No se debe ceder a las presiones que quieren imponer la pena de muerte
15 de febrero de 2013
condenar a muerte a las personas declaradas culpables por su tribunal de crímenes de guerragenocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidadCrímenes Internacionales dictó su primera sentencia in absentia el 21 de enero de 2013, condenando a muerte a uno de los acusados, Abul Kalam Azad, por crímenes contra la humanidad. La defensa de Azad tiene intención de apelar la sentencia. El 5 de febrero, el Tribunal condenó a Abdul Quader Molla, destacado miembro del partido opositor Jamaat-e-Islami, a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Esta segunda sentencia provocó protestas masivas en todo Bangladesh, en las que decenas de miles de personas se concentraron en Dacca pidiendo la pena de muerte para Molla. Los activistas de la oposición consideraron que en ambos casos el Tribunal había actuado por motivos políticos. Actualmente el TCI juzga a otras siete personas, todas miembros de partidos políticos de oposición. “El Tribunal de Crímenes Internacionales es una oportunidad histórica para terminar con más de 40 años de impunidad para los terribles delitos perpetrados durante la guerra de independencia de Bangladesh”, ha dicho Faiz, que ha añadido: “Las víctimas merecen justicia, pero también deben respetarse los derechos humanos de los acusados. La solución no es imponer la pena de muerte, una violación de estos derechos”. “El gobierno no debe utilizar su mayoría parlamentaria para cambiar la ley de manera que se pueda pedir la pena de muerte al Tribunal Supremo”. “En este momento es preciso abordar estos juicios de forma tranquila y meditada si queremos que con ellos se haga justicia y se contribuya a garantizar el resarcimiento de las víctimas de las violaciones de derechos humanos a gran escala de 1971. El gobierno debe velar por que el TCI mantenga su independencia y no se vea presionado por la opinión pública y las autoridades para dictar las sentencias que éstas desean”. Amnistía Internacional también ha recibido preocupantes informes de amenazas contra personas que criticaban al TCI y que pueden estar en peligro de sufrir actos de violencia en represalia. “Es absolutamente fundamental que el gobierno garantice que las personas que critican al TCI reciban protección y no deban temer por su seguridad por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Faiz. “La gente debe poder expresar libremente sus opiniones sobre estos juicios sin sufrir acosos ni intimidaciones y sin temor a las represalias". Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, en todos los casos sin excepción e independientemente del carácter o las circunstancias del delito, por considerarla una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante. La Corte Penal Internacional y el resto de los tribunales penales internacionales creados desde 1993 han excluido la pena de muerte como castigo para el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.
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