Colombia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil seguía viéndose afectada por el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos, incluido el desplazamiento forzado de una gran cantidad de personas. El gobierno no implementó una reforma policial integral, pero planteó cambios normativos sobre el uso de la fuerza durante las protestas. El conflicto armado continuaba afectando de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. El feminicidio y la violencia contra las personas LGBTI seguían suscitando gran preocupación. La Corte Constitucional confirmó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de embarazo, pero continuaba habiendo barreras de acceso. Persistían las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, y el gobierno anunció medidas de protección. Se produjeron avances en las investigaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La población venezolana seguía encontrando barreras al tratar de acceder a protección internacional u otros mecanismos de regularización.

Información general

Durante 2023, el primer año de la presidencia de Gustavo Petro, los grupos armados se fortalecieron y los conflictos entre ellos aumentaron, al tiempo que los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos armados disminuyeron, según la Fundación Ideas para la Paz.

Las conversaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional avanzaron, y en agosto se declaró un cese al fuego de seis meses. En mayo se suspendió parcialmente un cese al fuego entre el gobierno y el grupo armado Estado Mayor Central después de que éste asesinara a cuatro adolescentes indígenas. En septiembre se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central y se declaró un cese al fuego de tres meses. El gobierno intentó iniciar negociaciones con otros seis grupos armados, entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y varios grupos armados urbanos de las ciudades de Medellín, Quibdó y Buenaventura.

Durante las elecciones locales celebradas en octubre hubo informes de violencia en varias regiones del país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Colombia era responsable de la eliminación del partido político Unión Patriótica y de violaciones de derechos humanos cometidas contra más de 6.000 miembros y militantes del partido, y sus familias, durante más de 20 años.

El gobierno presentó proyectos de ley con propuestas de reformas sociales en materia de salud, empleo, pensiones y educación, pero al concluir el año no se había aprobado ninguna de ellas.

Según el Banco Mundial, Colombia era uno de los países de América del Sur con mayor recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, y aproximadamente el 84% de su población estaba expuesta a múltiples peligros climáticos.

El gobierno inició un proceso de consulta e implementación del plan de transición energética gradual, cuyos objetivos eran aumentar la inversión en la descarbonización, la sustitución gradual del uso de combustibles fósiles y la flexibilización de la normativa de inversión en energías renovables.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) denunciaron 191 casos de violencia policial durante el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro (de agosto de 2022 a julio de 2023), lo que suponía un descenso de casi el 59% respecto al año anterior. Un total de 43 de esos casos habían tenido lugar en el marco de protestas. Los perfilamientos raciales en la actuación policial seguían perjudicando a los grupos racializados.

En febrero, la Mesa por la Reforma Policial —grupo de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia policial— presentó un conjunto de propuestas para llevar a cabo una reforma de la policía con enfoque interseccional y de derechos humanos. Pese a ello, el gobierno no implementó las reformas legales necesarias para llevar a cabo una remodelación policial integral. Se aprobaron diversas iniciativas, como la aplicación de un nuevo manual policial sobre el uso de la fuerza durante las protestas, que modificaban su estructura y su funcionamiento.

Discriminación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las consecuencias que la violencia en la región Pacífico tenía en los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas se veían afectados por la violencia y el conflicto armado en todo el país. En septiembre, algunas comunidades indígenas del departamento de Nariño se vieron obligadas a desplazarse durante la violencia armada. Algunas familias denunciaron haber sido sometidas a confinamiento forzado.

El pueblo Awá, en el sur de la región Pacífico, seguía sufriendo ataques de grupos armados y exigió una respuesta institucional mejor y más rápida. La Corte Constitucional llevaba desde 2009 afirmando que esos ataques podían causar el exterminio del grupo indígena.

La Corte Constitucional emitió asimismo una sentencia que protegía el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en relación con la estructura administrativa de sus territorios.

Derechos de las personas afrodescendientes

En julio estallaron protestas después de que dos incidentes de posible violencia racista por parte de la policía causaran la muerte de dos jóvenes afrodescendientes en los departamentos de Valle del Cauca y Bolívar. ILEX Acción Jurídica, Temblores ONG y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron la implicación policial en el racismo sistémico.

Derechos de las personas campesinas

Se reformó la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto colectivo de derechos, lo que confirmaba y reforzaba la protección de esta población frente a la discriminación.

