En respuesta a la reciente aprobación en primera lectura del proyecto de Código Penal en la República Dominicana, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por el mantenimiento de la penalización del aborto voluntario.
La República Dominicana es uno de los pocos países del mundo con una prohibición absoluta del aborto, incluso cuando se trata de embarazos que son consecuencia de violencia sexual. El proyecto no reconoce ni respeta la autonomía reproductiva de las mujeres ni ofrece garantías suficientes para que el personal profesional de salud realice un aborto sin estar expuesto a la criminalización.
"Al mantener la penalización del aborto, el Senado dominicano perpetúa un ciclo de violencia y discriminación que condena a innumerables mujeres, niñas y personas embarazadas a la clandestinidad y a un sufrimiento innecesario, y mucho más a quienes viven en pobreza" dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La despenalización del aborto es una cuestión de salud pública, pero sobre todo de justicia e igualdad”
El aborto es un derecho humano y penalizarlo sólo crea condiciones de inseguridad que afectan desproporcionalmente a las mujeres y niñas que ya enfrentan desigualdades estructurales, especialmente aquellas con menores ingresos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro sigue siendo una de las principales causas de muerte y morbilidad materna alrededor del mundo. En la República Dominicana, que registra una inaceptable cantidad de muertes maternas, se estima que al menos 1 de cada 10 estarían relacionadas con abortos inseguros. Por su parte, en lugares como Argentina, donde el aborto se ha despenalizado y regulado como derecho y servicio de salud esencial, la mortalidad materna relacionada con abortos se ha reducido hasta en un 53%.
Amnistía Internacional insta a las y los senadores Santiago Zorrilla, Dionis Sánchez, José del Castillo, Yván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genoa y Lía Díaz de Díaz, quienes componen la comisión especial que estudiará el proyecto del Código antes de su segunda y última votación, a asegurar que la propuesta respeta las obligaciones internacionales del Estado dominicano, incluyendo el respeto y protección del derecho a la vida y a la salud de mujeres, niñas y personas que pueden embarazarse. Para ello, la formulación y el debate del proyecto del Código Penal deberán conducirse junto a organizaciones y personas expertas en salud sexual y reproductiva, con base en evidencia científica y enfoque de derechos humanos.
"El Senado de la República Dominicana tiene la oportunidad de rectificar una injusticia histórica con mujeres, niñas y las personas que pueden embarazarse. La despenalización del aborto es una cuestión de salud pública, pero sobre todo de justicia e igualdad," concluyó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
