves incoherencias en la aplicación de políticas que protegan a quienes defiendan los derechos humanos. El apoyo a defensores y defensoras chinas es frecuente, mientras que las intervenciones públicas de la UE en Arabia Saudí son prácticamente inexistentes.
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