Ninguna restricción que pretenda justificarse en función de la seguridad nacional será legítima a menos que su verdadero propósito y efecto demostrable sea el de proteger la existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la amenaza de uso de la fuerza [énfasis añadido], o su capacidad para responder al uso o la amenaza de uso de la fuerza, ya sea proveniente de una fuerza exterior, por ejemplo una amenaza militar, o de una fuente interior, como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.
Información complementaria
- Delitos contra la monarquía
En los últimos años, periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos han sido procesados y, en algunos casos, condenados a prisión por expresar pacíficamente sus críticas a la monarquía.
Medios de comunicación independientes que han publicado información considerada ofensiva para el rey o la familia real sufrieron golpes muy duros durante el mes de octubre. El 26 de octubre, el mismo tribunal que condenó a Idriss Chahtane declaró culpables de cargos similares al editor y a un periodista del diario Jarida Al-Oula, que también había publicado un artículo sobre la salud del rey. Les impuso condenas condicionales de prisión y una multa. Varios días después, el 30 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca dictó sentencias condenatorias contra el director y un dibujante del diario Akhbar Al-Youm en dos causas penales separadas. En uno de los pleitos, entablado contra ellos por el príncipe Ismail, a quien el periódico había representado en una viñeta con la bandera marroquí de fondo, el tribunal los declaró culpables de varios cargos en aplicación del Código de Prensa y les impuso condenas condicionales de tres años de cárcel y una multa por ofensas a un miembro de la familia real. Asimismo el tribunal les ordenó pagar tres millones de dirham (unos 391.550 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios. En la otra causa les fueron impuestas condenas condicionales de un año de cárcel y elevadas multas por “ofensas a la bandera nacional” en aplicación del artículo 267.1 del Código Penal. El diario Akhbar Al-Youm continuó cerrado en virtud de una orden cursada por el primer ministro a finales de septiembre tras la publicación de la viñeta.
El propio Idriss Chahtane, junto con Mustafa Addari, jefe de la sección de Jenifra de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, fue declarado culpable de difamar a una poderosa familia local el 27 de octubre. Las acusaciones se basaban en una entrevista a Mustafa Addari publicada en Almichaal en noviembre de 2008 con el título “Los escándalos de las tías del rey”. Fueron condenados el 27 de octubre a penas condicionales de tres meses de cárcel y a pagar elevadas multas así como daños y perjuicios al demandante.
La legislación marroquí contiene varias disposiciones, tanto en el Código Penal como en el Código de Prensa, que establecen penas de hasta cinco años de prisión y elevadas multas por “delitos” contra la persona del rey o su familia o por “menoscabar la monarquía”. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades marroquíes que eliminen todos estos impedimentos a la libertad de expresión.
- La situación del Sáhara Occidental
La situación del Sáhara Occidental, territorio anexionado por Marruecos en 1975, sigue siendo tabú para las autoridades marroquíes, que muestran escasa tolerancia con quienes se expresan públicamente a favor de la independencia del Sáhara Occidental. Las visitas familiares entre el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, se realizan bajo los auspicios del ACNUR y activistas saharauis ya han visitado Argelia en ocasiones anteriores. Sin embargo, era la primera vez que estos siete activistas saharauis visitaban los campamentos de Tinduf.
Desde la visita a los campamentos de Tinduf han proliferado los informes de acoso a activistas y defensores de los derechos humanos saharauis, incluidas violaciones de su derecho a la libertad de circulación, actos de intimidación verbal y amenazas, aumento de la vigilancia, medidas para impedir que los activistas se reúnan con observadores extranjeros y confiscación de documentos de viaje.
Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades marroquíes que adopten medidas concretas para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión de todos los saharauis y que permitan a los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis recoger y difundir información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser procesados, hostigados o intimidados. Son derechos consagrados en el derecho internacional, principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Marruecos es Estado Parte, y en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.
