- poner fin a las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos, los procesamientos penales por motivos políticos y las actuaciones civiles o el hostigamiento contra políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, así como de otros miembros de la sociedad civil.
- poner fin al uso de las “primeras denuncias” –denuncias de la policía en las que no se identifica al sospechoso–, una práctica que permite al gobierno hostigar y detener a los opositores políticos.
- restablecer la independencia del poder judicial devolviendo al servicio activo a todos los jueces retirados durante el estado de emergencia.
- respetar el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho de reunión pacífica. En concentraciones u otras reuniones masivas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir las normas internacionales, y en concreto no deben utilizar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y sólo en la menor medida necesaria.
- llevar a cabo investigaciones completas e independientes sobre los asesinatos políticos, incluido el de Benazir Bhutto, y otros homicidios ilegítimos y atentados suicidas, y dar a conocer públicamente los resultados.
Los líderes políticos y económicos que se reúnen con el presidente Musharraf deben abordar la cuestión de la situación de los derechos humanos
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