Un manifestante se enfrenta a un agente de policía serbio que muestra sus manos pintadas de rojo, símbolo de la negligencia y la mala gestión del gobierno, y exige la dimisión del Ministro de Construcción. (Foto de Andrej ISAKOVIC / AFP) (Foto de ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en Europa y Asia Central y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2025.
La región seguía estando en primera línea de la erosión global del respeto a los derechos humanos universales y los marcos de justicia internacional. Rusia continuó liderando esta tendencia al persistir en su agresión a Ucrania y cometer otros crímenes de derecho internacional en ese país, como ataques indiscriminados contra civiles y contra infraestructuras esenciales. La mayor parte del sufrimiento recayó en la población civil.
En este contexto, los derechos humanos se utilizaron cada vez más como objeto de transacción. Bielorrusia consiguió una reducción de las sanciones de Estados Unidos a cambio de la liberación de personas presas, y en Ucrania y otros lugares se antepuso la obtención de minerales raros y recursos energéticos a las vidas humanas. Se celebró la primera cumbre Unión Europea-Asia Central en un contexto de incumplimiento sistemático de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en toda Asia Central. A pesar del pésimo historial de Azerbaiyán en materia de derechos humanos, la Unión Europea y otros actores internacionales intensificaron su cooperación energética con ese país para disponer de una alternativa al petróleo y el gas rusos.
La sociedad civil fue sometida a una presión implacable. Un número creciente de activistas, periodistas y organizaciones fueron calificados de “terroristas”, “extremistas”, “indeseables” o “agentes extranjeros” y obligados a exiliarse o a cesar en sus actividades. El clima de miedo y la reducción del apoyo internacional a los derechos humanos, marcada por la medida sin precedentes de Estados Unidos de retirar la ayuda exterior, diezmaron las organizaciones de la sociedad civil y redujeron de manera significativa la información sobre los derechos humanos.
Otros ejemplos de reducción drástica del respeto a los derechos humanos incluyeron el intento de Kirguistán de volver a introducir la pena de muerte a pesar de las prohibiciones constitucionales e internacionales. Georgia adoptó sin restricciones prácticas autoritarias y medidas represivas sistémicas contra la disidencia.
La libertad de religión o de creencias, el Estado de derecho y los derechos de las personas refugiadas y migrantes no fueron excepción al deterioro general de los derechos humanos, y su declive fue generalizado en toda la región. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos. Persistía la violencia por motivos de género. El crecimiento de la producción y el consumo de combustibles fósiles puso de manifiesto el desprecio de los gobiernos hacia sus obligaciones en materia climática.
Continuó implacable la guerra de agresión contra Ucrania iniciada cuatro años antes por Rusia, que intensificó sus ataques aéreos contra infraestructuras civiles esenciales. Su práctica generalizada de la desaparición forzada y la tortura, y sus ataques con drones, dirigidos al parecer contra civiles, constituían crímenes de lesa humanidad. Rusia atacó infraestructuras energéticas prácticamente a diario en los meses de invierno, dejando a millones de personas sin calefacción ni electricidad con temperaturas bajo cero. Los ataques de Ucrania contra instalaciones energéticas de Rusia provocaron apagones. Varios ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso causaron víctimas y dañaron infraestructuras civiles.
En los territorios que ocupaban, las autoridades rusas sometían a civiles a desaparición forzada y tortura sistemáticas. Además, Rusia tomó medidas para borrar la identidad ucraniana, entre otras cosas a través de su plan de estudios obligatorio en las escuelas. Cometiendo una violación flagrante de las leyes de la guerra, impulsó legislación para privar de sus propiedades y de otros derechos a las personas que residían en los territorios anexionados ilegalmente en 2022 si éstas se negaban a adquirir la nacionalidad rusa.
Armenia y Azerbaiyán no avanzaron en la rendición de cuentas por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto relacionado con Nagorno Karabaj.
Todas las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad deben investigarse de manera imparcial e independiente, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal.
