Indonesia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las prácticas autoritarias, especialmente las restricciones a la libertad de expresión y reunión, y el uso excesivo de la fuerza, aumentaron mientras el gobierno reprimía la disidencia y la policía arrestaba y detenía a manifestantes en todo el país. Los pueblos indígenas continuaron marginados y se enfrentaron a cargos y arrestos por oponerse a proyectos extractivos y de desarrollo en sus tierras ancestrales. El gobierno no proporcionó protección adecuada a las minorías religiosas sometidas a ataques. En los planes adoptados para los siguientes 10 años se mantenía la dependencia de los combustibles fósiles, con un escaso compromiso en favor de una transición hacia fuentes de energía renovables.

Información general

El primer año en el poder del presidente Prabowo Subianto se caracterizó por la represión de la disidencia y la ampliación del poder de las fuerzas armadas. Durante el año, la población expresó en protestas multitudinarias por todo el país su preocupación por las reducciones presupuestarias vinculadas a medidas de austeridad, por el aumento del coste de la vida y por la elevada remuneración que seguían percibiendo quienes elaboraban las leyes. En marzo, el gobierno aprobó una serie de modificaciones de la legislación militar que ampliaban el papel del ejército, al redefinir las responsabilidades de las fuerzas armadas para que incluyeran funciones económicas y sociales, incrementando así sus atribuciones sobre asuntos civiles.

Libertad de expresión y de reunión

En febrero, un grupo musical llamado Sukatani, de Purbalingga, en Java Central, retiró su tema Bayar bayar bayar (Pagar, pagar, pagar) de las plataformas de streaming. Tras retirar la canción, que satirizaba la corrupción policial, también se disculparon públicamente ante la policía nacional.¹ En una declaración oficial, el grupo reveló que desde julio de 2024 habían sufrido intimidaciones y presiones por parte de las autoridades, incluida la pérdida del puesto de docente de su vocalista en una escuela islámica de enseñanza primaria. Ante las críticas de la opinión pública, la División Profesional y de Seguridad de la Policía Nacional abrió una investigación sobre la actuación de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía Regional de Java Central, que no halló que se hubiera cometido ninguna vulneración del protocolo.

En vísperas del 17 de agosto, Día de la Independencia, muchas personas en Indonesia, inspirándose en el anime One Piece, enarbolaron la bandera pirata como símbolo de su oposición y su ira hacia el gobierno. Esto se hizo viral rápidamente en las redes sociales. En respuesta, las autoridades actuaron contra varias personas, efectuaron batidas en diversas ciudades para confiscar banderas en viviendas y automóviles y eliminaron los murales relacionados con ellas. Varios altos cargos, como el ministro de Coordinación de Asuntos Políticos y de Seguridad, condenaron el uso de las banderas y las consideraron una falta de respeto al Día de la Independencia y a la bandera nacional. El gobierno amenazó con emprender acciones legales contra quienes secundaran esta tendencia, lo cual incrementó la preocupación por la libertad de expresión.²

Uso ilícito de la fuerza

El 14 de abril, miembros de la República Federal de Papúa Occidental visitaron varias dependencias gubernamentales en la provincia de Papúa Occidental, donde entregaron dos cartas en las que ofrecían una solución para lograr la paz en Papúa Occidental. La entrega de las cartas fue grabada y emitida; en las imágenes se veían personas que gritaban “Papúa libre”. El 5 de mayo, la policía municipal de Sorong detuvo a cuatro personas relacionadas con el movimiento y las acusó de traición en aplicación del Código Penal. Posteriormente fueron trasladadas al Tribunal de Distrito de Makassar, al parecer por motivos de seguridad. En respuesta, el 27 de agosto estallaron protestas en Sorong y en Manokwari, capitales de Papúa Suroccidental y de Papúa Occidental, respectivamente. La policía, que empleó fuerza excesiva para sofocar las protestas utilizando munición real y gas lacrimógeno, efectuó 23 arrestos arbitrarios. Una persona resultó gravemente herida por el uso de gas lacrimógeno en Sorong y en Manokwari hubo una víctima mortal. Las personas arrestadas quedaron en libertad sin cargos en septiembre.³

