Nigeria

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Se impusieron sanciones a los medios de comunicación y se presentaron cargos contra periodistas por presunta difamación. Las fuerzas de seguridad y de defensa usaron fuerza excesiva, principalmente para dispersar protestas. Se torturaba durante los interrogatorios policiales. Las autoridades seguían llevando a cabo desalojos forzosos. Las autoridades no adoptaron medidas para mitigar el impacto del cambio climático. Todas las partes en el conflicto armado cometieron violaciones del derecho internacional. Se documentaron casos de desaparición forzada. La violencia sexual y de género seguía siendo una práctica muy extendida. Se presentaron cargos contra hombres en virtud de la Ley de Prohibición del Matrimonio Homosexual. Las personas internamente desplazadas reasentadas carecían de suficientes alimentos y acceso a servicios básicos.

Libertad de expresión

El 14 de marzo, la Comisión Nacional de Radiodifusión (NBC) multó a 25 emisoras en relación con su cobertura informativa de las elecciones generales de 2023 por infringir presuntamente el Código de Radiodifusión. El 1 de abril, la NBC impuso a Channels Television una multa de 5 millones de nairas (6.540 dólares estadounidenses) por las opiniones vertidas por Datti Baba-Ahmed, candidato a vicepresidente por el Partido Laborista, en un programa de televisión. Sin embargo, el 10 de mayo, el Tribunal Superior Federal de Abuya prohibió a la NBC imponer multas a las emisoras.

El 18 de marzo, Chude Franklin Nnamdi, simpatizante del Partido Laborista, fue detenido por la policía en Onitsha, estado de Anambra, por presunto ciberacecho —lo que vulneraba el artículo 24 de la Ley (de Prohibición, Prevención, etc.) de Ciberdelincuencia de 2015— en relación con sus críticas en redes sociales a Charles Soludo, gobernador del estado de Anambra.

El 18 de agosto, las autoridades retiraron la acreditación a 25 periodistas y medios de comunicación y los excluyeron de la cobertura informativa de las actividades en el palacio presidencial de Abuya, por motivos imprecisos de “preocupaciones de seguridad y falta de espacio en la zona de la galería de prensa”.

El 7 de octubre, la NBC formuló a Arise TV “una última advertencia” por emitir un programa que contenía “observaciones incendiarias inopinadas [...] contra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y el señor presidente”.

El 1 de noviembre, la policía —en connivencia con el gobierno del estado de Imo— golpeó y vendó los ojos a Joe Ajaero, presidente del Congreso Sindical Nigeriano, durante una protesta en el municipio de Owerri por el impago de salarios y pensiones de los trabajadores.

Periodistas

Las autoridades seguían reprimiendo a periodistas y haciendo uso de sanciones penales por “difamación”.

En enero se presentaron cargos contra Agba Jalingo por presunta difamación de una familiar de Ben Ayade, exgobernador del estado de Cross River. El 7 de febrero, los periodistas de investigación Gidado Yushau y Alfred Olufemi fueron declarados culpables de conspiración y difamación por una información sobre consumo de drogas en el estado de Kwara.

El 18 de abril, un agente de policía agredió físicamente al fotoperiodista Benedict Uwalaka por cubrir informativamente una protesta de miembros del sindicato de aviación en el estado de Lagos.

El preso de conciencia Omoyele Sowore seguía haciendo frente a cargos falsos de traición en el Tribunal Superior Federal de Abuya por convocar protestas de #RevolutionNow en 2019.

Homicidios y ataques ilegítimos

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva, también para dispersar protestas y reuniones pacíficas.

El 5 de abril, Onyeka Ibe murió por disparos de un agente de policía tras negarse a pagar un soborno de 100 nairas (0,13 dólares) en el estado de Delta.

El 29 de junio, 3 jóvenes murieron por disparos de soldados cuando protestaban por la extorsión y el desempleo en la comunidad de Afokpella, zona de gobierno local de Etsako, estado de Edo.

Un memorándum gubernamental filtrado de fecha de 19 de julio indicaba que el gobierno del estado de Lagos tenía en su poder los cuerpos de 103 personas fallecidas durante las protestas de #EndSARS en octubre de 2020 y había aprobado su entierro colectivo y secreto.¹ El 10 de octubre, el gobierno del estado de Lagos anunció la suspensión del entierro.

El 6 de septiembre, agentes de policía armados dispararon gas lacrimógeno y usaron fuerza excesiva contra estudiantes de la Universidad de Lagos que protestaban por el aumento de las tasas de matrícula, de 19.000 nairas (24,76 dólares estadounidenses) a 190.000 nairas (247,65 dólares). Olorunfemi Adeyeye y otros 6 estudiantes fueron detenidos, golpeados y amenazados de muerte por la policía.

