Las autoridades huzíes de facto deben poner de inmediato en libertad a 13 miembros del personal de la ONU y al menos 14 miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil yemeníes e internacionales que continúan detenidos arbitrariamente un mes después como parte de una represión constante contra la comunidad humanitaria y de derechos humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
A principios del mes pasado, las fuerzas de seguridad huzíes llevaron a cabo una serie de redadas en Saná, Al Hudaida y Hayya, en las que detuvieron en sus casas u oficinas a al menos 27 miembros del personal (4 mujeres y 23 hombres) de agencias de la ONU y de al menos siete organizaciones locales e internacionales. Las autoridades huzíes no han desvelado a sus familias el paradero del personal detenido, que permanece recluido en régimen de incomunicación y al que se niega su derecho a acceder a asistencia letrada o a ponerse en contacto con sus familias.
“Además, estas redadas agravarán la situación humanitaria y de derechos humanos en Yemen, ya de por sí precaria y en deterioro, porque muchas de las personas detenidas trabajaban para proporcionar asistencia o protección a quienes más lo necesitan”
“Esta escalofriante oleada de detenciones, que ataca los derechos humanos y a la comunidad humanitaria, es un crudo recordatorio más de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades huzíes en su represión de la sociedad civil. Además, estas redadas agravarán la situación humanitaria y de derechos humanos en Yemen, ya de por sí precaria y en deterioro, porque muchas de las personas detenidas trabajaban para proporcionar asistencia o protección a quienes más lo necesitan”, ha manifestado Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen.
“Las autoridades huzíes deben poner inmediatamente en libertad a todos los miembros del personal de la ONU y la sociedad civil que han sido detenidos exclusivamente por su trabajo humanitario y de derechos humanos, y deben cesar su constante represión del derecho a la libertad de expresión y de asociación.”
Entre el 31 de mayo y el 9 de junio, numerosas fuerzas de seguridad huzíes se presentaron en las oficinas y los domicilios del personal detenido, en algunos casos cerrando barrios enteros. Durante las redadas registraron las oficinas y los domicilios de las personas detenidas y confiscaron y buscaron teléfonos, ordenadores portátiles, discos duros, y documentos y fotografías personales y relacionados con el trabajo. Además, al menos tres familiares de miembros del personal —dos de ellos menores— estuvieron detenidos durante al menos 10 días.
Asimismo, las fuerzas de seguridad huzíes han citado e interrogado a personal de organizaciones de la sociedad civil que fueron objeto de redadas; le interrogaron durante horas sobre su trabajo y su relación con países extranjeros. Al menos cuatro miembros del personal fueron puestos bajo arresto domiciliario u obligados a firmar compromisos de que no abandonarán Saná.
Amnistía Internacional entrevistó a 10 personas, entre ellas abogados y expertos en cuestiones humanitarias y de derechos humanos que conocían la situación sobre el terreno.
Creación de un entorno de temor
La oleada de detenciones huzí ha generado temor entre el personal de la sociedad civil, que se siente en peligro de ser detenido y sufrir represalias por hacer su trabajo. Las detenciones han coincidido con una campaña huzí continuada contra los medios de comunicación, en la que acusan a organizaciones humanitarias y a su personal de “conspirar” con sus proyectos contra los intereses del país.
Un experto contó: “Tememos correr la misma suerte. Se ha decidido cerrar el espacio cívico. Los huzíes están renunciando a su responsabilidad por el deterioro de las condiciones de vida bajo su gobierno utilizando como chivos expiatorios a las organizaciones de la sociedad civil y acusándolas de conspirar contra el país”.
Tras las detenciones, el 10 de junio, el Servicio de Seguridad e Inteligencia huzí anunció el “descubrimiento” de lo que denominó “una red de espionaje”. Dos días después, Al Masirah TV, canal afiliado a los huzíes, retransmitió un vídeo en el que se veía “confesar” su condición de espías a diferentes grupos de detenidos que habían sido arrestados entre 2021 y 2023 y llevaban desde entonces recluidos en régimen de incomunicación.
Los huzíes tienen un historial de utilizar la tortura para obtener confesiones, lo que suscita el temor de que estos detenidos puedan haber sido coaccionados para confesar. La emisión de estas confesiones forzadas socava el derecho de las personas detenidas a la presunción de inocencia y a no autoinculparse.
Las autoridades huzíes ya han atacado anteriormente a personal humanitario y de derechos humanos. Cuatro miembros del personal de la ONU yemeníes, pertenecientes a la OACNUDH y a la UNESCO y que fueron arrestados en 2021 y 2023, permanecen detenidos arbitrariamente y desde su arresto han estado recluidos en régimen de incomunicación. En septiembre de 2023, los huzíes detuvieron a Hisham Al Hakimi, director de Seguridad y Protección de Save the Children, y lo recluyeron en régimen de incomunicación. Murió el 25 de octubre, mientras seguía detenido arbitrariamente.
Además, los huzíes continúan restringiendo la circulación y la prestación de ayuda humanitaria, con medidas como la imposición de restricciones burocráticas tales como el retraso de aprobaciones, la negación o demora de permisos de viaje, la cancelación de iniciativas humanitarias, la interferencia en el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos de actividades humanitarias, y la imposición del requisito de contar con un mahram (tutor varón) a las trabajadoras humanitarias yemeníes que viajan por el país.
Condenas a muerte por cargos falsos de espionaje
Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política o de minorías religiosas que comparecieron en juicios injustos ante el Tribunal Penal Especializado de Saná por cargos falsos de espionaje, unos cargos castigados preceptivamente con la muerte por la legislación yemení. En todos estos casos, la fiscalía huzí pareció haber presentado los cargos de espionaje como medio de perseguir a opositores políticos y silenciar la disidencia pacífica.
Más recientemente, el 1 de junio, el Tribunal Penal Especializado condenó a 44 personas a muerte por cargos falsos de espionaje tras un juicio colectivo injusto. De ellas, 16 fueron condenadas in absentia, mientras que 28 comparecieron ante el Tribunal Penal Especializado. Según su abogado, Abdul Majid Sabra, las 28 fueron sometidas a tortura y otros malos tratos para hacerlas confesar, permanecieron recluidas en régimen de aislamiento y estuvieron en desaparición forzada durante 9 meses después de su detención.
“Las autoridades huzíes han estado actuando con total impunidad y desprecio del Estado de derecho. En lugar de amenazar y obstaculizar al personal humanitario y de derechos humanos, los huzíes deben facilitar su trabajo y la circulación de la ayuda humanitaria, para que puedan llegar a los millones de personas de Yemen que actualmente necesitan ayuda humanitaria y protección. También deben dejar de utilizar el sistema judicial como herramienta de represión política”, ha manifestado Diala Haidar.
