Argelia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades continuaban restringiendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Se practicaron detenciones arbitrarias, se celebraron juicios sin garantías basados en cargos de terrorismo y otras acusaciones infundadas y se impusieron prohibiciones de viajar para castigar la disidencia pacífica. Se obstaculizó la actividad de los sindicatos y de los partidos políticos y se dificultó la celebración de reuniones pacíficas. Se adoptó un nuevo Código de Procedimiento Penal que socavaba el derecho a un juicio justo e introducía reformas jurídicas que permitían imponer la pena de muerte por delitos de drogas. Argelia retiró una reserva a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y anunció medidas para proteger a las mujeres sobrevivientes de violencia. Las expulsiones colectivas de población migrante negra a Níger alcanzaron un nivel sin precedentes. Hubo avances limitados en la reducción de la quema de gas.

Información general

El 9 de marzo se celebraron elecciones para renovar 58 de los 174 escaños del Consejo de la Nación, la cámara alta del Parlamento. Según la Constitución, dos tercios de los miembros del Consejo eran elegidos por las asambleas populares locales; el resto eran designados por el presidente del país.

Varios fenómenos meteorológicos extremos, incluidas lluvias torrenciales, un corrimiento de tierras e incendios forestales, causaron al menos 46 víctimas mortales.

Libertad de asociación

En enero se examinó en el Parlamento un proyecto de ley de asociaciones. Quedó pendiente de aprobación por el gobierno para someterlo a votación parlamentaria. Sus disposiciones mantenían un marco jurídico represivo y un complejo sistema de autorización para registrar asociaciones, a las que se imponían restricciones indebidas de sus actividades, financiación y cooperación con entidades extranjeras. También otorgaban al poder ejecutivo facultades excesivamente amplias para tomar decisiones sobre el registro, la suspensión y la disolución de asociaciones por motivos imprecisos

Las autoridades continuaron hostigando a sindicalistas. Se encausó injustamente a cinco dirigentes y afiliados sindicales, y el 8 de abril se citó a un sexto sindicalista al que se interrogó en relación con su actividad sindical. En julio, la policía detuvo arbitrariamente a un dirigente sindical que había anunciado una huelga del sector ferroviario, hecho por el que posteriormente fue condenado a dos años de prisión. El 29 de octubre, un tribunal condenó arbitrariamente al dirigente sindical independiente Ali Mammeri a 15 años de prisión por su labor sindical y su activismo pacífico.¹

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron restringiendo indebidamente las reuniones pacíficas y mantuvieron un régimen ilícito que exigía autorización previa para convocar concentraciones públicas.

En enero y febrero, estudiantes y profesionales de la docencia y la medicina realizaron sucesivas protestas y huelgas contra las deficiencias de los programas escolares, los salarios bajos y el deterioro de las condiciones laborales en un contexto de alza del coste de la vida. La policía detuvo arbitrariamente a participantes en manifestaciones pacíficas, incluidos dos sindicalistas. El 17 de febrero, el gobierno declaró ilegal una huelga convocada por los sindicatos de docentes.

El 8 de mayo, durante una concentración pacífica en la capital, Argel, la policía detuvo a seis personas que llamaban a boicotear a dos empresas por su presunto apoyo a Israel.

El 4 de agosto, el Ministerio del Interior denegó la autorización para celebrar una marcha de apoyo a Palestina convocada por partidos políticos.

El 2 de octubre, la policía detuvo en Argel al menos a 20 personas que intentaban celebrar una concentración en apoyo a la Flotilla Global Sumud propalestina.

Las autoridades locales denegaron a la Agrupación por la Cultura y la Democracia el permiso para celebrar una reunión política el 24 de mayo en Argel y para organizar su universidad de verano del 9 al 11 de octubre en la provincia oriental de Bugía. No ofrecieron justificación legítima ni proporcionada de tales restricciones.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia y el periodismo, empleando para ello disposiciones penales excesivamente amplias, como cargos de terrorismo infundados, para someter a detención arbitraria y condenar a activistas, personas usuarias de las redes sociales y periodistas.

Tras el surgimiento en diciembre de 2024 del movimiento de protesta online Manich Radi (“No estoy satisfecho/a”), que denunciaba las restricciones a los derechos humanos y las difíciles condiciones socioeconómicas, se practicaron numerosas detenciones. En abril, las autoridades habían detenido y condenado al menos a 23 activistas y periodistas por sus publicaciones en las redes sociales.²

El 5 de enero se sometió al periodista Abdelwakil Blamm a detención en espera de juicio por cargos de terrorismo basados en sus comunicaciones privadas con personas que realizaban activismo pacífico, en las que intercambiaba información sobre la situación política de Argelia.

El 27 de marzo se condenó al escritor francoargenlino Boualem Sansal a cinco años de prisión por cargos como “socavar la unidad nacional”, entre otros, basados en opiniones públicas, escritos y comunicaciones digitales en los que había criticado a las autoridades argelinas y hecho comentarios sobre la colonización francesa de Argelia. El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, le concedió el indulto el 12 de noviembre, por lo que se le permitió salir de Argelia.

El 26 de junio, 20 personas —18 de las cuales llevaban 21 meses detenidas en espera de juicio— fueron condenadas a penas de entre dos años de cárcel y cadena perpetua por una declaración realizada en nombre del partido político disuelto Frente Islámico de Salvación (FIS). Fueron declaradas culpables de “explotar las heridas de la tragedia nacional para hacer peligrar las instituciones estatales” y “socavar la unidad nacional”, delitos formulados de manera imprecisa y que restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión.

