Ruanda

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Los desalojos forzosos asociados a proyectos de desarrollo urbano en la capital afectaron de manera desproporcionada a las poblaciones marginadas y con bajos ingresos. La protección de los derechos laborales era limitada y existían barreras estructurales que impedían la actividad sindical. El espacio de la sociedad civil seguía estando severamente restringido y los miembros de la oposición política se enfrentaban a enjuiciamientos injustos. Se firmó un acuerdo bilateral que permitía a Estados Unidos deportar a Ruanda a nacionales de terceros países. Prosiguieron los esfuerzos para enjuiciar los delitos relacionados con el genocidio de 1994 mediante procedimientos judiciales nacionales y cooperación internacional, lo que dio lugar a una extradición y a una declaración de culpabilidad.

Información general

El Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo concluyó que Ruanda había prestado un apoyo “crucial” al Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado que operaba en la región oriental de República Democrática del Congo. Las operaciones del M23 habían obligado a desplazarse a cientos de miles de personas y se habían cobrado un importante número de vidas.

En febrero, una resolución del Parlamento Europeo amenazó con suspender la cooperación con Ruanda a menos que ésta cesara su injerencia en el conflicto de República Democrática del Congo y dejara de exportar minerales de las zonas controladas por el M23. Mientras tanto, la Resolución 2773 del Consejo de Seguridad de la ONU instó a Ruanda a que cesara su apoyo al M23 y retirara sus tropas de República Democrática del Congo. El 4 de diciembre se formalizó un acuerdo de paz cuando los presidentes de República Democrática del Congo y Ruanda firmaron los Acuerdos de Washington, que reforzaban los compromisos anteriores de poner fin a los combates; pese a ello, los combates continuaron (véase el apartado sobre República Democrática del Congo).

Desalojos forzosos

El desarrollo urbano a gran escala en la capital, Kigali, avanzó rápidamente. En mayo, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos expresó honda preocupación por los desalojos y reubicaciones forzados en los asentamientos informales de Kigali y en las zonas designadas como de alto riesgo de inundación o deslizamiento de tierras. La población residente informó en muchas ocasiones de que no había recibido ningún aviso hasta pocos días antes de que se demolieran sus viviendas, y de que el proceso se había llevado a cabo sin consulta previa, indemnización, provisión de alojamiento alternativo ni oportunidades significativas para impugnar las decisiones. Estas prácticas afectaron de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos y a los grupos marginados. Además, preocupaba que algunos reasentamientos, justificados por motivos de seguridad, pudieran haber servido en realidad a “intereses comerciales o estéticos”, lo que habría agravado la desigualdad.

Derechos laborales

Los derechos laborales, incluidos el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, seguían estando restringidos en la práctica debido a las limitaciones más amplias del espacio de la sociedad civil. Los organismos de la ONU expresaron su preocupación por las limitaciones impuestas a los sindicatos que afectaban a su capacidad de organización, así como por la aplicación inadecuada de las protecciones laborales.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que examinó el quinto informe periódico de Ruanda en febrero, los derechos sindicales se vieron restringidos por requisitos onerosos que obstaculizaban la capacidad de trabajadores y trabajadoras para convertirse en representantes sindicales, los largos plazos de registro exigidos para la formación de sindicatos y la obligación de someterse a arbitraje o mediación antes de participar en negociaciones colectivas o huelgas. Estas restricciones menoscabaron significativamente el derecho a la libertad de asociación dentro del movimiento sindical.

En una declaración realizada tras su visita a Ruanda en mayo, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza manifestó que, a pesar del firme compromiso del país con la creación de empleo, la protección de los derechos laborales se veía socavada por retos estructurales, entre ellos la falta de un salario mínimo adecuado, los altos niveles de empleo informal, los mecanismos insuficientes para hacer cumplir la normativa laboral y el uso persistente del trabajo infantil. El relator hizo hincapié en la necesidad de reforzar la protección de los trabajadores y trabajadoras mediante el aumento de las inspecciones laborales y la creación de un entorno que permitiera el funcionamiento de los sindicatos.