El 9 de octubre, el Tribunal Superior del estado de Lagos declaró al agente de policía Drambi Vandi culpable del asesinato de Omobolanle Raheem, a la que había disparado el 25 de diciembre de 2022 en la carretera de Lekki a Epe, tras intentar detener su automóvil. Fue condenado a muerte por ahorcamiento.

Tortura y otros malos tratos

El 30 de julio, Faiz Abdullah murió bajo custodia policial en Kaduna, en el estado homónimo, tras ser torturado durante su interrogatorio. Abdullahi Tukur Abba, estudiante de 17 años, murió en un hospital a raíz de la tortura que sufrió durante los interrogatorios a los que fue sometido tras ser detenido por la policía el 5 de agosto en Yola, estado de Adamawa.

Derechos económicos, sociales y culturales

El 29 de mayo, el presidente Bola Tinubu anunció la supresión de las subvenciones a los combustibles, lo que dio lugar a un notable aumento de los precios de los alimentos y del costo de la vida.

El 2 de agosto, el Congreso Sindical de Nigeria fue a la huelga, entre otras cosas, por las bajas remuneraciones y el impago de salarios durante ocho meses al profesorado universitario. El 1 de octubre, el presidente Tinubu anunció un aumento temporal del salario mínimo mensual de 25.000 nairas (31 dólares estadounidenses).

Desalojos forzosos

Las autoridades seguían efectuando desalojos de viviendas por la fuerza —sin aviso ni indemnización adecuados, y sin hacer planes de reasentamiento alternativo— y dejaron sin hogar a cientos de personas. El 21 y el 22 de mayo, agentes de seguridad y la Autoridad de Planificación y Desarrollo Urbanos del estado de Kaduna demolieron edificios que pertenecían a simpatizantes del Movimiento Islámico de Nigeria. El 27 de julio, más de 12.000 personas se quedaron sin hogar y más de 250 casas fueron demolidas en comunidades de Oworonshoki, estado de Lagos.

Derecho a un medioambiente saludable

Las autoridades no adoptaron medidas adecuadas para mitigar los efectos de las intensas lluvias e inundaciones, agravados por el cambio climático.² En junio, 4 personas murieron y 166 casas quedaron anegadas por las inundaciones en Abuya, y 8 personas murieron al inundar las crecidas la comunidad de Agege, en el estado de Lagos.

En agosto, las inundaciones destruyeron más de 700 casas y granjas en la comunidad de Cheledi, estado de Bauchi, y 5 comunidades tuvieron que desplazarse al quedar anegadas por las inundaciones sus casas y tierras de labranza en el estado de Níger. También en agosto, unas explotaciones agrarias de Ogbaru, en el estado de Anambra, se vieron afectadas por graves inundaciones que causaron la muerte de más de 25.000 aves en una granja avícola.

En el delta del Níger continuaban la contaminación relacionada con el petróleo y los daños ambientales.³ La limpieza realizada por Shell seguía siendo inadecuada.⁴ Shell no había explicado cómo tenía previsto abordar la contaminación de las comunidades nigerianas vinculadas a sus operaciones.⁵

Violaciones del derecho internacional humanitario

Abusos cometidos por grupos armados

Continuaron los abusos contra los derechos humanos cometidos por Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental en el nordeste del país, por atacantes conocidos localmente como “bandidos” en el noroeste y el centro, y por “hombres armados desconocidos” en el sudeste. El 23 de enero, unos hombres armados decapitaron a Christopher Ohizu, administrador del gobierno local en el estado de Imo. El 5 y el 6 de abril, unos hombres armados mataron al menos a 46 personas en la localidad de Umogidi, estado de Benue.

El 22 de agosto, combatientes de Boko Haram secuestraron a más de 40 mujeres y niñas en la zona de gobierno local de Mafa, estado de Borno. El 19 de septiembre, hombres armados atacaron y mataron a unos 8 agentes de seguridad entre los que había militares, agentes de policía y miembros del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria en la zona de gobierno local de Ehime Mbano, estado de Imo.

El 24 de diciembre de 2023, unos hombres armados lanzaron ataques mortales contra 20 comunidades del área de gobierno local de Bokkos y de partes de la de Barkin Ladi, en el estado de Plateau; murieron más de 194 personas y decenas más resultaron heridas y se vieron obligadas a desplazarse.