El 29 de junio, se condenó al periodista deportivo francés Christophe Gleizes a siete años de prisión por “enaltecimiento del terrorismo”, entre otros cargos, en relación con su trabajo periodístico.

Libertad de circulación

Las autoridades continuaron imponiendo la prohibición arbitraria de viajar a activistas, profesionales de la abogacía, sindicalistas y periodistas.

El 30 de julio, la policía de fronteras impidió arbitrariamente la entrada en Argelia a la ciudadana francoargelina Nassera Dutour, presidenta del Colectivo de Familias de Desaparecidos en Argelia, y la devolvió a Francia, su país de residencia.

Derecho a un juicio justo

Las autoridades judiciales vulneraron reiteradamente el derecho a un juicio justo con medidas como someter sin justificación a detención en espera de juicio a personas acusadas, llevarlas ante el tribunal sin informar previamente a quienes les prestaban asistencia letrada y someterlas a vistas judiciales aceleradas en las que no se les concedía tiempo suficiente para preparar su defensa.

Por ejemplo, el 20 de enero, en un juicio sumario celebrado cuatro días después de su detención, las autoridades condenaron al activista y poeta Mohamed Tadjadit a cinco años de prisión por sus publicaciones en redes sociales y sus comunicaciones privadas.³ El 22 de mayo, un tribunal de apelación le redujo la condena a un año.

El 8 de julio se aprobó un nuevo Código de Procedimiento Penal que socavaba el derecho a un juicio justo y las garantías procesales, al contener disposiciones que permitían los juicios acelerados en los que no se concedía tiempo suficiente para preparar la defensa; otorgaban a la fiscalía discrecionalidad para ordenar la detención en espera de juicio sin prerrogativa de revisión judicial; concedían a las autoridades una mayor discrecionalidad para confiscar bienes privados sin orden judicial, permitían a la fiscalía imponer la prohibición de viajar sin posibilidad de revisión judicial y normalizaban los procedimientos judiciales online sin justificación ni consentimiento.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En agosto, Argelia retiró su reserva al artículo 15.4 de la CEDAW, relativo a la libertad de circulación y residencia.

El 9 de febrero, el presidente Tebún ordenó al gobierno establecer mecanismos jurídicos concretos para proteger a las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia. El gobierno anunció medidas como la creación de una línea telefónica de emergencia y de una plataforma online interactiva, la redacción de una guía jurídica para las mujeres y la organización de sesiones de formación para profesionales de los ámbitos pertinentes. Las organizaciones de derechos de las mujeres acogieron el anuncio con satisfacción, pero pidieron medidas concretas y sostenidas.

No obstante, seguía sin haber estadísticas oficiales sobre la violencia de género. En noviembre, el grupo activista Feminicidios Argelia había registrado 37 feminicidios.

El 19 de julio se promulgó legislación que ampliaba de 98 a 150 días el permiso de maternidad para las mujeres trabajadoras. No obstante, según las organizaciones de derechos de las mujeres, las autoridades continuaban acogiéndose al artículo 32 del Decreto Ejecutivo 84-27 para privar del permiso de maternidad a las trabajadoras de los sectores público y privado que durante el embarazo hubieran perdido días de trabajo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las autoridades mantuvieron disposiciones del Código Penal que tipificaban como delito las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas y las castigaban con penas de hasta dos años de prisión y el pago de una multa.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

A partir de abril, las fuerzas de seguridad argelinas intensificaron la detención masiva y la expulsión colectiva de personas migrantes negras y racializadas, a la vez que los medios de comunicación publicaban cada vez más contenido racista. Según las autoridades nigerinas, entre enero y mayo Argelia expulsó a Níger de forma colectiva y sumaria al menos a 21.948 migrantes.

El 2 de mayo, la Autoridad Nacional Independiente de Regulación del Audiovisual, cuyos miembros eran designados por el presidente, anunció la suspensión del canal de televisión Echorouk News durante 10 días por haber publicado en su página de Facebook un término racista y discriminatorio contra la población negra migrante.

Población refugiada saharaui de Tinduf

La población refugiada saharaui seguía soportando un deterioro acusado de sus condiciones de vida a causa del aumento del precio de los alimentos y la reducción de la ayuda humanitaria internacional, pese a que el gobierno había adoptado varias medidas para compensar la escasez. En julio, el Programa Mundial de Alimentos constató un repunte sin precedentes de la desnutrición aguda, debido al cual uno de cada tres niños y niñas refugiados saharauis sufría retraso en el crecimiento.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades continuaron denegando arbitrariamente a la iglesia protestante de Argelia la inscripción en el registro. Los 47 templos protestantes del país continuaban cerrados por mandato judicial o por temor a que se enjuiciara arbitrariamente a sus fieles.

Pena de muerte

El 1 de julio, las autoridades aprobaron una reforma de la Ley 04-18, relativa a la prevención y la penalización del uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en virtud de la cual se introducía por primera vez la pena de muerte como castigo para varios delitos de drogas. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.

Derecho a un medioambiente saludable

Argelia realizó avances limitados para reducir la quema de gas, pese a los riesgos que las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por esta práctica tenían para la salud de las comunidades afectadas por contener contaminantes medioambientales y potencialmente cancerígenos. El Banco Mundial informó de una reducción del 4% en el volumen de quema de gas en comparación con el año anterior, lo que mantuvo a Argelia en el sexto puesto entre los países que más gas quemaban.

El 27 de febrero, el gobierno puso en marcha la Iniciativa por la Transparencia de la Acción Climática, con la que pretendía mejorar la capacidad nacional de recogida de datos en relación con el cambio climático.