Según ahora se cree, cinco hombres están en peligro inminente en Singapur, por lo que las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos a las autoridades singapuresas que detengan inmediatamente todas las ejecuciones. Además, instamos al gobierno de Malasia a que tome todas las medidas posibles para proteger los derechos de sus nacionales en riesgo de ejecución en Singapur y presione para que se ponga fin totalmente a la pena de muerte, tanto en el país como en el ámbito internacional.
Entre quienes corren riesgo inminente de ejecución figuran Datchinamurthy a/l Kataiah, Pannir Selvam Pranthaman, Saminathan a/l Selvaraju, Lingkesvaran Rajendaren y Jumaat bin Mohamed Sayed. Todos ellos fueron condenados a muerte por narcotráfico y llevan entre siete y diez años en espera de ejecución. Jumaat es singapurés y los otros cuatro son malasios. A los cinco se les han desestimado sus recursos más recientes después de muchos años de lucha por la justicia contra viento y marea.
En lo que va de año, Singapur ya ha ejecutado a diez hombres, dos de ellos malasios. En agosto de 2025, por primera vez en casi tres décadas, el Consejo de Ministros de Singapur recomendó al presidente que indultase a una persona condenada a muerte en espera de ejecución. Acogemos con satisfacción esta inusual decisión, aunque sólo pone de relieve la arbitrariedad y la crueldad de la pena capital para todas las demás personas que siguen en peligro.
En Singapur, las personas condenadas a muerte y sus familias conocen la fecha de la ejecución con sólo entre cuatro y siete días de antelación. Al mismo tiempo que pedimos a las autoridades de ambos países que protejan los derechos humanos y pongan fin a la pena de muerte, animamos a la población de Malasia y Singapur a que actúe ya para ayudar a detener la ejecución inminente de estas personas; no podemos permitirnos esperar sabiendo que cualquiera de ellas podría recibir un anuncio de ejecución en los próximos días.
En esta coyuntura crítica, el gobierno de Malasia debe actuar con decisión para proteger la vida de sus nacionales y la de todas las personas que podrían ser ejecutadas, así como presionar en favor de la abolición de la pena de muerte en la región. Muchas personas jóvenes malasias, a menudo de entornos socioeconómicos desfavorecidos, son vulnerables a ser captadas para el tráfico de drogas, y el gobierno malasio tiene el deber moral de defenderlas y no dejarlas morir en prisiones extranjeras. Tras abolir la pena de muerte preceptiva en 2023, y mientras prosigue su camino hacia la abolición total, Malasia debe ir ahora más allá y ampliar su actuación para proteger a sus nacionales en peligro debido al duro y cruel régimen de pena de muerte preceptiva en Singapur.
Mientras tanto, los singapureses y las singapuresas horrorizadas por estas ejecuciones deben alzar la voz contra este castigo inhumano. Singapur se está quedando cada vez más solo en la región en la aplicación de la pena de muerte preceptiva y la realización de ejecuciones por narcotráfico.
El caso de Pannir Selvam Pranthaman
Uno de los nacionales malasios en grave peligro es Pannir Selvam Pranthaman. Su caso está lleno de violaciones del derecho y las normas internacionales de derechos humanos y muestra deficiencias fundamentales en el cruel régimen de la pena capital de Singapur.
En 2017, Pannir Selvam Pranthaman fue declarado culpable de introducir en Singapur 51,84 gramos de diamorfina (heroína) y condenado a la pena de muerte preceptiva. Pese a las pruebas de que era un mero “correo” y de que había facilitado información fundamental a las autoridades, la Fiscalía de Singapur se negó a concederle un “certificado de ayuda sustancial” sin el cual el tribunal no tenía más opción que condenarlo a muerte. Pannir, a través de su familia, facilitó información a la Real Policía de Malasia sobre operaciones organizadas en las costas malasias. Su caso también se ha visto afectado por la ausencia de representación letrada durante el interrogatorio policial, las leyes restrictivas que limitan los recursos posteriores a la imposición de condena, la denegación de asistencia letrada gratuita en la fase posterior al recurso de apelación y vulneraciones de la comunicación confidencial entre personas condenadas a muerte y profesionales de la abogacía.
El 5 de septiembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Singapur desestimó la solicitud más reciente de Pannir de que se suspendiera la ejecución, y ello a pesar de que aún no se ha resuelto la denuncia disciplinaria que ha presentado contra su anterior abogado. El Tribunal declaró en su sentencia que el Colegio de Abogados de Singapur podría que tener que actuar con urgencia para “preservar” el testimonio de Pannir antes de su ejecución, en un reconocimiento sobrecogedor y macabro de la grave crueldad de su ejecución inminente.
El uso de la presunción legal de culpabilidad en casos de pena de muerte: La valiente lucha de Datchinamurthy, Saminathan, Lingkesvaran y Jumaat
En agosto de 2022, Datchinamurthy, Saminathan, Lingkesvaran y Jumaat presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra las presunciones legales de culpabilidad en relación con el tráfico, la posesión y el conocimiento, según la Ley sobre Uso Indebido de Drogas de Singapur. Cada uno de ellos había sido declarado culpable en aplicación de dos de estas presunciones contenidas en los artículos 18.1 y 18.2 de la Ley.