Libertad de expresión y de asociación

El espacio de la sociedad civil seguía estando severamente restringido, y las autoridades seguían reprimiendo las voces disidentes en los sectores político, civil y laboral. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (véase supra) instó a Ruanda a reforzar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras cosas simplificando los procedimientos de inscripción en registro de las ONG.

El Comité señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (organismo oficial) gozaba de una independencia limitada, lo que debilitaba aún más los mecanismos de rendición de cuentas. Un comité designado por el presidente supervisaba el proceso de selección de los miembros de la Comisión, a quienes se obligaba a obtener la autorización de la Oficina del Primer Ministro antes de efectuar viajes oficiales, lo que socavaba el cumplimiento de los Principios de París (normas mínimas que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos para ser consideradas creíbles y eficaces).

El 19 de junio, la Oficina de Investigaciones de Ruanda detuvo a Victoire Ingabire Umuhoza en su domicilio de Kigali. Según la entidad, la detención había sido solicitada por la Fiscalía en relación con un largo caso en el que estaban implicadas nueve personas, la mayoría de ellas miembros de Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi), el partido no registrado de Victoire Ingabire Umuhoza. Esas personas habían sido detenidas en 2021 y acusadas de “formar una organización criminal o unirse a ella” y de “incitar a desórdenes públicos”. Las autoridades formularon contra Victoire Ingabire Umuhoza cargos relacionados con acusaciones de haber participado o dirigido las supuestas actividades del grupo, que ella negó.

Resultaba preocupante el hecho de que el caso —ilustrativo de un patrón de represión política— careciera de base jurídica creíble y sirviera para criminalizar a la oposición política pacífica.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En agosto, Ruanda firmó un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados Unidos para —según las autoridades ruandesas— aceptar hasta 250 migrantes y solicitantes de asilo que se enfrentaban a la deportación en Estados Unidos. A finales de agosto, Ruanda comunicó que había acogido a siete personas en el marco de este programa. Al igual que los acuerdos anteriores con Israel y Reino Unido, este acuerdo entrañaba el riesgo de violar la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, en particular la prohibición de la devolución, habida cuenta del historial de derechos humanos de Ruanda y las deficiencias de su sistema de asilo. El país no había demostrado tener capacidad para garantizar procedimientos justos, apelaciones significativas y una protección adecuada a las personas trasladadas por la fuerza desde otra jurisdicción.

En junio, Ruanda puso en marcha su Estrategia de Graduación Sostenible de Refugiados (2025-2030), cuyo objetivo era permitir a los hogares de personas refugiadas pasar de depender de la ayuda a largo plazo a ser autosuficientes. La Estrategia tenía como objetivo beneficiar al 50% de las familias refugiadas que reunieran los requisitos para 2030. Daba prioridad a la ampliación del acceso a la educación, la formación profesional y el empleo, el fortalecimiento de las oportunidades de subsistencia mediante la integración en el sector privado y la mejora de los sistemas de protección social para ayudar a las personas refugiadas a resistir crisis económicas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Ruanda siguió procurando justicia y rendición de cuentas por el genocidio de 1994 contra la población tutsi, entre otras cosas mediante enjuiciamientos nacionales y solicitudes de extradición a otros países.

En mayo, las autoridades judiciales francesas anunciaron que cerraban la investigación sobre Agathe Habyarimana —viuda del expresidente de Ruanda Juvénal Habyarimana—, que había sido acusada de complicidad en el genocidio.

En agosto, François Gasana, detenido en Noruega en 2022, fue extraditado a Ruanda, donde fue juzgado por participar en el genocidio, con cargos que incluían el asesinato de un menor y la incitación a cometer homicidios. En 2007 había sido declarado culpable de participar en el genocidio en un juicio celebrado en Ruanda in absentia.

En noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Kiyumba (Ruanda) condenó a Germain Musonera, antiguo candidato parlamentario del partido gobernante, a 20 años de prisión por complicidad en el genocidio.