Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas quedarían en la impunidad

Mujeres peruanas leyendo un informe de Amnistía Internacional sobre Perú, en febrero de 1985. © AI

29 de enero de 2014

Después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los 90 ven ahora su derecho a la justicia negadoFiscalía Penal Supraprovincial de Lima el pasado 22 de enero de presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casosproseguir únicamente con una denuncia contra el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez a consecuencia de una esterilización forzada en 1998Durante el gobierno de Alberto Fujimori se implementó un programa de planificación familiar que habría formado parte de una política de control demográfico orientada a los sectores más pobres.Además, muchas no habrían recibido el cuidado postoperatorio necesario y sufrieron como consecuencia problemas de salud y 18 de ellas perdieron la vida.La investigación fiscal sobre el uso de esterilizaciones forzadas comenzó en 2004 y fue inicialmente archivada en 2009inacción y la falta de recursosEn 2003 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación determinó que las personas más afectadas por los abusos de derechos humanos fueron aquellos que pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres indígenas y campesinasEs urgente que las autoridades del Perú revisen esta aberrante decisión y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos

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