La Ley sobre Uso Indebido de Drogas permite que la fiscalía utilice estas presunciones legales en cuya virtud la carga de la prueba se traslada a la persona acusada, que deberá refutarla según la norma jurídica del “mayor grado de probabilidad”. Mientras jurisdicciones como las de Canadá, Hong Kong y Reino Unido han rechazado que las presunciones legales sean refutadas en función del mayor grado de probabilidad debido a que permite que la persona acusada sea declarada culpable a pesar de que siga existiendo una duda razonable, Singapur sigue aplicando estas presunciones en casos de tráfico, posesión y conocimiento en juicios de drogas en los que se aplica la pena capital. Las presunciones de culpabilidad menoscaban efectivamente las garantías procesales que establece el derecho internacional de los derechos humanos y violan el derecho a la presunción de inocencia, norma imperativa del derecho internacional consuetudinario. Además, en Singapur, la presunción de posesión y la de conocimiento pueden aplicarse al mismo tiempo, práctica que en otros tribunales de justicia se ha calificado de derogación grave de la presunción de inocencia.
El camino recorrido por estos cuatro hombres para presentar este recurso ha sido largo y arduo. En Singapur, los programas de asistencia letrada gratuita no cubren la presentación de recursos extraordinarios. Como no tenían medios para contratar abogados particulares, los cuatro no contaron con representación durante mucho tiempo, lo que los obligó a comparecer ante el tribunal sin abogados para argumentar por sí mismos su recurso. Cuando unos importantes abogados extranjeros se ofrecieron a representarlos gratuitamente, el Tribunal resolvió que los recurrentes tendrían que defender por sí mismos la petición de que se admitiera a estos abogados extranjeros para que los representaran en Singapur, lo que creó una situación escandalosa en la que unos condenados a muerte tuvieron que exponer unos argumentos jurídicos muy técnicos mientras los abogados extranjeros sólo podían mirar. Al final, los tribunales de Singapur rechazaron la solicitud de que estos abogados los representaran.
Sólo dos años después de que presentaran su recurso de inconstitucionalidad, algunos abogados locales accedieron a hacerse cargo del caso, que ha sido desestimado el mes pasado. Con la conclusión de esta causa, ya no hay más actuaciones judiciales pendientes que impidan a las autoridades de Singapur programar la fecha de su ejecución.
Gran preocupación por otras violaciones del derecho y las normas internacionales de derechos humanos
Recordamos a las autoridades de Singapur que las salvaguardias internacionales sobre el uso de la pena de muerte prohíben llevar a cabo ejecuciones cuando hay apelaciones u otros recursos pendientes. No hay duda de que cabe reconocer que la participación de Pannir —para dar instrucciones al abogado, prestar declaración y responder a las pruebas presentadas por su abogado anterior— es la única forma de garantizar un resultado justo en la denuncia disciplinaria que presentó ante el Colegio de Abogados de Singapur. Esto es especialmente crítico porque la denuncia incluye una conversación directa entre Pannir y su exabogado, y porque varias personas más condenadas a muerte habían denunciado a este mismo abogado y fueron ejecutadas antes de que se pudieran oír sus testimonios.
Al igual que en el caso de Pannir, el Servicio Penitenciario de Singapur también copió y envió sin autorización la correspondencia privada de Datchinamurthy y Saminathan a la Fiscalía, acto que el Tribunal de Apelación de Singapur ha calificado de ilícito.
Las personas condenadas a muerte en espera de ejecución en Singapur han puesto de manifiesto su enorme preocupación por los obstáculos sumamente prohibitivos a los que se enfrentan para presentar solicitudes judiciales una vez concluido su recurso penal. También han expuesto en reiteradas ocasiones lo difícil que es encontrar abogado en Singapur dado el riesgo de que recaigan sobre éstos cuantiosas multas, amonestaciones y costes por hacerse cargo de casos de pena capital en fases posteriores. Las condiciones en el corredor de la muerte de Singapur han empeorado con los años: las personas reclusas son encerradas en celdas de aislamiento solitario, las comunicaciones entre ellas y sus seres queridos están severamente restringidas, y las autoridades penitenciarias hacen casi imposible que quienes han presentado el mismo recurso hablen entre sí.
La pena de muerte por delitos de drogas viola el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que limitan el uso de la pena capital únicamente a “los delitos más graves”, es decir, al homicidio intencional. El narcotráfico no supera este umbral. Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como los relatores y relatoras especiales de dicha organización han confirmado sistemáticamente esta posición. Aun así, la inmensa mayoría de las ejecuciones que se llevan a cabo en Singapur se realizan como parte de la “guerra contra las drogas” del país, que es sumamente punitiva, lo que muestra hasta qué punto está alejado Singapur de la comunidad internacional en lo que se refiere a los derechos humanos y la justicia.
