Las autoridades polacas deben poner fin a la investigación sobre la conducta de una médica que practicó un aborto legal en una fase avanzada del embarazo y tomar medidas para garantizar su seguridad tras los ataques físicos y en línea que ha recibido, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una declaración publicada hoy.
Gizela Jagielska se enfrenta a un posible encausamiento y a una pena de prisión de hasta ocho años por practicar legalmente un aborto a una mujer en un hospital de Oleśnica, en el sur de Polonia, en octubre de 2024, alegando que el embarazo suponía una amenaza para su salud.
“El aborto forma parte de los servicios integrales de salud sexual y reproductiva y, como atención de la salud esencial, no debe ser tratado como un delito”, declaró Mónica Costa Riba, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional en materia de derechos de las mujeres.
“En lugar de investigar la conducta de la doctora Jagielska, las autoridades polacas deben investigar los ataques que ha sufrido desde que se anunció la investigación y tomar medidas para proteger su seguridad. El Ministerio de Salud también debería investigar las escandalosas trabas que se pusieron a la mujer embarazada y que le impidieron acceder a la atención médica urgente y oportuna que necesitaba antes de llegar a la doctora Jagielska.”
“Las autoridades polacas deben poner fin a la demonización de las mujeres que solicitan abortos y del personal sanitario que los practica. Deben modificar urgentemente la legislación del país para despenalizar totalmente el aborto y garantizar el acceso al aborto a todas las personas que lo necesiten en la práctica, sin discriminación alguna.”
Información complementaria
La legislación polaca en materia de aborto es una de las más restrictivas de Europa. Sólo se permite el aborto si se practica para proteger la vida o la salud de la persona embarazada o porque el embarazo es el resultado de una violación. Incluso en las situaciones en que el aborto es legal en Polonia, hay múltiples obstáculos que se combinan para limitar gravemente el acceso a él en la práctica.
En este caso, el feto padecía la forma más grave de osteogénesis imperfecta, un trastorno óseo congénito, y si el embarazo hubiera continuado, el bebé habría fallecido poco después del nacimiento. En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia, cuya independencia está en entredicho, falló eliminar la base legal para los abortos en casos de malformaciones fetales graves o mortales.
El 9 de abril de 2025, la Fiscalía del distrito de Oleśnica anunció que iba a abrir una investigación sobre la conducta de la doctora Jagielska en virtud del artículo 152 del Código Penal polaco (por practicar un aborto fuera del ámbito de la legislación polaca sobre el aborto).
El 16 de abril de 2025, Grzegorz Braun, miembro del Parlamento polaco y del Parlamento Europeo, irrumpió en el hospital donde trabaja la doctora Jagielska con el fin de someterla a un “arresto ciudadano”, y le impidió físicamente abandonar su consulta. Desde el anuncio de la Fiscalía, la doctora Jagielska ha sido objeto de agresiones físicas y verbales, amenazas, difamación e intimidación, tanto en persona como en línea, incluyendo incitaciones a la violencia contra ella.
