Malta

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

El Parlamento despenalizó el aborto en casos limitados en los que la vida de la persona embarazada corriera un peligro grave. Persistió la preocupación por la falta de asistencia a las personas refugiadas y migrantes en el mar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el sistema de detención relacionada con la migración obstaculizaba la protección de los derechos humanos. Las propuestas de reforma para reforzar la libertad de expresión fueron insuficientes. El proyecto de gasoducto TransGas iba en contra del objetivo de la Unión Europea de abstenerse de invertir en nuevos proyectos de combustibles fósiles.

Derechos sexuales y reproductivos

En junio, el Parlamento reformó el Código Penal para legalizar que el personal médico pudiera interrumpir el embarazo si la vida de la persona embarazada corría peligro inminente y antes de que el feto fuera “viable”. Se permitía al personal médico remitir los casos de personas embarazadas cuya salud corriera grave peligro a un comité médico facultado para autorizar el acceso al aborto. Los casos de riesgo grave para la salud que no ponían en peligro la vida quedaron excluidos de la reforma y el aborto continuó siendo ilegal en todas las demás circunstancias.¹

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Aproximadamente 380 personas desembarcaron en Malta tras ser rescatadas en el mar. Seguía suscitando preocupación el hecho de que las autoridades maltesas no prestaran auxilio a las personas que corrían peligro en el mar dentro de su zona de búsqueda y salvamento, o lo retrasaran. Esta inquietud se agudizó por la falta de transparencia relativa a las operaciones de rescate y la respuesta a las llamadas de socorro.

En mayo, el grupo armado Tareq Ben Zeyad, afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, interceptó y llevó de vuelta a Libia una embarcación que transportaba a unas 500 personas. Las Fuerzas Armadas de Malta negaron su implicación en ese traslado forzoso. Las ONG de rescate habían informado a Malta sobre la ubicación de la embarcación en la zona de búsqueda y salvamento maltesa. Las Fuerzas Armadas de Malta declararon que no habían hallado ninguna embarcación en la ubicación señalada y que no habían coordinado un rescate. Las agencias de la ONU en Libia informaron de que, 2 días después, había llegado a Bengasi una embarcación que transportaba a unas 500 personas.

En julio, en una vista ante el Tribunal Constitucional de una causa interpuesta por 32 solicitantes de asilo por la vulneración de sus derechos, el primer ministro alegó que la detención de esas personas en transbordadores había guardado relación con la pandemia de COVID-19. Entre finales de abril y principios de junio de 2020, Malta había recluido arbitrariamente y en condiciones precarias a más de 425 personas rescatadas en el mar en transbordadores situados fuera de sus aguas territoriales. La causa seguía abierta al terminar el año.

En octubre, en la causa A.D. v Malta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Malta el pago de una indemnización de 25.000 euros a un solicitante de asilo marfileño que cuando tenía 17 años había sido detenido arbitrariamente en condiciones inhumanas y degradantes y sin acceso a un recurso efectivo. En la sentencia, el tribunal señaló que el sistema de detención relacionada con la migración de Malta obstaculizaba la protección de los derechos humanos en esas áreas y solicitó que se adoptaran medidas a nivel nacional.

En noviembre, los 3 solicitantes de asilo conocidos como “los tres de El Hiblu”, que se habían opuesto a los intentos de devolverlos ilegalmente a Libia en 2019, cuando 2 de ellos todavía eran menores de edad, fueron inculpados por cargos que incluían actos de terrorismo. Los 3 podrían ser condenados a cadena perpetua.²

Derecho a verdad, justicia y reparación

El juicio del empresario acusado de haber encargado el asesinato en 2017 de Daphne Caruana Galizia todavía no había comenzado. En septiembre, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó preocupación por el retraso a la hora de garantizar que todos los responsables del homicidio comparecieran ante la justicia.

Libertad de expresión

En septiembre, la comisaria señaló que las propuestas legislativas para reforzar la libertad de expresión no eran suficientes y que no se había consultado sobre ellas a la sociedad civil ni a la comunidad mediática. Asimismo, seguía suscitando preocupación la falta de acceso a la información del personal de medios de comunicación.

En julio, un informe de la Comisión Europea también criticó la reforma de la Ley sobre la Libertad de Información y los obstáculos que afrontaban los medios de comunicación y la ciudadanía cuando solicitaban acceso a información en poder de las autoridades públicas.

Derecho a un medioambiente saludable

Malta era vulnerable a las consecuencias del calentamiento global en ámbitos como la producción agrícola, la salud y la disponibilidad de agua. El 92% de la energía del país provenía de combustibles fósiles, y un informe publicado en junio por la ONG Amigos de la Tierra afirmaba que el gasoducto Melita TransGas propuesto por el gobierno, que conectaría Malta e Italia, condenaría a Malta a seguir usando los combustibles fósiles en el futuro, lo que era contrario al objetivo de la Unión Europea de abstenerse de invertir en nuevos proyectos de combustibles fósiles. En 2021, Malta había negociado con la Comisión Europea el objetivo de reducir sus emisiones de carbono en un 19% para 2030 en comparación con los niveles de 2005, una reducción menor que la del 36% propuesta por la Comisión.