La policía sometió a manifestantes, estudiantes y personas que trabajaban en medios de comunicación a detención arbitraria, intimidación y violencia en las manifestaciones generalizadas que se desarrollaron en todo el país. Entre mayo y julio, las fuerzas estatales emplearon fuerza excesiva y violencia física, efectuaron secuestros e infligieron malos tratos en las manifestaciones del Día del Trabajo en varias ciudades. El 1 de mayo, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a quienes se manifestaban de forma pacífica y agredió físicamente a otras personas, empujándolas, golpeándolas y propinándoles patadas. Se impidió los periodistas acceder al complejo del Parlamento en la capital, Yakarta; se les registró y se les obligó a borrar el material grabado. La policía arrestó arbitrariamente como mínimo a 24 personas en Yakarta, Bandung (capital de Java Occidental) y Semarang (capital de la provincia de Java Central), y las acusó posteriormente de “obstrucción de la labor policial”. Al finalizar el año, 14 de las 24 personas detenidas seguían en espera de juicio en Yakarta. Los tribunales de distrito de otras dos ciudades fallaron que las otras diez personas acusadas habían infringido el Código Penal.

El 30 de julio, al amanecer, cuatro enmascarados secuestraron a un voluntario paramédico en la ciudad de Depok, en Java Occidental. Tras cubrirle la cabeza y obligarlo a subir a un vehículo, estuvieron casi una hora torturándolo e interrogándolo sobre la protesta del Día Internacional del Trabajo. Le mostraron fotos de al menos 40 personas que presuntamente habían protestado y lo presionaron para que dijera qué redes había detrás de las acciones de protesta. Le confiscaron el documento de identidad y le produjeron quemaduras con un cigarrillo. Después, lo abandonaron en la calle, herido y traumatizado.⁴

Entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, miles de manifestantes salieron a la calle en al menos 15 provincias de toda Indonesia para criticar la elevada remuneración que percibían los miembros de la Cámara de Representantes y exigir una reforma. El 28 de agosto, se intensificó la ira de la población cuando un vehículo blindado de la brigada móvil de la policía nacional avanzó por una zona concurrida y mató a un repartidor que iba en moto. Durante las protestas, la policía empleó fuerza excesiva en reiteradas ocasiones. En este contexto de represión se hizo un uso desproporcionado de gas lacrimógeno, cañones de agua y otras formas de intimidación para dispersar las protestas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 4.000 personas y agredieron a más de 900, en algunos casos propinándoles golpes y, en otros, hiriéndolas con balas de goma, gas lacrimógeno y cañones de agua. Hubo al menos 10 muertos. Al acabar el año sólo se estaba investigando la muerte del repartidor.⁵

Derechos de los pueblos indígenas

En Papúa Meridional, el proyecto Merauke Food Estate afectó negativamente a más de 40.000 personas indígenas. El gobierno central lo había puesto en marcha en octubre de 2024 como proyecto estratégico nacional para incrementar la resiliencia alimentaria y se habían concedido permisos de uso de la tierra a empresas sin obtener previamente un consentimiento libre e informado. El proyecto constituía una amenaza para los medios de subsistencia de la población indígena y contribuía a la desnutrición de mujeres, niños y niñas. Las autoridades hostigaron e intimidaron a quienes se opusieron a él. El 17 de marzo, más de 250 personas indígenas y miembros de comunidades locales afectadas por el proyecto celebraron una reunión llamada “Consolidación de la solidaridad en Merauke”. En esta reunión se rechazó el proyecto por no haber habido una consulta significativa ni una evaluación adecuada del impacto ambiental, y se expresó preocupación por la destrucción de bosques consuetudinarios sagrados. El 6 de octubre, cuatro personas hicieron destrozos en la vivienda y el vehículo del activista indígena Vincen, cuya familia se negaba a vender sus tierras. No estaba claro si los autores tenían vínculos con alguna de las empresas implicadas en el proyecto. Al finalizar el año, la policía seguía investigando el incidente.

En Halmahera Oriental, una regencia de la provincia de Malucas Septentrionales, los pueblos indígenas del poblado de Maba Sangaji estaban expuestos a una degradación ambiental severa de sus tierras desde que en 2024 comenzaron las operaciones de extracción de níquel. La comunidad respondió con protestas contra las actividades mineras y exigió el cese inmediato de las operaciones.

