India

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Se instrumentalizaron los organismos nacionales de asuntos económicos e investigación para atacar a la sociedad civil, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas, periodistas y voces críticas, con lo que se redujo aún más el espacio cívico. Cargos públicos, dirigentes de la política y simpatizantes del Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) —partido del gobierno federal— hicieron impunemente apología del odio y de la violencia contra minorías religiosas, sobre todo la musulmana, con lo que se incrementaron los delitos de odio. Tras episodios de violencia entre comunidades étnicas eran habituales las demoliciones punitivas de edificaciones mayoritariamente musulmanas —incluidas viviendas, empresas y lugares de culto—, que provocaban desalojos forzosos masivos y quedaban impunes. India siguió imponiendo restricciones arbitrarias y generales a Internet, incluido su cierre. El gobierno restringió sin el debido proceso el acceso a las cuentas de Twitter (ahora X) de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. La población dalit, adivasi y perteneciente a otros grupos marginados siguió sufriendo actos de violencia y una arraigada discriminación, con ataques específicos contra mujeres y niñas relacionados con su derecho a la autonomía corporal. Pese a estar prohibido formalmente emplear a personas para la recogida manual de excrementos, más de 300 personas habían muerto limpiando alcantarillas y fosas sépticas desde 2018.

Información general

En septiembre, la capital india, Nueva Delhi, acogió la 18 cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20. En marzo, India aceptó 221 de las 339 recomendaciones que se le formularon en el contexto del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas las de eliminar la discriminación por motivos de casta, garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger los derechos de las minorías religiosas. Asimismo, el país tomó nota de las recomendaciones de revocar, reformar o armonizar con las normas internacionales de derechos humanos la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales y las leyes sobre sedición y difamación criminal. En noviembre, India se sometió también a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas sobre legislación y normativa de lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera, cuyas recomendaciones había aprovechado el gobierno para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y voces críticas con el gobierno. El 17 de octubre, el Tribunal Supremo rechazó legalizar el matrimonio homosexual, argumentando que era el Parlamento quien debía aprobar la legislación necesaria a tal efecto.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El 21 de diciembre, el Parlamento indio aprobó el proyecto de Código de Protección de la Ciudadanía (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), que buscaba reintroducir la legislación sobre sedición —utilizada arbitrariamente en el pasado para reprimir las críticas contra el gobierno— e incrementaba las posibles penas por sedición de siete años a cadena perpetua. El Tribunal Supremo había suspendido provisionalmente la legislación sobre sedición en 2022.

El 6 de abril, el gobierno publicó las draconianas Normas sobre Tecnologías de la Información (Directrices para Intermediarios y Código Ético de los Medios de Comunicación Digitales) de 2023, con las que ampliaba su control sobre el contenido de Internet. Las Normas autorizaban a una “unidad de comprobación de datos del gobierno central” a identificar contenido en línea “erróneo, falso o engañoso” relativo a “cualquier asunto del gobierno central” y a exigir su eliminación a las empresas intermediarias de Internet, tales como las redes sociales o los proveedores de servicios online, que, de no hacerlo, podían incurrir en responsabilidad civil por cualquier información de terceros publicada en sus plataformas.

El 18 de marzo, las autoridades impusieron un apagón digital general en el estado de Punyab que dejó a 27 millones de personas sin acceso a Internet durante al menos 5 días. A partir del 3 de mayo, en el estado de Manipur hubo largos apagones digitales, y las autoridades sólo permitieron el acceso intermitente a Internet durante breves espacios de tiempo. Según la organización de derechos digitales Access Now, India había impuesto 84 cierres de Internet en 2022, alzándose por quinto año consecutivo con el récord del mundo de apagones digitales.

En abril, el humorista Yash Rathi y los raperos Raj Mungase y Umesh Khade fueron investigados por la policía de los estados de Uttarakhand y Maharashtra, respectivamente, por presuntos actos de difamación y promoción de la hostilidad entre grupos diferentes. Los acusaban, entre otras cosas, de presuntos comentarios ofensivos contra el dios Rama en un espectáculo cómico y de cantar canciones en las que se resaltaban la pobreza y la corrupción reinantes en India.

