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Polonia: No debe aprovecharse el coronavirus para aprobar la prohibición del aborto y leyes sobre educación sexual retrógradas

©Grzegorz Żukowski/Amnesty International

Ante el debate que va entablarse en el Parlamento polaco sobre dos draconianos proyectos de ley con los que se intenta prohibir el acceso al aborto y penalizar la educación sexual a la vez que se equipara la homosexualidad a la pedofilia, Draginja Nadazdin, directora de Amnistía Internacional Polonia, ha manifestado:

“Intentar aprobar estas leyes absolutamente retrógradas sería vergonzoso en cualquier momento, pero apresurarse a hacerlo ahora, aprovechando la crisis de COVID-19, es intolerable.

“Las nuevas leyes fomentarían el miedo y la ignorancia y restringirían aún más el acceso de las mujeres al aborto en un país cuya legislación sobre él es una de las más restrictivas de Europa.

“No sólo pondrían en peligro la salud y la vida de las mujeres y las niñas, sino que también obstaculizarían el acceso de las personas jóvenes a la información que necesitan para mantener relaciones sexuales sanas.

“En un país donde los derechos sexuales y reproductivos están ya limitados excesivamente, la educación sexual es esencial para ayudar a las personas jóvenes a tomar decisiones sobre asuntos como el consentimiento, los anticonceptivos y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Es fundamental, por tanto, que el Parlamento polaco rechace estos retrógrados proyectos de ley.”

Información complementaria

Al haberse programado el debate sobre estos dos proyectos de ley durante la pandemia de COVID-19, es imposible organizar protestas en la calle. Es por ello que va a celebrarse esta novedosa “protesta virtual del confinamiento”.

Ambos proyectos de ley son “iniciativas ciudadanas”. Si se aprobarán, el primero limitaría el aborto, y el segundo, lanzado por grupos anti-LGBTI, convertiría en delito, punible con hasta tres años de prisión, impartir educación sexual a menores de 18 años, e incluso promoverla.

El Parlamento, formado tras las elecciones de octubre de 2019, está obligado por ley a examinar las “iniciativas ciudadanas” pendientes en el plazo de seis meses a partir de su formación, es decir, antes de mayo de 2020.

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