Haití

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

La violencia limitaba el acceso de las personas a alimentos, salud y educación. Las autoridades eran incapaces de garantizar la seguridad de la población, y la impunidad era generalizada. La seguridad suscitaba preocupación y debate en la comunidad internacional. Los niños y las niñas eran víctimas de diversas violaciones de derechos humanos como violencia sexual y violación. La capacidad de las autoridades para prestar servicios de bienestar infantil y reintegración social de los niños y las niñas siguió gravemente debilitada.

Información general

Haití siguió sufriendo aumento de la violencia, inestabilidad política y múltiples crisis, especialmente en materia de derechos humanos.

Laurent Saint-Cyr asumió en agosto la presidencia del Consejo Presidencial de Transición, convirtiéndose en el cuarto titular en 15 meses de este órgano colegiado, responsable de ejercer el gobierno y organizar las elecciones.

Cientos de miles de personas haitianas abandonaron el país en busca de seguridad y, en general, recibieron un trato racista por parte de diferentes países que les negaron la protección que debían garantizarles en virtud del derecho internacional.

Derechos económicos, sociales y culturales

La violencia obstaculizó el ejercicio y la garantía del derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la atención médica, al agua potable, a la vivienda y a la educación.

En abril, activistas y organizaciones instaron a Francia a que abordara su pasado colonial en el bicentenario de la “deuda de la independencia”.¹

La suspensión repentina —a principios de año— de la ayuda de Estados Unidos, el mayor donante individual del país, obligó al cierre de muchos servicios médicos esenciales, incluida la atención prestada a las víctimas de violencia sexual.²

En septiembre, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU expresó su preocupación por la alarmante crisis humanitaria, la necesidad urgente de protección ante un brote de cólera que se había declarado y el aumento de las tasas de desnutrición. La mitad de la población haitiana sufría inseguridad alimentaria y la cifra de desplazamientos forzados no tenía precedente.

En diciembre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de que casi 1,4 millones de personas —entre ellas más de 741.000 niños y niñas— se habían visto obligadas a desplazarse internamente, muchas de ellas en dos o tres ocasiones.

Según datos de la ONU, el plan de respuesta humanitaria para Haití recibió en 2025 sólo el 24,2% de la financiación necesaria, un porcentaje muy por debajo del de otros planes de respuesta a nivel mundial.

Homicidios ilícitos

Las bandas ampliaron su influencia y los grupos de autodefensa asumieron funciones de vigilancia. La Oficina Integrada de la ONU en Haití informó que, hasta noviembre, se habían registrado más de 8.100 asesinatos en todo el país.

En septiembre tuvo lugar una masacre en la comunidad de Labodri —40 km al norte de Puerto Príncipe— que puso de relieve la ineficacia de las autoridades a la hora de proteger a la población.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El sistema judicial presentaba problemas serios de funcionamiento y la impunidad imperaba en los casos de abusos y violaciones de los derechos humanos. Muchas víctimas no denunciaban los delitos por miedo a represalias o porque no había policía en las zonas controladas por las bandas, donde éstas actuaban como autoridades de facto.

En febrero, el secretario general de la ONU presentó una propuesta que incluía reforzar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés) —cuyo despliegue presentaba graves deficiencias de capacidad humana y recursos económicos— y en la que la propia organización asumía más responsabilidad en materia de logística y financiación. En agosto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también presentó una hoja de ruta que proponía un mecanismo de coordinación que bajo su dirección coordinara las iniciativas impulsadas por la ONU, el sector de la ayuda humanitaria, los países donantes y otros actores relevantes para llevar la paz y la seguridad a Haití.

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para la transformación de la MSS en la Fuerza de Represión de las Bandas. La disposición, que integraba planteamientos de la ONU y la OEA, suscitó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos haitianas e internacionales por la falta de claridad sobre las operaciones que se llevarían a cabo, la viabilidad financiera y el cumplimiento de salvaguardias en materia de derechos humanos.

Derechos de la infancia

Los niños y las niñas fueron víctimas de diversos abusos contra los derechos humanos, entre ellos reclutamiento por parte de bandas armadas, violación y otras formas de violencia sexual, secuestros, asesinatos y lesiones. La población infantil con discapacidad sufrió de manera desproporcionada sus consecuencias.

Se observaron deficiencias graves en el sistema de justicia juvenil, así como condiciones de hacinamiento en instalaciones como el Centro de Reeducación de Menores en Conflicto con la Ley, que albergaba también a personas adultas.

La capacidad del Estado para prestar servicios de salud, apoyar la reintegración de los niños y niñas reclutados por las bandas y proporcionar protección y justicia adecuadas seguía siendo extremadamente débil, lo que los exponía a abusos continuados contra sus derechos humanos.