El asedio al derecho a la libertad de expresión era cada vez mayor en toda la región, donde las voces críticas eran sistemáticamente calificadas de “extremistas”, “traidoras” y “agentes extranjeros”, obligadas a exiliarse, encarceladas por cargos de motivación política o sometidas a tortura y otros malos tratos y a la prohibición de viajar.
En Azerbaiyán, más de 300 personas que se habían mostrado críticas con las autoridades estaban en prisión por cargos falsos y decenas tenían prohibido viajar, y los medios de comunicación independientes que quedaban se vieron obligados a cerrar. En Georgia, los medios independientes se enfrentaban a toda una diversidad de formas de represión, incluidas campañas de desprestigio, multas e investigaciones penales.
Bielorrusia amplió su “lista de personas implicadas en actividades extremistas” hasta incluir al menos 6.127 y prohibió cualquier organización vinculada de algún modo con quienes figuraban en esa lista.
Kirguistán calificó de “extremistas” a destacados medios de comunicación independientes, lo que significaba que cualquier promoción o difusión de sus materiales podía dar lugar a procesamiento. Moldavia continuó suspendiendo sin supervisión judicial licencias de canales de televisión prorrusos.
En Rusia, quienes se oponían a la guerra contra Ucrania o expresaban otras opiniones disidentes eran objeto de graves sanciones, incluidas largas penas de prisión. La censura, omnipresente en la vida pública, dio lugar a la prohibición de música, libros y películas de autores calificados de “agentes extranjeros” o de “terroristas y extremistas”.
Se intensificó la represión del derecho de reunión pacífica, y quienes intentaban ejercerlo eran objeto de enjuiciamiento, prisión, y tortura y otros malos tratos.
La protesta abierta seguía siendo reprimida en la mayoría de los países de la región y, por tanto, era infrecuente. En Bielorrusia, Tayikistán y Turkmenistán, las concentraciones prácticamente no existían y quienes se manifestaban pacíficamente se enfrentaban a graves sanciones. Las autoridades bielorrusas intentaron sancionar a personas que participaban en protestas en el extranjero.
Las autoridades de Georgia respondieron a las manifestaciones diarias que seguían celebrándose desde finales de 2024 penalizando actividades pacíficas como taparse la cara u ocupar las aceras. La policía empleó contra manifestantes fuerza ilícita, como palizas, gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua que, según informes, contenía sustancias colorantes tóxicas. Se actuó sistemáticamente contra activistas, periodistas y simpatizantes de la oposición mediante registros, arrestos y penas de cárcel sólo por ejercer sus derechos humanos.
Aun así, en Rusia, donde la protesta había sido reprimida con dureza, persistieron las pequeñas concentraciones para protestar por asuntos localmente pertinentes, y en Ucrania no cesaron las protestas multitudinarias contra la corrupción a pesar de las restricciones de la ley marcial.
Los gobiernos reprimieron e hicieron peligrar aún más el entorno operativo de la sociedad civil a través de legislación represiva, criminalizando la participación pública e imponiendo restricciones económicas draconianas. Los graves recortes de la ayuda exterior complicaron la situación y obligaron a decenas de ONG a cerrar o a reducir drásticamente su actividad.
Azerbaiyán reabrió una causa de 2014 contra varias ONG, llevó a cabo redadas y actuó contra sindicatos y grupos de base. Bielorrusia penalizó la participación en actividades de ONG clausuradas por la fuerza, suspendidas o no registradas. Georgia aprobó legislación contra “agentes extranjeros” y congeló las cuentas bancarias de varias ONG con el argumento de que habían participado en actos de “sabotaje” al proporcionar artículos médicos y otra ayuda a manifestantes en 2024.
El presidente de Kazajistán acusó a “supuestas organizaciones de derechos humanos, blogueros y periodistas” de recibir financiación del extranjero para fomentar dinámicas negativas y culpar a las autoridades. Rusia continuó instrumentalizando la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” para poner trabas a la sociedad civil, estigmatizando y encarcelando a sus activistas. Otras 95 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, fueron declaradas “indeseables”.
Los gobiernos deben abolir todas las leyes y prácticas que obstaculicen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y dejar de utilizar excusas para reprimir la disidencia y acallar el debate sobre su historial en materia de derechos humanos.
