Las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, las limitaciones a la libertad de expresión, la vigilancia de periodistas y activistas críticos con el Gobierno o con el Rey de Marruecos, las políticas sobre control migratorio que siguen vulnerando los derechos de menores no acompañados, así como las vulneraciones de los derechos de las mujeres y personas LGBTI son algunas de las preocupaciones que Amnistía Internacional ha planteado al Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez ante su inminente viaje a Marruecos.
Amnistía Internacional espera que el Presidente del Gobierno español aproveche este viaje para que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta de una forma relevante y eficaz, y deje de ser un tema residual en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos países.
Sáhara Occidental
Tras romperse el alto el fuego en la zona el pasado mes de noviembre, se ha incrementado la presión contra las personas que defienden los derechos humanos, contra quienesapuestan pacíficamente por la celebración de un referéndum para la autodeterminación del territorio del Sáhara Occidental, o contra quienescritican la gestión de los recursos naturales de dicho territorio por parte de Marruecos. Una presión que ha provocado que seincrementen arrestos, detenciones y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
Desde noviembre de 2020, Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad marroquíes contra varias decenas de personas defensoras de los derechos humanos saharauis (periodistas, activistas, incluso menores), incluidos siete casos de tortura u otros malos tratos, tres allanamientos domiciliarios, dos arrestos domiciliarios de facto y nueve casos de arrestos, detenciones y hostigamiento de personas en relación con el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y reunión.
Algunos de sus supuestos delitos fueron haber publicado en Facebook y en medios de comunicación artículos críticos contra las autoridades marroquíes o el Rey de Marruecos, ondear la bandera saharaui en sus hogares o participar en protestas pacíficas. Es el caso, entre otros, de Essabi Yahdih, periodista saharaui y director de la empresa online Algargarat Media, detenido en su lugar de trabajo en mayo de 2021. Le acusaron de filmar cuarteles militares en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental, y el 29 de julio fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa.
Por otro lado, el territorio del Sáhara Occidental y los campamentos del Frente Polisario, en el Tinduf (Argelia), siguen siendo inaccesibles para las organizaciones de derechos humanos, lo que dificulta la vigilancia de los abusos. Y aunque, en el pasado mes de octubre, la ONU renovó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental –MINURSO–, éste sigue sin contar con un componente de derechos humanos.
“Es imprescindible que en la visita que Pedro Sánchez a Marruecos, se impulse el respeto por el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica en el Sáhara Occidental, y que para ello se revoquen leyes que penalizan actividades relacionadas con estos derechos, que no se utilice el uso excesivo de la fuerza para controlar manifestaciones, que se permita el registro de organizaciones independientes que puedan investigar las violaciones de derechos humanos en la zona, y que se deje de intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos, además de procesarlos por cargos de aparente motivación política”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Uso de vigilancia digital para reprimir a la disidencia
En julio de 2021, junto con la coalición Forbidden Stories, Amnistía Internacional reveló que las autoridades marroquíes seguían usando ampliamente la aplicación espía Pegasus de NSO Group, de la que habían sido y estaban siendo blanco periodistas, activistas y figuras políticas de origen francés y marroquí, como es el caso de Hicham Mansuri, periodista marroquí exiliado en Francia, lo que violaba su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
“Es urgente que Marruecos deje de utilizar la vigilancia digital para reprimir y hostigar a activistas y periodistas”
Amnistía Internacional desde 2019 lleva poniendo el foco en casos como el de Omar Radi, periodista independiente que ha criticado a menudo el historial de derechos humanos del gobierno marroquí, y que fue sometido a este tipo de vigilancia ilegal, lo que llevó a su detención el 29 de julio de 2020. En julio de 2021, Omar Radi fue condenado a seis años de prisión por cargos de espionaje y por una acusación de violación a una mujer en un juicio que incumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Entre otras cosas, se le negó el derecho a ver e impugnar cada prueba utilizada en su contra. Su causa se debía haber vuelto a ver por un tribunal el pasado 3 de marzo de 2022, algo que aún no ha pasado.
“Es urgente, que Marruecos deje de utilizar la vigilancia digital para reprimir y hostigar a activistas y periodistas. Y en casos como el de Omar Radi, que lleva la mayor parte de su encarcelamiento en régimen de aislamiento, es necesario que se le conceda un recurso de apelación justo, de conformidad con las normas internacionales de imparcialidad procesal, y se le garantice de manera inmediata la oportunidad de que un tribunal revise su detención”, señaló Esteban Beltrán.
Control migratorio con respeto de los derechos humanos
Amnistía Internacional insta también al Ejecutivo español a revisar la cooperación con Marruecos para garantizar que sus políticas de control migratorio tienen como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Y se pone fin a las devoluciones en caliente, consideradas ilegales por el derecho internacional, especialmente las que conciernen a menores no acompañados.
Marruecos haseguido cooperando con la Unión Europea para impedir la entrada irregular en Europa de personas migrantes. Coneste objetivo durante todo el año 2021, las autoridades marroquíes detuvieron y recluyeron arbitrariamente a personas migrantes y solicitantes de asilo, deportaron a algunas a su país de origen y expulsaron a otras a zonas del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en zonas cercanas a los pasos fronterizos o en rutas migratorias a Europa como Nador, Ujda y El Aaiún, las autoridades marroquíes también allanaron las viviendas y los campamentos de ciudadanos y ciudadanas subsaharianos; en algunos casos, quemaron sus pertenencias o los desalojaron por la fuerza de sus refugios improvisados.
Entre abril y mayo de 2021, al menos 3 migrantes no identificados y 9 hombres marroquíes murieron en intentos de llegar a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde territorio marroquí. En mayo, de las más de 8.000 personas que pasaron irregularmente de Marruecos a Ceuta, la mayoría eran marroquíes, y entre ellas había al menos 2.000 menores no acompañados. Los guardias marroquíes dejaron pasar a todas estas personas por sus puestos de control, pero 2.700 fueron devueltas de forma ilegal y colectiva a Marruecos por parte de las autoridades españolas. En agosto, Amnistía Internacional registró la devolución de 55 menores no acompañados por parte de las autoridades españolas, hecho que los tribunales españoles declararon ilegal paralizándose las expulsiones. Poco después, el Presidente del Gobierno reiteró la intención de su gobierno de continuar expulsando a menores no acompañados a Marruecos.
Leyes discriminatorias
Por último, Amnistía Internacional ha pedido también a Pedro Sánchez que en el marco de esta reunión interceda para que, entre otros temas, se aborden reformas legislativas que despenalicen de manera urgente el aborto en el país y eliminen leyes que siguen discriminando a las mujeres como en el caso de los matrimonios infantiles. Y se reforme también, el artículo 489 del Código Penal para que las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo dejen de ser consideradas un delito.
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