Ante la primera opinión consultiva internacional del Tribunal Internacional de Derecho de Mar hecha pública hoy, que sostiene que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero constituyen contaminación del entorno marino que los Estados tienen el deber específico de prevenir, reducir y controlar, Mandi Mudarikwa, directora de Litigio Estratégico de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Cuando las temperaturas de los océanos del mundo alcanzan los valores máximos desde que existen registros, los daños que el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero están causado a los entornos marinos y a los derechos de las personas son desastrosos. Los mares y los océanos absorben grandes cantidades de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el uso de combustibles fósiles, pero se están sobrecalentando, con efectos negativos para la vida marina y los ecosistemas de los que dependen millones de personas.
“El aumento de las temperaturas marinas también está acelerando el deshielo de los casquetes polares y elevando el nivel del mar, lo que supone una amenaza para la existencia de los pequeños Estados insulares que solicitaron la opinión del tribunal, así como para los derechos humanos de cientos de millones de personas que viven en ciudades y comunidades costeras.
“La trascendental opinión del tribunal exige que los 169 Estados que son partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tomen medidas, entre ellas prever los riesgos relacionados con el cambio climático y conservar los recursos marinos vivos a los que amenaza. Es probable que este precedente jurídico se tome en cuenta en las causas de justicia climática que se incoen en el futuro en tribunales nacionales, regionales e internacionales.
“Es esencial la eliminación de todos los combustibles fósiles, de forma urgente, completa, equitativa y para siempre, y una transición financiada a fuentes de energías renovables, en la que los Estados que tienen más responsabilidad en las emisiones tomen la iniciativa, tanto en la reducción de las emisiones como en la aportación de financiación climática a los países de bajos ingresos para que mitiguen, se adapten y hagan frente a los efectos negativos de la crisis climática”.
Información complementaria
El Tribunal Internacional de Derecho de Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), está integrado por 21 jueces y juezas elegidos de todas las regiones del mundo. La petición de su opinión consultiva fue cursada el año pasado por la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional, un grupo de nueve países, para evaluar las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, un tratado global. Los pequeños países insulares sólo han contribuido en una proporción mínima a las emisiones globales de gases de efecto invernadero pero se encuentran entre los Estados que corren más riesgo a causa del cambio climático.
Es probable que esta decisión se tome en cuenta en las opiniones consultivas que se esperan de la Corte Internacional de Justicia, tras una campaña encabezada por estudiantes de Oceanía, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