Los juicios justos eran cada vez más escasos debido a la instrumentalización de los sistemas de justicia para perseguir la disidencia. Aumentó el número de personas declaradas culpables in absentia de cargos como “terrorismo” y “extremismo”.
Azerbaiyán encarceló a decenas de periodistas y activistas por cargos falsos y tras juicios injustos, y al final del año había cerca de 30 trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación en prisión o en detención prolongada en espera de juicio. En Bielorrusia aumentó el número de personas condenadas por motivos políticos, a pesar de algunas liberaciones anticipadas a cambio del alivio de las sanciones.
En Georgia, la detención arbitraria y el encarcelamiento de manifestantes, periodistas y figuras de la oposición tras juicios injustos eran prácticas habituales en el contexto de la represión de la disidencia. En Kirguistán, los cargos falsos contra destacados periodistas independientes, que trabajaban en medios de comunicación como Kloop y Temirov Live, representaron un duro revés para la labor informativa independiente en el país. En Kazajistán y Turkmenistán, voces disidentes fueron a prisión.
En Rusia, la judicatura continuó imponiendo duras condenas por cargos de motivación política que a menudo eran manifiestamente absurdos. En Tayikistán se impusieron largas penas de prisión a figuras políticas de la oposición y exautoridades en juicios a puerta cerrada y seguía sin darse respuesta oficial al llamamiento de 12 organizaciones internacionales de derechos humanos en favor de la liberación del abogado de derechos humanos Buzurghmehr Yorov, encarcelado arbitrariamente desde 2015.
Las autoridades deben garantizar el derecho a un juicio justo y abstenerse de hacer un uso indebido del sistema de justicia para perseguir la disidencia.
La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en la región. La impunidad por estos delitos también seguía siendo generalizada y las investigaciones sobre violencia policial eran excepcionales e ineficaces.
Salieron a la luz numerosos informes sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura a prisioneros de guerra ucranianos a manos de las fuerzas rusas. En las prisiones rusas, los abusos incluían frecuentes encierros en celdas de castigo, así como negación de asistencia médica y de contacto con el mundo exterior.
En Azerbaiyán eran habituales la tortura y otros malos tratos bajo custodia, que incluían reclusión en régimen de aislamiento, privación de asistencia médica, violencia, traslados punitivos y uso prolongado de esposas y grilletes. Según informes, al menos dos víctimas de enjuiciamiento por motivos políticos murieron bajo custodia en Bielorrusia, y al menos siete en Tayikistán, entre ellas cinco activistas pamiris.
En Georgia era habitual que agentes enmascarados golpearan a las personas detenidas durante el arresto y bajo custodia. En Kazajistán no se abordaron las numerosas denuncias de tortura tras las manifestaciones multitudinarias de 2022, y en Kirguistán se disolvió el organismo estatal de prevención de la tortura a pesar de las advertencias de la ONU en contra de tal medida.
En Uzbekistán persistían los motivos de preocupación en relación con la tortura y otros malos tratos. En Bielorrusia y Turkmenistán seguía siendo habitual la detención en régimen de aislamiento o incomunicación, que en muchos casos constituía desaparición forzada.
Los gobiernos deben actuar con urgencia para poner fin a la tortura y otros malos tratos y llevar ante la justicia a todas las personas que puedan haber incurrido en responsabilidad penal para que sean sometidas a un juicio justo.
Se observó una reducción constante del respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+, y los ataques directos contra éstos eran frecuentes. No existía una legislación integral contra la discriminación en la región, mientras que cobraba impulso la narrativa oficial de que los derechos de las personas LGBTIQ+ iban en contra de los “valores tradicionales”.
Una noticia positiva fue que en Ucrania un tribunal reconoció por primera vez a una pareja homosexual como familia de hecho, y el apoyo popular a la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+ parecía crecer de forma constante.
En Moldavia, las autoridades de facto de la Transnistria ocupada por Rusia promulgaron legislación anti-LGBTIQ+ sobre “propaganda”, y en Kazajistán se aprobaron disposiciones análogas. En Uzbekistán y Turkmenistán, las relaciones sexuales entre varones seguían estando tipificadas como delito.