El 31 de octubre, figuras de la oposición y periodistas recibieron notificaciones en las que se les informaba de que figuraban en la lista internacional de amenazas de Apple y de que sus iPhones podían haber sido objetivo de “atacantes financiados por Estados”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades instrumentalizaron las agencias centrales de asuntos económicos e investigación para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores y defensoras de los derechos humanos utilizando la legislación fiscal, sobre blanqueo de capitales, antiterrorista y sobre contribuciones extranjeras. El 14 de febrero, las autoridades fiscales llevaron a cabo registros coordinados —que se presentaron como “estudios”— en las oficinas de la organización de medios de comunicación BBC en Delhi y Bombay, semanas después de que ésta hubiera emitido un documental crítico con el primer ministro, Narendra Modi. El Ministerio del Interior revocó en febrero la licencia concedida al Centro de Investigación de Políticas en virtud de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras, y en junio suspendió durante seis meses la del Centro de Estudios de Equidad —organización sin ánimo de lucro dirigida por el renombrado activista de derechos humanos Harsh Mander—, con lo que impidió a ambas organizaciones y a sus activistas acceder a fondos esenciales. El 20 de marzo, el Ministerio del Interior recomendó a la Oficina Central de Investigaciones abrir una investigación sobre Aman Biradari, organización también dirigida por Harsh Mander. En julio y septiembre, las autoridades fiscales retiraron la exención de impuestos al Centro de Investigación de Políticas, a Oxfam India y a CARE India.

Periodistas

Se impusieron restricciones en los espacios digitales a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas. El 20 de marzo, las autoridades bloquearon las cuentas de Twitter (ahora X) de prominentes periodistas y dirigentes de la política residentes en el estado de Punyab y de miembros de la diáspora punyabí en el marco de una operación para localizar a Amritpal Singh, líder de la organización Waris Punjab De. En junio, líderes políticos y simpatizantes del Partido del Pueblo Indio atacaron en Internet a la periodista del Wall Street Journal Sabrina Siddiqui por haber preguntado al primer ministro Narendra Modi durante su visita a Estados Unidos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos de las minorías religiosas en India. La periodista fue blanco de troles en Internet por su ascendencia musulmana y paquistaní.

El 3 de octubre, en aplicación de la principal ley antiterrorista india, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, la Unidad Especial de la Policía de Delhi registró las viviendas de al menos 46 periodistas vinculados a la organización mediática NewsClick por presunta recaudación de fondos para actos terroristas, fomento de la hostilidad entre grupos diferentes y conspiración criminal en aplicación del Código Penal indio, entre otras acusaciones.

Detención y reclusión arbitrarias

Continuó la detención sin juicio de ocho activistas de derechos humanos en Maharashtra en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales. Se trataba de la profesora universitaria Shoma Sen y el profesor universitario Hany Babu; el poeta Sudhir Dhawale; el abogado Surendra Gadling; el activista de los derechos civiles Rona Wilson; y tres integrantes del grupo cultural Kabir Kala Manch: Ramesh Gaichor, Jyoti Jagtap y Sagar Gorkhe. Habían sido detenidos entre 2018 y 2020 por la Agencia Nacional de Investigación —principal organismo indio de lucha contra el terrorismo— por su presunta participación en los actos de violencia que habían tenido lugar en las celebraciones de Bhima Koregaon, cerca de la ciudad de Pune, en 2018.

Al menos 7 personas musulmanas —estudiantes, concejales y activistas de derechos humanos— continuaban detenidas sin juicio desde 2020 en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales por su presunta implicación en la organización de los actos de violencia religiosa que se habían producido en Delhi en febrero de 2020 y se habían saldado con al menos 53 víctimas mortales, la mayoría de ellas musulmanas.

El profesor universitario y activista de derechos humanos GN Saibaba continuaba en prisión desde 2017, pese al deterioro de su salud.

El 28 de mayo, la policía de Delhi detuvo a varias practicantes de lucha libre y a sus simpatizantes por organizar una marcha hasta el nuevo edificio del Parlamento para pedir la detención del presidente de la Federación de Lucha de India, acusado de acosar sexualmente a las luchadoras.

El 3 de octubre, en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, la Unidad Especial de la Policía de Delhi detuvo a Prabir Purkayastha, fundador de NewsClick, y a su jefe de recursos humanos, Amit Chakraborty, por presunta recaudación de fondos para actos terroristas. Ambos continuaban recluidos.

Libertad de religión o de creencias

Seguía proliferando la apología del odio contra la población musulmana. Según Hindutva Watch, organización de investigación con sede en Estados Unidos, durante el primer semestre de 2023 se registraron 255 incidentes de apología del odio contra la población musulmana. En un caso emblemático ocurrido el 22 de septiembre, un parlamentario hindú dirigió insultos degradantes basados en su identidad religiosa a un parlamentario musulmán. Posteriormente, se disculpó y fue amonestado.

