“España puede avanzar en el reconomiento de todas las víctimas o continuar sin hacerlo”Fotis Filippou
Nuevo Informe de Amnistía Internacional
“Afrontar el pasado para construir el futuro”
Las víctimas de ETA
Hay muchas víctimas de ETA que aún no han sido identificadas
Las víctimas de otros grupos armados
La impunidad sigue siendo generalizada en relación a los crímenes cometidos por otros grupos armadosUn informe del gobierno vasco señala que el 37% de estos casos de los GAL estaría aún sin esclarecer.La negación sistemática de la tortura
Por parte del gobierno central queda todo por hacerInstituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI)4.009 personas que alegaron haber sufrido torturas o malos tratos entre 1960 y 2013
Legislación antiterrorista y política penitenciaria
Agenda de Derechos Humanos para el País Vasco
Agenda de Derechos humanos para el País Vasco
- Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del BVE. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer.
- Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos, y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista.
- Garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente. Para ello, debe realizarse una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos.
- Continuar avanzando en las iniciativas que ya están en marcha en el País Vasco sobre la sistematización de toda la información disponible de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. Y que el Gobierno central también recoja datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.
- Revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.
- Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
