Un gobierno no puede permitir que una persona se quede en la calle como consecuencia de un desalojo si no tiene medidas para proveerse de otra vivienda, que cientos de miles de personas vean en peligro su acceso a la atención sanitaria gratuita o que quienes estén en contra de las medidas que toma ese mismo Gobierno, no puedan manifestarse pacíficamente para protestar
- Modifique el Real Decreto-Ley 16/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las personas, con independencia de su situación administrativa.
- Garantice que los desalojos se llevan a cabo como último recurso, establezca las necesarias salvaguardias de derechos humanos que deberán cumplirse en el marco de los mismos y prohíba los desalojos forzosos, es decir, aquellos que nos las respetan.
- Haga cumplir a las fuerzas de seguridad del Estado las normas internacionales sobre la actuación de la policía, y garantice investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y asegure que los agentes de policía van identificados de manera visible.
- No adopte limitaciones al derecho a la manifestación pacífica, ni realice declaraciones que estigmatizan a colectivos que reivindican legítimamente sus derechos.
- No ponga en marcha cambios legislativos sin consultar con la sociedad civil, como los que sugiere el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que pueden suponer trabas adicionales al derecho de reunión pacífica.
