- La situación de detención en que continúan unos 700 presos y presas políticos, entre ellos al menos 15 condenados a penas de hasta 9 años y medio de prisión;La política oficial de tomar a familiares y amigos como “rehenes” para obligar a entregarse a otras personas.
- Las muertes bajo custodia por brutales palizas y otras formas de tortura.
- Las atroces condiciones de detención, con negación de alimentación adecuada, agua e instalaciones sanitarias, así como mantenimiento de las personas detenidas en “celdas para perros”.
- Las desapariciones forzadas que se han producido desde el inicio de la represión (las autoridades no han respondido del paradero de al menos 72 personas).
- El hecho de que las autoridades myanmaras no hayan dado cuenta del número de personas muertas durante la represión.
- La evidencia de la presencia en los puentes y sobre los camiones del ejército de tiradores que disparaban con fuego real contra los manifestantes, matando al menos a dos estudiantes e hiriendo gravemente a otros.
- La negación del acceso de las ambulancias a las víctimas en las calles durante las manifestaciones de septiembre y la orden dada a los centros médicos privados de no atender a los heridos.
Nuevos indicios de detenciones masivas, toma de rehenes, muertes bajo custodia y desapariciones
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