Madrid.- La víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Amnistía Internacional denuncia reformas legislativas, prácticas y políticas discriminatorias de las autoridades hacia personas extranjeras porque pueden vulnerar derechos humanos y suponen un paso atrás en la lucha contra el racismo.
La actual crisis económica es la excusa que han utilizado las autoridades, como advirtió el relator especial de Naciones Unidas sobre racismo, discriminación y xenofobia en su última visita a España de enero de 2013, para emprender un retroceso en relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, haciendo especial mención a migrantes y solicitantes de asilo. Algunas de estas prácticas discriminatorias persisten desde hace años sin que hayan sido abordadas por las autoridades.
“Es crucial que España convierta en una prioridad la agenda de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia”, aseguró el relator de Naciones Unidas, propuesta que Amnistía Internacional comparte plenamente y lleva años exigiendo.
Las políticas emprendidas por las autoridades pueden suponer violaciones de derechos humanos -en el caso del acceso a la salud de personas extranjeras-, criminalización de la inmigración -persiste y se aprecia en los controles de identidad con sesgo racial y en la detención e internamiento de personas inmigrantes en situación administrativa irregular de forma generalizada-, penalización de la hospitalidad -con la reforma del nuevo Código Penal que incluirá sanciones contra quienes acojan a inmigrantes en situación irregular- y discriminación de minorías étnicas y religiosas en el ámbito del empleo, la vivienda, la educación o incluso en en el ejercicio de su libertad religiosa -se aprecia en las restricciones del uso del hiyab y obstáculos los para la apertura de centros de culto-.
En ocasiones, las personas extranjeras están también en el punto de mira y desde diversos ámbitos se les acusa de ser la causa de la grave situación económica, el aumento del paro y las restricciones que sufren personas españolas. Esta estigmatizacion, así como el estereotipo que identifica inmigrante con delincuente, son consecuencia de la ausencia de una estrategia clara y visible que combata el racismo y la xenofobia en la sociedad española.
Nuevas políticas discriminatorias
Amnistía Internacional considera que el Real Decreto Ley adoptado por el gobierno y que entró en vigor en septiembre pasado, por el cual la atención sanitaria gratuita de las personas migrantes mayores de edad en situación irregular se limita a urgencias y atención al embarazo, parto y posparto podría ser discriminatorio porque restringe el derecho humano de acceso a la salud. Lamenta igualmente que las autoridades hayan acudido a argumentos como “el abuso del sistema de salud por parte de extranjeros” o a conceptos como “turismo sanitario” para limitar un derecho humano.
La organización también da la voz de alarma frente a la penalización de la hospitalidad, algo que aparece recogido en la nueva reforma del Código Penal y que supondrá una barrera más al disfrute de los derechos humanos de las personas migrantes. Sancionar a quienes pretender ayudar a las personas migrantes en situación irregular no sólo puede acarrear una mayor vulnerabilidad de los y las migrantes, sino conducir al aumento del rechazo y los prejuicios hacia estas personas
Prácticas discriminatorias persistentes
La criminalización de la inmigración sigue siendo el resultado de una política migratoria que prima el control migratorio por encima de los derechos de las personas migrantes. No hay medidas que garanticen que los agentes de policía no realizan controles de identidad con sesgo racial. Tampoco el gobierno está proporcionando datos que permitan comprobar el cumplimiento de una medida adoptada el año pasado que prohibía las actuaciones masivas discriminatorias. Al contrario, algunas organizaciones denuncian que las personas son paradas por las fuerzas de seguridad cuando van a trabajar, en la calle, simplemente por sus rasgos étnicos.
Continúa también la detención e internamiento de manera generalizada de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, sin que hayan cometido delito alguno. Además, se denuncia que las condiciones en los Centros de Internamiento para Extranjeros no son las adecuadas, continúa la falta de control frente a violaciones de derechos humanos que podrían producirse en su interior, el internamiento de mujeres que podrían ser víctimas de trata -no son previamente identificadas- o la falta de contactos de los internos con el exterior. Suscita preocupación que personas refugiadas no tengan acceso a un procedimiento de asilo adecuado y que pueda estar internándose a menores cuya mayoría de edad no haya podido ser demostrada.
Además, persiste la discriminación a las minorías religiosas. Esta discriminación se manifiesta en las restricciones que sufren las personas musulmanas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y religión, con impacto mayor en mujeres y niñas. Algunos ayuntamientos y edificios públicos han prohibido el uso del velo integral en sus instalaciones, a pesar de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo lo ha cuestionado. Estas restricciones han afectado también a menores que han tenido que cambiar de escuela por llevar el velo islámico. Por último, se han registrado casos en los que son evidentes los obstáculos para la apertura de centros de culto, incluyendo moratorias o denegaciones de licencias debido a las protestas vecinales.
El racismo es invisible en España
Sigue sin existir en España un diagnóstico sobre la situación del racismo y la discriminación. España sigue sin recoger y publicar de manera oficial, periódica y sistemática datos sobre incidentes racistas y casos de discriminación. Sin esos datos, no es posible diseñar políticas efectivas para combatir la discriminación.
En 2011 una red de ONGs -la Red de Víctimas del Consejo para la Igualdad de Trato- asistió 253 casos colectivos de discriminación y 337 casos individuales, más de la mitad de estos últimos se producían en el ámbito público. Sin embargo, la capacidad de la Red y del Consejo es limitada por falta de recursos, independencia y por la limitación de un mandato que no permite a este organismo litigar o investigar casos de discriminación. La actividad de la Red ha estado prácticamente parada durante el año 2012.
Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España sólo recoge datos sobre incidentes racistas de manera limitada. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en el año 2012 se identificaron 224 incidentes racistas y/o xenófobos. Estas cifras no recogen otras formas de discriminación que sí se registran en otros países europeos –como la islamofobia o el antisemitismo- y proporcionan información limitada en la medida que no existe un protocolo que obligue a las fuerzas de seguridad a identificar y recoger los incidentes discriminatorios.
Amnistía Internacional teme que la mayor parte de los incidentes discriminatorios no están siendo denunciados, identificados o registrados. Sin ello, no es posible una investigación efectiva ni por tanto proporcionar un recurso y reparación adecuado a las víctimas.
La organización denuncia la falta de voluntad política para que esta situación cambie. Al contrario, las últimas medidas de las autoridades suponen un paso atrás y contribuyen a alimentar el racismo y la discriminación. Por ello presenta una Agenda De Derechos Humanos a las autoridades y exige que la lucha contra el racismo y la xenofobia se conviertan en una prioridad.
