Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Las autoridades hacían uso de fuerza excesiva o innecesaria para obstaculizar o impedir el derecho de reunión pacífica. En la mayoría de los casos en que se usó ese tipo de fuerza se detuvo o recluyó arbitrariamente a manifestantes. Cinco manifestantes y un transeúnte, como mínimo, murieron víctimas de homicidio ilegítimo, y al menos dos de esas personas eran menores de edad. El derecho a la libertad de asociación estaba amenazado. El personal docente hacía frente a una remuneración insuficiente y el impago de salarios. Cientos de personas fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas. La sequía severa y prolongada en el sur tenía efectos devastadores para el derecho a la alimentación y a la salud, especialmente para los niños y niñas.
Información general
Se observaron avances limitados en la situación de los derechos humanos tras un año de agitación en torno a las elecciones generales de 2022. Se aprobaron el Plan de Apoyo y Protección para las Personas con Albinismo y el Plan de Inclusión y Apoyo a las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que el enfoque de la discapacidad adoptado por Angola seguía sin cumplir las normas internacionales.
El 30 de mayo, el gobierno aumentó los precios de los combustibles, de 160 a 300 kwanzas (0,26 y 0,49 dólares estadounidenses, respectivamente) por litro. El incremento de los precios, debido en parte a la guerra de Rusia en Ucrania, dio lugar a aumentos del costo de la vida que se agravaron por los altos índices de desempleo —que afectaban de forma desproporcionada a las personas jóvenes— y desencadenó más agitación social durante todo el año.
Libertad de asociación
El 25 de mayo, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley del Estatuto de las Organizaciones No Gubernamentales. Las ONG criticaron el texto por considerar que, en caso de entrar en vigor la ley, limitaría el derecho de asociación y concedería al poder ejecutivo facultades excesivas para interferir en sus actividades, entre ellas las de auditar, disolver o limitar las actividades de las asociaciones. Al terminar el año, el proyecto de ley estaba en espera de debate ante una comisión parlamentaria especial y de aprobación final por el presidente.
Libertad de reunión pacífica
Las autoridades reprimieron manifestaciones pacíficas haciendo uso de fuerza excesiva o innecesaria que, en algunos casos, dio lugar a homicidios ilegítimos, actos de intimidación, palizas y detenciones o reclusiones arbitrarias. Se detuvo a activistas por secundar protestas, y en otros casos simplemente por hallarse en las proximidades de la acción de protesta.
El 10 de febrero, la Policía Nacional de Angola (PNA) impidió el desarrollo de una vigilia en la capital, Luanda, y en Benguela aduciendo motivos de seguridad pública. La vigilia había sido convocada por 3 ONG —Unión (Omunga), Movimiento Jóvenes por las Autoridades Locales, y Amigos de Angola— para reclamar la descentralización de las atribuciones del gobierno a las autoridades locales.
El 18 de febrero, agentes de la PNA impidieron que el personal de la judicatura continuase una marcha pacífica en Luanda, afirmando que cumplían órdenes de sus “superiores”. Miembros del personal de los tribunales de primera y de segunda instancia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República habían iniciado su marcha en el Tribunal de Distrito de Luanda para reclamar una mejora de las condiciones de trabajo, las perspectivas de promoción y los salarios.
La PNA impidió una protesta de activistas que iba a celebrarse en la iglesia de Largo da Sagrada Família, en Luanda, el 6 de abril para pedir la liberación del activista Gilson da Silva Moreira (también conocido como Tanaice Neutro) y denunciar el uso abusivo de la detención administrativa contra activistas. Gilson da Silva Moreira había sido detenido el 13 de enero de 2022 por acusaciones de “ultraje al Estado, sus símbolos y sus órganos”. En octubre de 2022 había recibido una condena condicional de un año y 3 meses de prisión, pero permaneció en la cárcel hasta que, tras las presiones ejercidas por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, fue puesto en libertad el 23 de junio de 2023.
El 22 de abril, agentes de la PNA usaron fuerza excesiva o innecesaria para disolver una marcha organizada por el Movimiento de Estudiantes Angoleños en Luanda. Los agentes detuvieron a 5 activistas y causaron lesiones a uno de ellos. Las personas que se manifestaban reclamaban la resolución pacífica de un conflicto salarial entre el gobierno y el Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Superior (SINPES).
El 17 de junio, agentes de la PNA usaron gas lacrimógeno contra cientos de manifestantes en Luanda y Benguela para impedir que protestaran pacíficamente por la subida del precio de los combustibles que había tenido lugar el 30 de mayo, la aprobación por el Parlamento del proyecto de ley sobre ONG y la decisión que el ayuntamiento de Luanda había tomado el 22 de mayo de prohibir que las vendedoras callejeras (zungueiras) ejercieran su actividad en las calles. Se informó de que un número no especificado de manifestantes fueron detenidos o resultaron heridos en Luanda.