En mayo, la policía acusó a 11 indígenas de Maba Sangaji de impedir las actividades extractivas. La represión comenzó el 18 de mayo, después de que 27 residentes celebraran un ritual tradicional en señal de protesta. La policía los acusó de “actos de violencia” y de portar armas blancas, y detuvo a todo el grupo. Durante el interrogatorio se les negó el acceso a asistencia letrada, una persona fue golpeada y otras dos fueron obligadas a firmar unos documentos sin la debida explicación. También se les obligó a someterse a pruebas de orina no contempladas en los procedimientos policiales. Al día siguiente, 16 residentes quedaron en libertad, mientras que 11 permanecieron detenidos hasta octubre, cuando fueron condenados a penas de cárcel de cinco meses y ocho días por el Tribunal de Distrito de Soasio.⁶ A finalizar el año, todas las personas detenidas habían sido liberadas.

Libertad de religión o de creencias

En junio, los miembros de la Congregación Ahmadí Indonesia, una comunidad minoritaria islámica, sufrieron discriminación e intimidación en la ciudad de Banjar (provincia de Java Occidental) y en Manado, capital de la provincia de Sulawesi Septentrional. El 5 de junio, autoridades municipales de Banjar visitaron un lugar de culto de la congregación y advirtieron a sus miembros que no llevaran a cabo actividades religiosas, tras lo cual dijeron que regresarían para “erradicar” las actividades del grupo en la zona. En Manado, el 2 de junio, el Instituto Islámico Estatal canceló el debate programado de un libro sobre la comunidad ahmadí. El Consejo de Ulemas de Indonesia de la ciudad de Manado y la provincia de Sulawesi Septentrional había enviado una carta al presidente del Instituto Islámico Estatal de Manado diciendo que la actividad no debía realizarse. En la carta se aludía a un Decreto Ministerial Conjunto y una fetua del Consejo de Ulemas donde se declaraba herejes a los ahmadíes.⁷

Las autoridades no protegieron adecuadamente a los grupos religiosos frente a la violencia y el hostigamiento. El 27 de junio, habitantes de la población de Tangkil, regencia de Sukabumi (Java Occidental), atacaron un encuentro juvenil cristiano después de que circulara un vídeo que denunciaba la celebración de actividades de culto protestante en una residencia privada. Antes de que pudiera emitirse una nota oficial sobre la falta de permiso para realizar actividades religiosas, los habitantes de la localidad irrumpieron en la propiedad, causando destrozos y rompiendo ventanas y muebles, y retiraron una cruz cristiana. Las personas que participaban en el encuentro, entre las que había niños, niñas y adolescentes, fueron intimidadas y expulsadas. Las autoridades locales justificaron después el comportamiento de los habitantes aludiendo a la falta de “permiso para realizar actividades de culto”. La policía detuvo a siete hombres por actos de vandalismo, pero el Ministerio de Derechos Humanos solicitó inicialmente su puesta en libertad, petición que retiró después.⁸

El 27 de julio, un grupo de hombres interrumpieron violentamente las actividades de culto y enseñanza religiosa de un centro perteneciente a la congregación Anugerah Padang de la Iglesia Congregacional Cristiana de Indonesia en el distrito de Koto Tangah de la ciudad de Padang, y causaron daños en el edificio y en sus instalaciones. Según informaron los medios de comunicación, dos niñas de 8 y 11 años resultaron heridas por los golpes y los objetos arrojados. Además de las ventanas rotas, el ataque causó daños en el mobiliario y los equipos electrónicos, y provocó un corte de electricidad en el centro de oración. La policía detuvo a nueve hombres y los acusó de vandalismo y daños a la propiedad en aplicación de los artículos 170 y 406 del Código Penal.⁹

Derecho a un medioambiente saludable

En mayo, el Ministerio de Energía y Minas presentó un plan de 10 años para la creación y el desarrollo de la red eléctrica que mantenía la dependencia de los combustibles fósiles y reducía el compromiso en favor de una transición hacia energías renovables. El plan preveía incrementar en 16,6 GW la contribución de los combustibles fósiles a la generación de electricidad procedente de las centrales eléctricas de carbón y de gas.

Además, eliminaba el plan de cierre de centrales eléctricas de carbón, que originalmente debía haberse ejecutado entre 2021 y 2030. Esto suponía la ausencia de planes de eliminación gradual durante el periodo 2026-2034. El nuevo plan para la creación de una red eléctrica reducía la proporción de fuentes de energías renovables de 20,9 a 17 GW, un 22,7% por debajo del compromiso que adquirió Indonesia en 2023 en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa, de carácter multilateral.