Ataques contra instituciones educativas

El Estado de Nigeria no protegía las instituciones educativas de ataques y secuestros.⁶ En enero, unos hombres armados secuestraron a 6 niños y niñas de entre 4 y 6 años en la Escuela de Enseñanza Primaria LGEA en Alwaza, estado de Nasarawa. En marzo, unos ganaderos atacaron la Escuela Comunitaria de Secundaria en Alaropo Nla, estado de Oyo, y causaron lesiones a miembros del alumnado y el cuerpo docente. El 22 de septiembre, unos hombres armados secuestraron a 30 alumnas en sus residencias en la Universidad Federal de Gusau, estado de Zamfara. El 4 de octubre, unos hombres armados atacaron la Universidad Federal Dutsin-Ma en el estado de Katsina y secuestraron a 5 alumnas.

El 9 de octubre, unos hombres armados secuestraron a 4 alumnas —Rahila Hanya, Josephine Gershon, Rosemary Samuel y Goodness Samuel— en la Universidad del Estado de Nasarawa en la comunidad de Angwan Ka’are, estado de Nasarawa.

Homicidios y ataques ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad y de defensa cometieron violaciones de derechos humanos durante sus operaciones contra grupos armados.

El 24 de enero, un ataque aéreo mediante un dron presuntamente de la fuerza aérea nigeriana mató a decenas de civiles en la zona de gobierno local de Rukubi, estado de Nasarawa. El 25 de enero, al menos 21 civiles murieron en un ataque aéreo de la fuerza aérea nigeriana en el estado de Níger. En septiembre, las fuerzas de seguridad atacaron la comunidad de Umualumaku en la zona de gobierno local de Ehime Mbano, estado de Imo, e incendiaron varias casas y vehículos en represalia por el homicidio de miembros del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria, la policía y las fuerzas armadas. El 3 de diciembre, unos ataques aéreos del ejército nigeriano mataron a más de 120 personas que asistían a una ceremonia religiosa en el pueblo de Tudun Biri, estado de Kaduna.

Desapariciones forzadas

Maduabuchi Obinwa, de 22 años, desapareció tras ser secuestrado el 24 de abril de 2022, cuando agentes de seguridad del Dirección General de Investigación Criminal del estado de Awkuzu asaltaron su casa en Ekwulobia, estado de Anambra. Obiora Agbasimalo, candidato a gobernador, fue secuestrado por hombres armados el 18 de septiembre de 2021 cuando realizaba una gira electoral en la ciudad de Azia, estado de Anambra. La pareja formada por Sunday y Calista Ifedi fue sacada de su domicilio en Enugu por agentes de seguridad el 23 de noviembre de 2021, por su presunta pertenencia al Pueblo Indígena de Biafra. Al terminar el año seguían sin conocerse la suerte y el paradero de todas estas personas.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Según la ministra de Asuntos de la Mujer, hasta octubre se habían denunciado 24.720 casos de violencia sexual y de género ocurridos durante el año, incluidas 975 muertes. El 15 de junio, una mujer embarazada de 8 meses fue violada por John Akpo en Irabi, estado de Benue. El 22 de junio, la policía detuvo a Chukwuemeka Orji por violar a un trabajadora doméstica de 13 años en Aba, estado de Abia.

El 14 de julio se encontró en Makurdi, estado de Benue, el cadáver mutilado de Dorcas Shangev, de 32 años. El 15 de julio, Chinyere Awuda, de 27 años, murió de una paliza y su cuerpo fue arrojado a la piscina de un hotel abandonado en Awka, estado de Anambra.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 27 de agosto, la policía detuvo a 69 hombres por organizar una boda gay en el estado de Delta. El 4 de septiembre, los hombres fueron acusados de cargos en virtud de la Ley de Prohibición del Matrimonio Homosexual en un Tribunal Superior del estado de Delta y quedaron recluidos en prisión. El 19 de septiembre se les concedió la libertad bajo fianza, sujeta a duras condiciones, y sus juicios penales continuaron. El 22 de octubre, 59 hombres y 17 mujeres fueron detenidos en el centro comercial Duwa Plaza, en Gombe, la capital del estado homónimo, por celebrar presuntamente una fiesta de cumpleaños gay y planear la celebración de una boda gay.

Derechos de las personas internamente desplazadas

Más de 2,4 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno en el nordeste del país. El gobierno del estado de Borno cerró 4 campos en julio y reasentó a 11.000 familias. La mayoría de las personas reasentadas carecían de alimentación adecuada y de acceso a servicios básicos. El 6 de octubre, la ministra de Asuntos Humanitarios y Alivio de la Pobreza, Betta Edu, entregó más de 40 unidades habitacionales a personas internamente desplazadas en el estado de Zamfara.