Los gobiernos deben derogar toda legislación, política y práctica que discrimine a las personas LGBTIQ+, lo que incluye despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y eliminar los obstáculos jurídicos para el matrimonio igualitario.
La violencia de género seguía estando muy extendida. En Georgia, la continua retórica misógina y sexista de altos cargos públicos iba acompañada de abusos por motivos de género contra mujeres manifestantes, incluidas amenazas de agresión sexual y degradantes registros corporales integrales sin ropa. El Parlamento de Rusia no consideró promulgar legislación sobre violencia de género en el ámbito familiar pese a que su adopción contaba con un fuerte respaldo público. En Tayikistán, el número de casos de violencia de género intrafamiliar aumentó un 15% respecto al año anterior.
Los gobiernos deben combatir con urgencia todas las formas de violencia de género y abordar sus causas fundamentales.
Se denunciaron tácticas represivas que limitaban la libertad de religión o de creencias en toda la región, como la imposición de restrictivos requisitos de registro y el uso indebido de la legislación antiextremista en contra de minorías religiosas.
Bielorrusia tomó medidas poco transparentes para eliminar del registro a organizaciones religiosas y prohibió toda actividad religiosa no registrada; el clero no afín a las autoridades se enfrentaba a persecución constante en el país. Kirguistán promulgó una ley restrictiva que coartaba la actividad religiosa no registrada, prohibía determinada indumentaria religiosa y declaraba ilegal la iglesia adventista por “extremista”. Rusia continuó enjuiciando y encarcelando arbitrariamente a miembros de la confesión Testigos de Jehová y actuando contra otras comunidades religiosas. Mecanismos expertos de la ONU criticaron las últimas medidas adoptadas por Ucrania para disolver la iglesia ortodoxa ucraniana, acusada de vinculación a Rusia, por “equiparar filiación religiosa con amenazas a la seguridad nacional”.
Los gobiernos deben adoptar medidas eficaces para implementar reformas de las leyes y políticas con el fin de proteger, promover y garantizar plenamente la libertad de religión o de creencias, sin discriminación ni persecución.
Millones de personas continuaron sufriendo desplazamiento forzado, principalmente en Ucrania. Armenia tenía dificultades para proporcionar alojamiento y medios de vida a las más de 100.000 personas desplazadas de Nagorno Karabaj. Bielorrusia seguía forzando a personas refugiadas y migrantes a cruzar sus fronteras con la Unión Europea, según informes empleando la violencia física contra ellas. Rusia impuso para la matriculación de los niños y niñas migrantes en la escuela unos requisitos —una prueba lingüística obligatoria y demostrar la legalidad de su entrada en el país— que dejaban fuera del sistema educativo a la mayoría de ellos. Las autoridades de Tayikistán tomaron medidas para expulsar del país a personas refugiadas afganas.
Los gobiernos deben garantizar que todas las personas que huyan de la persecución y de violaciones de derechos humanos tienen acceso a seguridad y a protección internacional, y que ninguna es objeto de devolución a un lugar donde correría un peligro real sufrir abusos graves contra sus derechos humanos.
La guerra de Rusia provocó graves daños ambientales dentro y fuera del país: su agresión a Ucrania siguió comportando graves consecuencias para el medioambiente y sus ataques militares continuaron amenazando la seguridad nuclear. La represión de la sociedad civil tanto en Rusia como en Bielorrusia obligó a exiliarse a activistas contra el cambio climático independientes.
Los compromisos para combatir el cambio climático se incumplieron o debilitaron aún más, en un contexto en el que los países aumentaban la dependencia de los combustibles fósiles y su extracción. Kazajistán aumentó su dependencia del carbón y pareció retractarse de sus compromisos con una transición verde. Su presidente atacó públicamente la agenda medioambiental y manifestó que el cambio climático “parecía ser un fraude masivo”. Las aspiraciones climáticas de Moldavia se enfrentaron a problemas de financiación. Uzbekistán declaró 2025 el año de la “economía verde” pero mantuvo unos niveles graves de contaminación del aire, como Bielorrusia y otros países.