Lawrence Wong, nuevo primer ministro
Como nuevo primer ministro de Singapur, Lawrence Wong tiene la oportunidad de dar el trascendental paso de alejar a Singapur del uso cruel e inhumano de la pena de muerte que se ha cobrado cientos de vidas desde la independencia. Imponer una moratoria inmediata de las ejecuciones y derogar la pena de muerte preceptiva serían pasos urgentes fundamentales que podría dar con vistas a la abolición total. Esto no sólo evitará la muerte de las numerosas personas en espera de ejecución, sino que también garantizará que Singapur no se queda atrás en la tendencia internacional de abandonar el uso de la pena capital.
El primer ministro Wong no ha hecho hasta ahora ninguna declaración pública sobre el uso de la pena de muerte en Singapur. Sin embargo, el primer indulto en 27 años concedido a una persona condenada a muerte —que no habría sido posible si el Consejo de Ministros de Wong no hubiera aconsejado al presidente Tharman Shanmugaratnam en tal sentido— demuestra que el cambio es posible. El primer ministro Wong no debe permanecer callado sobre este asunto, sino que debe mostrar liderazgo a la hora de acabar con el uso de la pena de muerte en Singapur.
El papel de Malasia como titular de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Una oportunidad de liderar la abolición
La abolición por Malasia de la pena de muerte preceptiva entró en vigor en julio de 2023 y dio paso a un proceso integral de celebración de nuevas vistas judiciales de determinación de la pena para todas las personas condenadas a la pena de muerte preceptiva antes de las reformas, incluidas las declaradas culpables de narcotráfico. Como consecuencia, la mayoría de las condenas a muerte han sido sustituidas por penas de entre 30 y 40 años de prisión y, cuando era aplicable, flagelación.
Nos alegra el reciente anuncio de que sigue en vigor en Malasia la moratoria de las ejecuciones y de que se está encargando la realización de un nuevo estudio sobre la posible abolición de la pena de muerte. Como actual titular de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Malasia está en una posición única para defender los derechos humanos en la región. La intervención de Malasia en estos casos no sólo demostraría su compromiso de apoyar a sus nacionales que se enfrentan a la ejecución en otro país, sino también su liderazgo en promover una agenda de derechos humanos dentro de la ASEAN.
Pedimos a las autoridades de los dos países:
- Una intervención rápida y efectiva: El uso de todos los cauces disponibles, incluidos los llamamientos diplomáticos directos, para instar al gobierno de Singapur a que detenga la ejecución de Datchinamurthy, Pannir, Saminathan y Lingkesvaran, y evitar que se lleven a cabo más ejecuciones en Singapur, incluidas las que serían ilícitas según el derecho y las normas internacionales.
- Aprovechar los mecanismos de la ASEAN y predicar con el ejemplo: El uso de la posición de Malasia como titular de la presidencia de la ASEAN para propugnar la cooperación regional a fin de abolir la pena de muerte, al mismo tiempo que se va hacia la abolición total en el país para sentar un ejemplo contundente para la región.
- Comprometerse a dar pasos hacia la abolición total de la pena de muerte: Implementar o mantener una moratoria de las ejecuciones, y encargar estudios independientes, con base empírica y transparentes sobre el abandono de la pena capital.
No se trata sólo de salvar la vida de un puñado de hombres en espera de ejecución en la prisión de Changi de Singapur: se trata de acabar con la crueldad de la pena de muerte, de garantizar que tanto Singapur como Malasia defienden la dignidad y los derechos de todas las personas, y de mostrar el liderazgo necesario para llevar a sus países y a la región hacia la abolición.
Pedimos al gobierno de Malasia que actúe sin dilación y a las autoridades de Singapur que implementen una moratoria inmediata de la pena de muerte y se abstengan de emitir nuevos anuncios de ejecución.
*El 21 de septiembre de 2025, la familia de Datchinamurthy Kataiah recibió la noticia de que la ejecución de éste se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2025, en la prisión de Changi.
Firmantes:
Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)
Amnistía Internacional
Capital Punishment Justice Project
Transformative Justice Collective (Singapur)
Student Actions for Transformative Justice (SATU, Singapur)
Alliance Against the Death Penalty (AADP, Singapur)
Function 8 (Singapur)
Center for Orang Asli Concerns
Advancing Knowledge in Democracy and Law initiative
Freedom Film Network
Sebaran Kasih Malaysia
ECPM (Together Against the Death Penalty)
MADPET (Malaysians Against Death Penalty and Torture)
Center for Alliance of Labor and Human Rights
Redemption Pakistan
Workers Hub For Change (WH4C)
North South Initiative
Julian Wagner Memorial Fund Inc.
Australians Against Capital Punishment
The National Human Rights Society (HAKAM)
Centre for Independent Journalism
HAKAM
Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM)
Coalition for Clean & Fair Election (BERSIH)
Saya Anak Bangsa Malaysia [SABM]
SIS Forum (Malaysia)
TENAGANITA
