Australia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Los pueblos aborígenes y de las islas del estrecho de Torres seguían sufriendo discriminación, y menores de tan solo 10 años continuaron en prisión. Nuevas leyes permitían deportar a Nauru a personas solicitantes de asilo. Las autoridades aplicaron leyes contra las protestas para restringir las reuniones pacíficas y la libertad de expresión. El gobierno continuó aprobando proyectos relacionados con los combustibles fósiles, afianzando aún más el papel de Australia como gran productor.

Información complementaria

El Partido Laborista ganó su segundo mandato de gobierno mayoritario en las elecciones federales de mayo.

El 14 de diciembre, en el ataque contra una celebración de Janucá en la playa de Bondi (Sydney) murieron 15 personas. Tras este ataque, tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal se comprometieron a abordar el antisemitismo y el racismo y a endurecer la legislación sobre tenencia de armas.

Derechos de los pueblos indígenas

La población aborigen y de las islas del estrecho de Torres siguió sin recibir un trato igualitario. Sólo cuatro de los 19 objetivos establecidos en el plan nacional Closing the Gap (Cerrar la Brecha) progresaban de manera satisfactoria, mientras que los resultados empeoraron en lo referente al encarcelamiento de adultos, la custodia estatal de menores, el suicidio y el desarrollo de la infancia.

Un total de 34 personas indígenas, la mayoría hombres, murieron bajo custodia en 2025, mientras que las recomendaciones de la Comisión Real de 1991 seguían sin aplicarse.¹ Una investigación pesquisidora sobre la muerte bajo custodia policial de Kumanjayi Walker en 2019 halló racismo sistémico en la policía del Territorio del Norte.² Las mujeres indígenas continuaron sufriendo un grado desproporcionado de violencia de género en el ámbito familiar.

Derechos de la infancia

Los niños y las niñas indígenas de 10 a 17 años de edad tenían 23 veces más probabilidades de estar bajo supervisión del sistema de justicia de menores y 27 veces más de ser recluidos que los no indígenas, pese a representar sólo el 5,7% de la población de esa franja de edad.

El Territorio del Norte modificó la Ley de Justicia Juvenil para restablecer el uso de “capuchas antiescupitajos” en la detención de jóvenes y eliminar el principio de detención como último recurso.

Los gobiernos estatales de Victoria y Queensland ampliaron su legislación basada en la política “delito de adulto, pena de adulto”, exponiendo así a los niños y las niñas a penas de prisión más severas, incluso de cadena perpetua, y suscitando preocupación por el aumento del encarcelamiento de población indígena.³

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se siguieron empleando políticas ilícitas con la población refugiada, como su reclusión indefinida en Australia y la “tramitación extraterritorial” de solicitudes de asilo en Nauru, donde permanecían más de 90 personas, muchas de ellas con graves problemas de salud. Aunque oficialmente la tramitación en Papúa Nueva Guinea había terminado, casi 30 hombres permanecían atrapados allí después de 11 años, con prohibición de entrar en Australia y graves problemas de salud mental y física sin atención médica adecuada.

La nueva legislación eludió una decisión del Tribunal Superior al privar a las personas solicitantes de asilo del debido proceso.⁴ La ley forzó su cooperación con la deportación, validando con carácter retroactivo las decisiones ilegítimas sobre visados. El gobierno firmó un nuevo acuerdo con Nauru de 2.500 millones de dólares australianos a 30 años, que hacía posible la deportación de cientos de personas afectadas y, potencialmente, miles más. En noviembre, tres personas habían sido deportadas en virtud del acuerdo.

Los trabajadores y las trabajadoras temporales del Pacífico acogidos al Programa de Movilidad Laboral Australia-Pacífico (PALM) fueron explotados y tratados injustamente.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno continuó aprobando proyectos relacionados con los combustibles fósiles, incluida la extensión hasta 2070 del mayor proyecto del país de extracción marítima de gas. Australia no cumplió con las obligaciones del Acuerdo de París de apoyar a los países de bajos ingresos con el cambio climático, abordar las pérdidas y daños y proteger a las personas a nivel nacional. Su objetivo de emisiones para 2030 se mantuvo muy por debajo del necesario para limitar el calentamiento a 1,5 °C. Los grupos de activismo climático consideraron insuficiente la nueva contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) para 2035, consistente en una reducción de las emisiones de entre el 62% y el 70% con respecto a los niveles de 2005.

A pesar de desestimar la Demanda por Cambio Climático de Australia, el Tribunal Federal reconoció que el medioambiente, la población y la cultura de las islas del estrecho de Torres estaban siendo “devastados por el cambio climático inducido por la acción humana” y que el cambio climático representaba “una amenaza existencial para la humanidad”.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades equiparaban protestas pacíficas con actos violentos de odio. El gobierno del estado de Nueva Gales del Sur aprobó leyes que permitieron prohibir las protestas por un periodo de hasta tres meses tras el ataque de la playa de Bondi. Las leyes contra las protestas se aplicaron a quienes se manifestaban contra el genocidio en Gaza. Tras registrarse un aumento de la violencia antisemita, el Parlamento federal aprobó la Ley sobre Delitos de Odio, que establecía penas mínimas obligatorias. La policía de Nueva Gales del Sur hirió de gravedad a una mujer en una manifestación por Gaza.

Las universidades también redujeron las libertades. La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto fue adoptada por 39 de ellas, a pesar de las protestas de intelectuales y grupos de la sociedad civil, que consideraban que era incompatible con las normas sobre libertad de expresión y podía reprimir la libertad de expresión y de reunión en los campus. La Universidad de Melbourne prohibió las manifestaciones en interiores, vigiló a quienes utilizaban su wifi y sancionó a estudiantes por llevar a cabo acciones pacíficas a favor de Palestina. En diciembre, las autoridades del estado de Victoria prohibieron el uso de artículos de sujeción, como pegamento, cuerda y candados, a quienes asistieran a manifestaciones, y restringieron la celebración de protestas en los alrededores de lugares de culto.

En diciembre se prohibió que los niños y las niñas menores de 16 años mantuvieran o abrieran cuentas en ciertas redes sociales.