Colectivos especialmente vulnerables
Medidas que no pueden esperar
- La Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia anunciada hace 8 años. Una estrategia que debe contar con la colaboración de la sociedad civil, con recursos suficientes para su aplicación efectiva, en coordinación con los gobiernos autonómicos y locales. Debe incluir medidas relativas a medios de comunicación, lugares de trabajo, sanidad, educación, vivienda, prestaciones sociales y en el acceso a los locales de entretenimiento, y dedicar especial atención a colectivos especialmente vulnerables como la comunidad gitana y el colectivo de mujeres por estar muchas veces sometidas a una doble o triple discriminación. Igualmente, la estrategia debe incluir medidas que prevengan la tortura y los malos tratos con motivación racista en las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.
- Organismos especializados e independientes para luchar contra el racismo. Amnistía Internacional lamenta que el Consejo para la Igualdad de Trato, desde su creación en el 2003, no esté funcionando. Y que el Observatorio contra el Racismo, desde su puesta en marcha en 2006, todavía no publique estadísticas periódicas sobre víctimas de racismo, ni haya iniciado labores de formación a sectores claves como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Un plan de formación continuada sobre lucha contra el racismo y el principio de no-discriminación, entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, dirigido a jueces, fiscales y demás personas integrantes de la administración de justicia.
- Medidas específicas para luchar contra la discriminación que sufre la comunidad gitana.
- La retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 30 de julio, sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación administrativa irregular.
- Una reforma de la ley de extranjería que garantice el acceso de los inmigrantes a todos sus derechos humanos, independientemente de su situación administrativa en España, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional.
- La firma y ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