El agua seguía siendo un recurso escaso para muchas personas, especialmente en Asia Central. El acceso a agua apta para el consumo era un grave problema en Tayikistán, donde, según datos oficiales, el 85% de la población —incluida la práctica totalidad de los habitantes de zonas rurales— no tenía sistema de alcantarillado. En Turkmenistán, la mala gestión del agua ponía en peligro la seguridad alimentaria. En la región ucraniana de Donetsk, ocupada por Rusia, las autoridades de facto no podían hacer frente a la crisis del agua.
Los países de Europa Oriental y Asia Central con volúmenes elevados de emisiones deben tomar la iniciativa en la mitigación climática, lo que incluye detener la expansión de la producción de combustibles fósiles. Los gobiernos deben adoptar medidas inmediatas para proteger a personas y comunidades de los peligros y efectos del cambio climático.
La brecha entre el compromiso público de respetar el derecho internacional expresado por muchos gobiernos y sus actos era abismal; algunos directamente se negaron a cooperar con la Corte Penal Internacional. Varios Estados continuaron transfiriendo armas a Israel. La inmensa mayoría de los gobiernos recurrieron a castigar la solidaridad con el pueblo palestino tratando como delito la disidencia y usando fuerza ilícita, en lugar de cumplir su obligación jurídica de detener el genocidio que Israel estaba perpetrando en la Franja de Gaza ocupada. Algunos Estados intensificaron sus ataques contra el orden jurídico internacional, incluidos los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Hubo Estados que encabezaron iniciativas tanto a nivel nacional como regional para dejar sin efecto las protecciones contenidas en los tratados regionales de derechos humanos. Varios adoptaron deliberadamente medidas para externalizar su responsabilidad de gestionar la migración.
Aunque algunos Estados mejoraron el acceso al aborto, en otros persistieron las barreras y quienes defendían el derecho al aborto sufrieron persecución y criminalización. Se intensificó la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+ debido a campañas bien dotadas de recursos lanzadas por actores y gobiernos antiderechos y antigénero. Millones de personas cayeron en la pobreza o continuaron sumidas en ella; los gobiernos de algunos países aprobaron medidas regresivas que podían aumentar el número de personas sin hogar o dificultar el acceso a la atención médica y otros servicios esenciales. Miles perdieron sus prestaciones de seguridad social debido al uso de herramientas de toma de decisiones intrínsecamente discriminatorias. Aumentaron los informes sobre delitos de odio contra personas racializadas, romaníes y percibidas como musulmanas o judías. Catástrofes agravadas por el cambio climático causaron estragos, sobre todo en el sur de Europa. Mientras que algunos Estados fueron proactivos y tomaron medidas para prevenir el cambio climático, otros incumplieron sus obligaciones. Defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento y prisión.
Varios Estados continuaron transfiriendo armas a Israel a pesar de los llamamientos de mecanismos expertos de la ONU en favor del cese inmediato de esas transferencias. Alemania restableció la posibilidad de realizar transferencias de armas, Francia continuó concediendo licencias para exportar material de guerra, Reino Unido y República Checa siguieron exportando armas y Serbia incluso aumentó este tipo de transferencias. Muchos Estados, entre ellos Irlanda, Portugal y Eslovenia, no impidieron el tránsito de armas transferidas a Israel a través de su espacio aéreo o sus puertos.
Los gobiernos deben suspender las transferencias de armas a países donde existe un riesgo sustancial de que se utilicen para cometer o facilitar abusos graves contra los derechos humanos.
En un ataque directo a la Corte Penal Internacional, Hungría y Polonia se negaron abiertamente a cumplir sus órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Italia incumplió su obligación de entregar a la Corte a Osama Elmasry Njeem, miembro de una milicia libia acusado de violaciones graves de derechos humanos.
En Turquía, las víctimas de violaciones de derechos humanos, como manifestantes pacíficos presuntamente sometidos a tortura y otros malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, seguían enfrentándose a una cultura de impunidad.
