La liberación de Erkin Musaev, funcionario de Naciones Unidas en Uzbekistán, acusado de espionaje y condenado a 20 años de prisión tras 3 juicios injustos en los que se admitieron como prueba confesiones conseguidas bajo tortura.
La conmutación de la pena de muerte de Moses Akatugba, nigeriano detenido cuando tenía 16 años como sospechoso de un atraco a mano armada, algo que él afirma no haber cometido. Pasó tres meses bajo custodia policial y confesó tras haber sido brutalmente torturado. Ha sido condenado a muerte.
La excarcelación de Chelsea Manning, una soldado estadounidense que se halla cumpliendo una condena de 35 años de prisión por haber filtrado material reservado del Gobierno al sitio web Wikileaks. Sus condiciones de reclusión han sido calificadas por el relator especial de la ONU sobre Tortura como crueles e inhumanas.
Algunos logros de la campaña en 2013activistas y sYorm Bopha,Vladimir Akimenkov Mikhail Kosenko
30º aniversario de la Convención contra la Torturabre coincide con el 30 aniversario de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura. A pesar del avance innegable que supuso, Estados de todo el mundo todavía detienen y torturan a persona para obtener falsas confesiones, por supuestamente haber cometido un delito, o por sus opiniones."Lamentablemente, en este aniversario, Amnistía Internacional tiene que seguir denunciando cómo muchos Gobiernos han traicionado sus compromisos para acabar con la tortura. La tortura sigue viva, en algunos países de forma habitual y sistemática, y en otros en casos aislados", señaló Esteban Beltrán.En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países. Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En 2014, en al menos 79 de ellos siguen apareciendo casos de tortura. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo. Amnistía Internacional pide a los Gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y e
La tortura en España. Oportunidades perdidas en 2014Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, se siguen perdiendo oportunidades para que las víctimas de tortura sean protegidas” manifestó Esteban Beltrán.Amnistía Internacional sigue denunciando la existencia del régimen de incomunicación para personas acusadas de “terrorismo”, lo que propicia este tipo de prácticas; malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones; o las devoluciones o extradiciones de personas a sus países de origen sin tener en cuenta si pueden tener riesgo de sufrir malos tratos o tortura a su regreso. Esta situación podría agravarse con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está a punto de aprobarse en el Parlamento y que puede legalizar las “expulsiones en caliente”.Sólo en 2014, se ha perdido la oportunidad de controlar el uso de la tortura en España:
En la última reforma del Código Penal, no se ha tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.
Los sucesivos Gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, no son a través de mencanismos independientes, y en muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables. Algo que se obstaculiza aún más en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
El actual Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito tampoco menciona a las víctimas de delitos de tortura o malos tratos, no establece mecanismos de reparación para este tipo de víctimas, y no contempla ayudas públicas para su recuperación y rehabilitación.