El 16 de septiembre, la PNA disolvió una manifestación pacífica de conductores de mototaxi que protestaban por las restricciones impuestas por el ayuntamiento de Luanda en varias rutas de la ciudad. Se detuvo a 7 activistas de la sociedad civil, entre ellos Gilson da Silva Moreira (véase supra), Gildo das Ruas, Adolfo Campos y Abrão Pedro dos Santos. El 19 de septiembre, un tribunal de Luanda impuso a estas personas sendas condenas de 2 años y 5 meses de prisión.
Homicidios ilegítimos
Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 5 manifestantes y un transeúnte en su intento de poner fin a las protestas.
El 15 de febrero, la PNA confirmó que un muchacho de 16 años, conocido únicamente como Serginho, que había muerto la víspera en el barrio luandés de Uije, había recibido disparos de un agente de policía. La policía afirmó que la víctima había recibido los disparos cuando los agentes intentaban impedir enfrentamientos entre grupos rivales durante una protesta de residentes que reclamaban la mejora del estado de las vías públicas. El joven no participaba en la protesta. Según la policía, las investigaciones para identificar al agente responsable del homicidio y hacerle rendir cuentas estaban en curso al terminar el año.
Un total de 5 personas, entre ellas un niño de 12 años, murieron y 8 resultaron heridas a manos de la policía en una protesta que tuvo lugar en la provincia de Huambo el 5 de junio. La protesta había sido organizada por conductores de mototaxi contra la subida del precio de los combustibles. La policía usó gas lacrimógeno y munición real para dispersar a la multitud y después afirmó que los homicidios y las lesiones habían sido “inevitables” y lamentables.1 Las autoridades no abrieron una investigación sobre los hechos.
Detención y reclusión arbitrarias
El 28 de enero, la PNA detuvo a 12 jóvenes cuando se congregaban para iniciar una marcha en el monumento de Largo das Heroínas, en Luanda, para reclamar la liberación de unos activistas a los que consideraban “presos políticos”. La policía dejó a 3 de ellos —Laurinda Gouveia, Geraldo Dala y Matulanga César— a 60 km de Luanda, en la provincia de Bengo. No había información sobre la suerte de los 9 restantes.
La PNA detuvo a 5 activistas el 2 de junio en la provincia de Benguela, ante la cámara de representantes del gobierno de dicha provincia, por protestar contra la aprobación por el Parlamento del proyecto de ley sobre las ONG. Un tribunal los puso en libertad el 6 de junio, previo pago de una multa de 50.000 kwanzas (unos 83 dólares estadounidenses).
Derechos económicos, sociales y culturales
El conflicto que comenzó el 27 de febrero entre el Sindicato de Profesores de Enseñanza Superior (SINPES) y el gobierno continuó durante todo el año. SINPES reclamaba que el gobierno cumpliera el memorándum de entendimiento firmado por ambas partes en noviembre de 2021, que disponía, entre otras cosas, un salario mensual equivalente a 2.000 dólares estadounidenses para el personal asistente en prácticas y de 5.000 dólares para el profesorado titular. El sindicato también reclamaba el pago de salarios adeudados a docentes y administradores de escuelas.
Desalojos forzosos
El 27 de febrero, agentes de la PNA y del Servicio de Investigación Criminal, con el apoyo de la policía municipal de Viana, demolieron unas 300 casas en el barrio de Zango 3, sector B, de Luanda. Cientos de personas se quedaron sin hogar. Los residentes que se negaron a abandonar sus viviendas o se congregaron para protestar fueron golpeados y detenidos. Uno de ellos, conocido únicamente como Adilson, dijo a defensores y defensoras de los derechos humanos que había sido detenido y privado de libertad durante cinco horas en una comisaría de policía. Según declaraciones de residentes, las demoliciones se llevaron a cabo a fin de habilitar espacio para un complejo comercial.
Derecho a un medioambiente saludable
En el sur, la población seguía sufriendo los efectos de una sequía severa y prolongada. Según UNICEF, 3,8 millones de personas, de las que 2 millones eran niños y niñas, necesitaban asistencia humanitaria; 600.000 personas necesitaban asistencia médica, y un millón necesitaban asistencia en materia de nutrición. El gobierno no prestaba asistencia humanitaria oportuna, y las necesidades se abordaban principalmente a través de ONG o de agencias de la ONU tales como UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos.
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