Los gobiernos deben adoptar todas las medidas a su alcance para combatir la impunidad obligando a los presuntos perpetradores a rendir cuentas, lo que incluye ejecutar las órdenes de detención dictadas por tribunales internacionales.
Seguían aplicándose preocupantes medidas represivas, que incluían vigilancia ilícita, criminalización de actividades pacíficas y diversas formas de intimidación, en un intento de silenciar a la sociedad civil.
En Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría se propusieron o aprobaron leyes sobre agentes extranjeros y otra legislación análoga que constituían una amenaza para la sociedad civil. Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) seguían teniendo un efecto intimidatorio en la libertad de los medios de comunicación y la disidencia en toda la región, especialmente en Croacia y Polonia. En Serbia, varios relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron su preocupación ante lo que parecía una “campaña sistemática” para desacreditar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personal observador de elecciones.
Hubo gobiernos que siguieron imponiendo restricciones ilícitas del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, penalizando discursos protegidos y actos de desobediencia civil. Algunos Estados utilizaron disposiciones excesivamente generales sobre terrorismo para sancionar y estigmatizar a personas por expresar su disidencia, especialmente a quienes protestaban por la falta de medidas del gobierno para frenar el deterioro climático y por el genocidio que Israel estaba perpetrando contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada. Por ejemplo, en julio, el gobierno de Reino Unido prohibió el grupo de protesta de acción directa Palestine Action considerándolo “grupo terrorista”, lo que impulsó una campaña de desobediencia civil pacífica a gran escala. Al final del año, las autoridades británicas habían practicado al menos 2.700 arrestos tras una serie de manifestaciones pacíficas multitudinarias y estaba pendiente ante los tribunales un recurso de revisión contra la prohibición.
Los gobiernos deben abolir todas las leyes y prácticas que obstaculicen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y dejar de utilizar excusas para reprimir la disidencia.
La tendencia general de muchos países europeos a construir un sistema de dos categorías, con una protección de los derechos humanos reducida para las personas refugiadas y migrantes, y arraigada en una Europa cargada de xenofobia y racismo principalmente contra las personas negras, musulmanas y árabes, cobró impulso tanto a nivel nacional como de las instituciones europeas. En ese contexto, principios fundamentales del derecho internacional ya consolidados —como el principio de no devolución, la universalidad de los derechos humanos, la prohibición de la tortura, y el derecho a la vida privada— fueron específicamente atacados durante todo el año, con amenazas de retirada de los tratados, y propuestas o discursos enfocados a diluir las obligaciones del Estado. Tales esfuerzos fueron evidentes en el ámbito de la Unión Europea, donde los Estados miembros flexibilizaron las normas sobre asilo y negociaron medidas punitivas de deportación, en tanto que, en el Consejo de Europa, 27 Estados miembros pidieron diluir las protecciones para las personas migrantes establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También hubo iniciativas análogas en el ámbito nacional. En Reino Unido, figuras políticas de alto nivel emplearon un discurso y propusieron unos cambios jurídicos dirigidos a socavar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a utilizarlo como chivo expiatorio. En Alemania y Austria, las autoridades llevaron a cabo deportaciones a Siria a pesar de que no era un país seguro para regresar, y una coalición más amplia de países intentó poner en marcha devoluciones a Afganistán. Grecia detuvo a cientos de personas tras una suspensión temporal del derecho a solicitar asilo declarada ilegalmente. Aunque muchas quedaron en libertad al levantarse la medida, otras muchas perjudicadas por las disposiciones continuaban bajo custodia y en condiciones precarias al terminar el año. De igual modo, Polonia suspendió ilegalmente el derecho a solicitar asilo en la frontera con Bielorrusia. El Consejo Federal de Suiza identificó zonas de Ucrania consideradas seguras para regresar, lo que supuso limitar el acceso a protección temporal a nuevas personas solicitantes a pesar de que ninguna zona en Ucrania estaba a salvo de los ataques de Rusia.