Mujeres y niñas

Los atentados contra el derecho a la libertad de religión afectaron en especial a mujeres y niñas musulmanas y aumentaron su marginación.

El nuevo gobierno del estado de Karnataka tomó una medida positiva el 15 de junio al anunciar su decisión de revocar la draconiana y discriminatoria Ordenanza de Protección del Derecho a la Libertad de Religión de Karnataka de 2022, popularmente conocida como “ley anticonversión”, que imponía restricciones indebidas a las conversiones, incluidas las efectuadas con fines matrimoniales. Sin embargo, continuó vigente la prohibición de llevar hiyab en las escuelas y universidades del estado, lo que obstaculizaba la participación real de las mujeres y las niñas en la sociedad india y afectaba a su acceso a la educación.

El 23 de enero, el gobierno del estado de Assam anunció enérgicas medidas contra quienes hubieran “participado en matrimonios precoces” durante los 7 años anteriores, lo que supuso la detención de más de 3.000 personas, en su mayoría musulmanas. Al menos 4 mujeres se suicidaron bajo la presión cada vez mayor de esas medidas. Además, las mujeres de comunidades desfavorecidas social y económicamente se mantuvieron alejadas de los centros de salud pública por temor a que se detuviera a sus familiares, con el consiguiente aumento del riesgo para su salud.

Homicidios y ataques ilegítimos

Continuó la violencia étnica en el estado de Manipur, sin que ni las autoridades del estado ni las del país protegieran a las minorías étnicas frente a la violencia y el desplazamiento. La comunidad kuki, de carácter tribal y predominantemente cristiana, fue la más afectada por la violencia ejercida por la comunidad mayoritaria meitei, a consecuencia de la cual perdieron la vida más de 200 personas, de las que aproximadamente dos tercios eran kukis. Más de 50.000 personas sufrieron desplazamiento.

El 31 de julio, un agente hindú de la Guardia de Protección Ferroviaria mató a tiros a 4 personas que viajaban a Bombay, 3 de ellas musulmanas.

En agosto estalló la violencia entre comunidades en la ciudad de Nuh (estado de Haryana) cuando una procesión organizada por los grupos nacionalistas hindúes Bajrang Dal y Vishwa Hindu Parishad pasó por zonas de mayoría musulmana. Los incidentes se saldaron con 7 víctimas mortales y al menos 200 personas heridas.

Continuaron los linchamientos con impunidad. Según informaron los medios de comunicación, entre enero y diciembre al menos 32 hombres y una mujer musulmanes murieron a manos de grupos parapoliciales y de radicales hindúes en los estados de Assam, Bengala Occidental, Bihar, Delhi, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh y Maharashtra.

Derechos económicos, sociales y culturales

Desalojos forzosos

Antes de la 18 cumbre del G20, diversas autoridades demolieron asentamientos informales en distintas zonas de Delhi, a fin —en teoría— de “embellecer” la ciudad, detener la invasión de terrenos y conservar el medioambiente. Según los medios de comunicación, entre febrero y abril al menos 1.425 edificaciones fueron demolidas en los barrios de Mehrauli, Tughlaqabad y Moolchand Basti, así como en la zona urbana construida en las llanuras aluviales del río Yamuna, lo que supuso el desalojo forzoso de más de 260.800 personas.

En agosto, las autoridades ferroviarias demolieron al menos 90 viviendas en Nai Basti, barrio de mayoría musulmana de la ciudad de Mathura (estado de Uttar Pradesh), alegando que los edificios habían invadido terrenos públicos. Al haber sido destruidos sin notificación previa razonable y sin facilitar ningún lugar alternativo para el reasentamiento de sus ocupantes, la operación constituyó un desalojo forzoso.

Tras la violencia entre comunidades de Nuh, las autoridades del estado de Haryana demolieron al menos 300 edificaciones, la mayoría de ellas pertenecientes a personas musulmanas. El Tribunal Superior de Punyab y Haryana ordenó detener las demoliciones y expresó su preocupación ante la ausencia del debido proceso judicial y por la “limpieza étnica” que estaba llevando a cabo el gobierno del estado.

Discriminación

Delitos de odio basados en la casta

Se cometían impunemente delitos de odio, algunos de ellos violentos, contra personas pertenecientes a las castas y tribus reconocidas. Los datos más recientes de la Oficina Nacional de Antecedentes Penales hablaban de más de 50.000 presuntos delitos contra miembros de las castas reconocidas y más de 8.000 contra adivasis, denominación que designaba a los pueblos indígenas indios. Aunque las castas y tribus reconocidas representaban el 24% de la población total, sus miembros constituían un 32% de la población penitenciaria en 2021.