Derechos de las mujeres

En junio se aprobó un proyecto de ley que ampliaba el alcance de la regla de paridad de género a un número mayor de autoridades encargadas de la toma de decisiones. La regla establecía un mandato que garantizaba la presencia de una cuota determinada de mujeres en el nivel más elevado de la toma de decisiones de la jerarquía institucional colombiana.

Violencia por motivos de género

En mayo se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 una declaratoria de emergencia nacional por violencia de género. Hasta noviembre, el Observatorio Colombiano de Feminicidios había registrado 483 asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género.

La Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI denunció 21 asesinatos de personas LGBTI en Colombia en 2023 en la categoría de “violencia por prejuicio” (violencia que busca causar daño a las personas por la percepción negativa que se tiene de su identidad de género u orientación sexual).

Derechos sexuales y reproductivos

En febrero, Médicos Sin Fronteras denunció la persistencia de barreras en Colombia para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. El Movimiento Causa Justa identificó al menos nueve barreras al aborto, entre ellas la falta de conocimiento del marco jurídico por parte del personal sanitario, la exigencia de requisitos innecesarios por las autoridades sanitarias y retrasos indebidos en la prestación de los servicios.

En agosto, la Corte Constitucional confirmó la despenalización del aborto hasta la semana 24ª de embarazo. La Corte revocó unas decisiones que amenazaban con dejar sin efecto una decisión de despenalización adoptada en 2022.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En abril, se expidió por primera vez en Colombia un diploma universitario que reflejaba la identidad no binaria de su titular.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El Ministerio del Interior anunció el fortalecimiento del programa de protección colectiva de las personas defensoras de los derechos humanos integrantes de organizaciones populares y comunidades —cuyo trabajo giraba por lo general en torno a la defensa de la tierra y el territorio—, aumentando el número de solicitantes que se beneficiarían de las medidas colectivas de protección al concluir el año. El programa de protección colectiva tenía por objeto prevenir los abusos y violaciones de derechos humanos contra las organizaciones populares y las comunidades, identificando los factores de riesgo y adoptando medidas para evitar su materialización o mitigar sus efectos, y coexistía con los programas de protección individual.

En agosto, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aprobó una política nacional de desmantelamiento de las organizaciones delictivas que, entre otros abusos contra los derechos humanos, hubieran cometido agresiones contra personas defensoras de esos derechos.

En septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana nacional en relación con la crisis de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos.

Pese a las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar los riesgos que afectaban a las personas defensoras de los derechos humanos, el grado de violencia que soportaban siguió siendo muy elevado.¹ El Programa Somos Defensores informó de que, hasta septiembre, se habían cometido 632 agresiones, 123 de ellas mortales, contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado seguía afectando de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas. El ACNUR —la Agencia de la ONU para los refugiados— denunció que, desde comienzos de año hasta noviembre, 163.719 personas se habían visto obligadas a desplazarse en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el 45% de todas las víctimas de desplazamiento en 2023 eran personas afrodescendientes y, el 32%, indígenas.

En mayo, 300 familias —en total, alrededor de 1.500 personas, en su mayoría afrodescendientes o integrantes de pueblos indígenas— se vieron obligadas a desplazarse a raíz de enfrentamientos entre los grupos armados Ejército de Liberación Nacional y Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el municipio de Sipí (departamento del Chocó). En julio, las autoridades del departamento de Antioquia informaron de que al menos 53 familias se habían visto obligadas a desplazarse de sus hogares en los municipios de Segovia y Remedios debido a enfrentamientos entre esos mismos grupos armados.

Violaciones del derecho internacional humanitario

La Fundación Ideas para la Paz denunció que el número de desplazamientos forzados, confinamientos forzados, masacres y homicidios de líderes sociales había aumentado durante el primer año de la presidencia de Gustavo Petro. A pesar de que durante el año se declararon varios ceses al fuego, su efecto en la población civil fue escaso.

En octubre, el secretario general de la ONU informó al Consejo de Seguridad de esa organización de que el cese al fuego vigente desde agosto entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno había rebajado el nivel de enfrentamiento, pero apenas había reducido los efectos del conflicto armado en la población civil.

Entre julio de 2022 y junio de 2023, el Servicio de la ONU de Acción contra las Minas registró 119 víctimas de minas terrestres antipersonales en todo el país, entre ellas 4 menores de edad y 33 personas afrodescendientes e indígenas. En junio se tuvo noticia de que el grupo armado Estado Mayor Central había establecido un perímetro de minas terrestres antipersonales en el departamento de Nariño.