Varios Estados adoptaron medidas para externalizar su responsabilidad de gestionar la migración, en un intento de dificultar el acceso a la protección de Europa a quienes huían de la persecución o buscaban una vida mejor, y de permitir su traslado forzoso a pesar de los posibles riesgos para sus derechos, su vida y su seguridad.
Algunos Estados intentaron firmar acuerdos de cooperación en materia de devolución y detención con otros países en los que sería más difícil someter a escrutinio las violaciones de derechos que sufrían las personas —a menudo negras, musulmanas o, de manera más general, racializadas— que trataban de llegar a Europa. Italia impulsó iniciativas nocivas y regresivas que ampliaban el uso de sus centros de detención de migrantes en Albania a pesar de los recursos judiciales presentados.
Varios gobiernos siguieron utilizando a las personas refugiadas y migrantes como chivo expiatorio de problemas económicos más profundos, empleando una retórica peligrosa y dañina. En países como Grecia, Italia y Malta, las autoridades aumentaron de manera deliberada los riesgos de cruzar a Europa por tierra y por mar, entre otras cosas retrasando las operaciones de salvamento y poniendo trabas o criminalizando al personal de rescate y humanitario.
Los gobiernos deben proteger los derechos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, garantizando el pleno ejercicio de los derechos internacionalmente protegidos y poniendo fin a las detenciones arbitrarias.
La primera ministra de Dinamarca y su homólogo de Groenlandia ofrecieron una disculpa conjunta a los miles de mujeres inuit a las que se había implantado un dispositivo intrauterino sin su consentimiento entre 1966 y la década de 1990. Organizaciones de la sociedad civil acogieron con satisfacción el gesto, pero también exigieron una indemnización para las mujeres inuit.
Dinamarca, Islas Feroe, Noruega y Reino Unido aprobaron legislación para mejorar el acceso al aborto. Luxemburgo consagró el aborto como libertad garantizada en su Constitución y el Parlamento Europeo votó a favor de un mecanismo de solidaridad para mejorar los servicios de aborto seguro en toda la Unión Europea. Sin embargo, persistían múltiples obstáculos para el acceso a estos servicios en toda la región, incluida su penalización. Varios Estados con altos índices de objeción a practicar abortos por motivos de conciencia, como Croacia, España, Italia y Portugal, no garantizaban el acceso a este servicio, lo que ponía en peligro los derechos y la salud de las personas afectadas.
Los gobiernos tienen la obligación de garantizar a todas las personas, sin discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el acceso oportuno y sin trabas a unos servicios de aborto sin riesgos.
Millones de personas cayeron en la pobreza o continuaron en ella y los gobiernos no tomaron medidas para mitigar las nocivas consecuencias de la subida del costo de la vida. Reino Unido y Finlandia fueron algunos de los países que adoptaron medidas regresivas susceptibles de aumentar el número de personas sin hogar o de obstaculizar el acceso a asistencia médica y otros servicios esenciales a quienes ya se encontraban en situación de mayor riesgo, como las personas racializadas —incluidas refugiadas y migrantes— y las que padecían enfermedades crónicas.
Varios gobiernos, entre ellos los de Reino Unido y Serbia, introdujeron o continuaron aplicando tecnologías y algoritmos intrínsecamente discriminatorios para tomar decisiones sobre la asignación de prestaciones de la seguridad social y otras ayudas de la red de seguridad. En consecuencia, miles de personas —de las que un número desproporcionado eran racializadas, extranjeras, romaníes y madres solteras— perdieron sus prestaciones sociales.
Los gobiernos deben adoptar medidas inmediatas para asignar los recursos adecuados y así garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos económicos y sociales sin sufrir discriminación. Asimismo, deben abstenerse de utilizar algoritmos intrínsecamente discriminatorios para determinar qué personas reciben prestaciones sociales, y deben garantizar protección social integral y universal.
Redes antiderechos y antigénero bien dotadas de recursos y cada vez más activas promovieron discursos nocivos, así como el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, en particular las transgénero. Eslovaquia reformó su Constitución para erosionar aún más los derechos LGBTIQ+, y las autoridades de Turquía propusieron reformas jurídicas susceptibles de criminalizar a las personas LGBTIQ+ y a quienes defendían sus derechos. Hungría y Turquía prohibieron las concentraciones LGBTIQ+.