A pesar de estar formalmente prohibido emplear a personas en la recogida manual de excrementos, entre 2018 y 2023 habían muerto 339 personas mientras limpiaban alcantarillas y fosas sépticas, y hasta junio se habían registrado oficialmente 9 de esas muertes. Esto se debía, sobre todo, a la falta de aplicación de la Ley de Prohibición del Empleo de Personas como Vaciadores de Letrinas y Construcción de Letrinas Secas de 1993, que prohibía que se obligara a nadie a recoger excrementos a mano.

Derechos de los pueblos indígenas

Violencia sexual y de género

A lo largo del año, los medios de comunicación informaron sobre mujeres adivasis que habían sido sometidas a violencia sexual por miembros de castas superiores, a menudo con total impunidad. En mayo, en el estado de Manipur, una multitud de hombres pertenecientes a la comunidad dominante meitei desnudaron y pasearon a dos mujeres indígenas kukis, tras lo cual una de ellas fue violada. Dos meses más tarde se presentó un parte inicial de denuncia ante la policía, tras haber aparecido en las redes sociales un vídeo de los hechos que provocó la indignación pública.

En septiembre, 2 sastres contratados por una escuela del estado de Uttarakhand, a la que asistían más de 250 estudiantes adivasis, agredieron sexualmente a más de un centenar de niñas adivasis. Al terminar el año aún no se había efectuado ninguna detención.

Derechos sobre la tierra

En contravención de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 1996, el 4 de agosto el Parlamento aprobó la Ley de Reforma de la Ley de Conservación Forestal, por la que los bosques privados y los terrenos considerados forestales que tradicionalmente habían pertenecido a comunidades indígenas quedaban fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Conservación Forestal de 1980. Esta reforma eximía a las empresas privadas de solicitar la aprobación previa del gobierno para deforestar los terrenos y establecer en ellos industrias.

Jammu y Cachemira

En un avance positivo, el 18 de noviembre el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira y Ladakh concedió la libertad bajo fianza al periodista Fahad Shah, recluido desde febrero de 2022 en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales en represalia por su legítima labor profesional. El 9 de noviembre y el 11 de diciembre, respectivamente, el tribunal anuló también las órdenes de detención del periodista Sajad Gul y del defensor de derechos humanos Asif Sultan, dictadas en aplicación de la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira, que permitía a las autoridades someter a una persona a detención administrativa sin cargos ni juicio. Llevaban recluidos desde enero de 2022 y agosto de 2018 respectivamente. Sin embargo, el defensor de derechos humanos Khurram Parvez continuaba recluido desde 2021, en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales.

El 19 de agosto, las autoridades indias bloquearon el acceso a The Kashmir Walla, sitio web de noticias gestionado por Fahad Shah, y a las cuentas asociadas a este medio en las redes sociales Facebook y X (antes Twitter).

El 4 y el 5 de febrero, las corporaciones municipales de distrito y las autoridades fiscales del territorio de Jammu y Cachemira demolieron viviendas y edificaciones de residentes en al menos 4 distritos (Srinagar, Budgam, Anantnag y Baramulla).

El 11 de diciembre, el Tribunal Supremo de India confirmó que la derogación por el gobierno del artículo 370 de la Constitución india, que había tenido lugar el 5 de agosto de 2019, era constitucional. El artículo otorgaba amplias facultades al territorio de Jammu y Cachemira en relación con numerosos asuntos, salvo las relaciones exteriores, la defensa y la comunicación. Asimismo, el Tribunal recomendó la creación de una comisión independiente de la verdad y la reconciliación para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en la región por agentes estatales y no estatales, y ordenó al gobierno indio celebrar elecciones a la asamblea legislativa de ese territorio antes de septiembre de 2024.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno carecía de políticas adecuadas de preparación ante situaciones de catástrofe y no respondió eficazmente a las inundaciones ni a la contaminación atmosférica, agravadas por el cambio climático. La región del Himalaya siguió siendo vulnerable a grandes inundaciones, que en agosto acabaron con la vida de al menos 72 personas.

Las autoridades no facilitaron ayuda adecuada a las comunidades marginadas afectadas por olas de calor, que provocaron al menos 96 víctimas mortales en los estados de Uttar Pradesh y Bihar.

En noviembre, el índice de calidad del aire de Delhi llegó a 500, multiplicando por 100 el límite considerado saludable por la OMS.