En respuesta a la publicación de la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial, Patrick Wilcken, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“La decisión de la Comisión de la UE de desarrollar una directiva marca un hito en el camino hacia una mayor responsabilidad corporativa en toda la UE. Sin embargo, el alcance limitado del borrador significa que esta es una oportunidad perdida, ya que en su forma actual solo el 1% de todas las empresas de la UE estarían obligadas a verificar que su negocio cumpla con los derechos humanos y los estándares ambientales”.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, en los que se basa esta propuesta de legislación, establecen explícitamente que las responsabilidades de diligencia debida se aplican a “todas las empresas comerciales, tanto transnacionales como de otro tipo, independientemente de su tamaño, sector, ubicación, propiedad y estructura”.
La propuesta también amenaza con restringir el acceso a reparación para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas al permitir que las empresas transfieran sus responsabilidades a los socios comerciales utilizando garantías contractuales.
Sin embargo, el borrador representa un primer paso importante hacia el establecimiento de principios clave en la ley: que las empresas deben llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus cadenas de valor globales; y que pueden ser demandados por los daños resultantes del incumplimiento de estas obligaciones de diligencia debida.
“Los colegisladores de la UE deben fortalecer esta propuesta, extendiéndola a una gama de negocios tan amplia como sea posible y eliminando las lagunas para evitar la responsabilidad. Solo entonces veremos que las empresas de toda la UE deben rendir cuentas por los derechos humanos y el impacto ambiental de su actividad”.
Antecedentes
La propuesta de la Comisión de la UE sobre diligencia debida corporativa solo afectará a empresas con más de 500 empleados y 50 millones de euros de facturación neta y empresas en sectores de "alto impacto" con más de 250 empleados y 40 millones de euros de facturación. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) quedarían totalmente excluidas.
Amnistía Internacional se ha sumado a los llamamientos para que la UE establezca requisitos intersectoriales claros, sólidos y exigibles para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente y actúen con la diligencia debida.>