Persistía la segregación de niños y niñas romaníes en escuelas de República Checa y Eslovaquia, aunque el gobierno checo presentó nuevas medidas dirigidas a eliminar la segregación del alumnado romaní y a impedir su escolarización en centros especiales sólo por su situación de desventaja social. El gobierno de Eslovenia aprobó en un procedimiento acelerado legislación de emergencia en materia de seguridad para ampliar las competencias ejecutivas y policiales, aumentar la vigilancia e imponer restricciones punitivas a las prestaciones sociales, lo que afectaba de manera desproporcionada a las personas romaníes.
Hubo un preocupante aumento de los informes sobre agresiones verbales y físicas a personas racializadas, romaníes, LGBTIQ+ y percibidas como musulmanas o judías en toda la región. Se denunciaron numerosos ataques a lugares de culto. En Reino Unido, dos fieles perdieron la vida en un ataque a una sinagoga y 27 mezquitas fueron atacadas entre julio y octubre, periodo coincidente con campañas asociadas a grupos antiderechos y protestas en el exterior de centros presuntamente destinados a alojar a solicitantes de asilo. En Alemania, Austria, Croacia, Polonia y Serbia se observó un aumento de las agresiones a personas LGBTIQ+.
Persistía la discriminación de las mujeres y niñas musulmanas en el deporte y la educación. En Francia estaba pendiente de debate un proyecto de ley para prohibir la indumentaria religiosa en todas las competiciones deportivas, y el Parlamento de Austria aprobó una ley que prohibía usar el hiyab en centros escolares a niñas menores de 14 años. El Parlamento de Portugal empezó a debatir una propuesta que tenía por objeto prohibir llevar el rostro cubierto, prohibición que podía limitar las libertades de algunas mujeres musulmanas.
Los gobiernos deben respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a no sufrir discriminación y violencia, incluso a través de medidas efectivas para implementar reformas jurídicas y normativas.
El cambio climático siguió provocando estragos en toda la región. Agravó las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones en países como España, Grecia y Portugal, lo que causó un número sin precedentes de muertes y daños a la tierra y la propiedad.
Las medidas adoptadas para prevenir el cambio climático variaron de un Estado europeo a otro. Un reducido número de gobiernos llevaron la iniciativa con firmes políticas de mitigación climática, mientras que otros se quedaron muy lejos de alcanzar los objetivos internacionales de emisiones. La transición a las energías renovables y tecnologías más verdes no fue compatible con los derechos humanos en todos los casos. En Finlandia, Noruega y Suecia no se ofrecieron garantías ni se hicieron consultas significativas antes de poner en marcha proyectos de explotación de tierras que afectaban considerablemente a los medios de vida y la cultura de la comunidad indígena sami. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales socavó aún más los derechos del pueblo sami al permitir que se intensificara la actividad minera en sus tierras tradicionales.
Los gobiernos deben proteger a personas y comunidades de los peligros y efectos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas, entre otras cosas cumpliendo los objetivos internacionales para frenar el deterioro climático.
Durante todo el año hubo ataques específicos contra personas defensoras de los derechos humanos, sobre todo contra quienes defendían los derechos de las mujeres y los de las personas refugiadas y migrantes obligadas a usar rutas inseguras para llegar a Europa. En Polonia, la activista Justyna Wydrzyńska se enfrentó a un nuevo juicio por ayudar a una mujer embarazada a obtener píldoras abortivas. En Grecia, 24 trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria que habían socorrido a personas refugiadas y migrantes fueron llevados a juicio por cargos que acarreaban hasta 20 años de prisión.
Turquía intensificó las investigaciones infundadas, los procesamientos y las condenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, y continuó desobedeciendo sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaban poner en libertad a presos y presas de conciencia.
Los gobiernos deben proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y hacer posible que cumplan su función esencial, en lugar de estigmatizar y criminalizar sus actividades.
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