En mayo, la Defensoría del Pueblo pidió a los distintos grupos armados que pusieran fin al reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes. La Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia registró 112 casos en el primer semestre del año.

Continuaron los toques de queda armados y los confinamientos de comunidades, debido fundamentalmente a los combates entre grupos armados que tenían lugar en las zonas rurales. En junio, la Defensoría del Pueblo alertó de un toque de queda armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Chocó que afectaba aproximadamente a 5.000 personas del municipio de Nóvita. El ACNUR denunció que, hasta noviembre, 72.389 personas se habían visto confinadas en el país. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que, según la OCAH, el 37% del total de las víctimas de confinamiento en 2023 eran personas afrodescendientes y, el 25%, indígenas.

Libertad de expresión

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sugirió varias veces durante el año que el presidente Petro debía tomar medidas para posibilitar el trabajo de los medios de comunicación y promover la libertad de prensa, en lugar de crear un entorno hostil, tras producirse varios enfrentamientos en las redes sociales entre el presidente y representantes de los medios de comunicación y periodistas.

La FLIP denunció 398 ataques contra la libertad de prensa en Colombia hasta octubre, entre ellos 132 casos de amenazas, 41 de hostigamiento y 51 de estigmatización.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Entre abril y junio, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz registró algún avance en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, dada la aprobación de una reforma constitucional que establecía la Jurisdicción Agraria y Rural. Una de las principales preocupaciones era la implementación de las disposiciones transversales relativas a las perspectivas étnica y de género. En junio se consideraba que el 74% de las disposiciones sobre la perspectiva étnica y el 70% de las de perspectiva de género no podrían cumplirse en el plazo acordado.

El secretario general de la ONU informó al Consejo de Seguridad de la organización de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas había recuperado entre marzo y junio los cadáveres de 86 personas desaparecidas y había entregado entre junio y septiembre los restos de 7 de ellas a sus familiares. Desde 2018, la Unidad había recuperado 929 cadáveres y entregado 196. En octubre, el Instituto Kroc informó de que iban a empezar a implementarse 28 planes regionales de búsqueda.

Hasta diciembre, INDEPAZ documentó los homicidios de 44 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que habían firmado el Acuerdo de Paz de 2016. En marzo, algunos excombatientes de ese grupo guerrillero habían dado la voz de alarma sobre el deterioro de sus condiciones de seguridad.

En septiembre, el gobierno presentó un proyecto para reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con el que pretendía conseguir financiación suficiente para aplicar esa ley e implementar soluciones duraderas y enfoques diferenciales.

Impunidad

En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó a 10 excombatientes de las FARC-EP de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su implicación en varios ataques contra pueblos indígenas, población afrodescendiente y comunidades campesinas de los departamentos de Cauca y Valle de Cauca.

En mayo, la JEP inició un juicio adversarial contra un exrepresentante de la Cámara por su presunta participación, junto con integrantes de las FARC-EP, en un crimen de lesa humanidad de persecución cometido contra un grupo político del departamento de Caquetá.

En julio, la JEP acusó a 10 excombatientes de las FARC-EP de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con 349 secuestros cometidos en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío. También acusó a 15 excombatientes de las FARC-EP de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con la aplicación de una política de control territorial y social en el departamento de Nariño que había afectado a pueblos indígenas, población afrodescendiente, comunidades campesinas, poblaciones urbanas y rurales, mujeres y niñas, personas LGBTI, la naturaleza y los territorios colectivos y ancestrales.

En agosto, la JEP acusó a 9 militares, incluido un exgeneral, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en el departamento de Antioquia. También se inició un juicio adversarial contra un excoronel del ejército que no aceptó su responsabilidad por varios homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas que habían tenido lugar en la región Caribe.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En agosto, las autoridades panameñas afirmaron que el número de personas que atravesaban el tapón del Darién había aumentado considerablemente y había sobrepasado ya la cifra total registrada en 2022. Al finalizar el año, la cifra alcanzaba las 520.000 personas.

Durante el año, las organizaciones de la sociedad civil pidieron mayor transparencia en torno a la cifra de personas venezolanas que vivían en Colombia, que, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), ascendía a 2,89 millones. Las personas de esta nacionalidad encontraban barreras para acceder a protección de carácter internacional o de otras formas complementarias que les permitiera regularizar su situación y acceder a sus derechos en Colombia.²