El Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar el mandato de sus fuerzas para el mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental para incluir la observación de la situación de los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional en medio de una campaña de represión de las protestas pacíficas y de denuncias de tortura infligida a activistas bajo custodia durante el año pasado. La organización
ha puesto en marcha una ciberacción dirigida a los ministros de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y francés, Laurent Fabius, países clave en la toma de decisión, para que apoyen la incorporación a la MINURSO de personas que puedan investigar violaciones de los derechos humanos. En un informe que presentó ayer al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a garantizar la observación independiente, imparcial y constante de la situación de los derechos humanos en el territorio y en los campos de refugiados saharauis del sur de Argelia. “Ampliar el mando de las fuerzas para el mantenimiento de la paz a fin de que abarque los derechos humanos servirá para llevar a cabo la muy necesaria tarea de sacar a la luz abusos y violaciones de derechos humanos que pasarían, si no, desapercibidos, y analizar de manera independiente e imparcial las denuncias controvertidas de violación de derechos humanos”, ha explicado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en Nueva York.
“Al no haber una vigilancia independiente, imparcial, exhaustiva y constante de la situación de los derechos humanos, las partes pueden intercambiar acusaciones de abusos contra derechos, lo que agrava la tensión, al no abordarse las violaciones de derechos humanos.
“Una campaña continua de represión ha dejado a los defensores y defensoras de los derechos humanos impotentes para documentar de manera efectiva las violaciones incontroladas de derechos humanos en el Sahara Occidental. No se puede seguir manteniendo ya con una fuerza de paz de mandato limitado. Está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU amplíe el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) al final de abril de 2014. Es la única fuerza contemporánea de la ONU para el mantenimiento de la paz sin componente de derechos humanos. En el año transcurrido desde que se renovó el mandato de la MINURSO por última vez, las autoridades marroquíes han continuado reprimiendo la disidencia, imponiendo restricciones a la libertad de expresión, las manifestaciones pacíficas y la sociedad civil. Es habitual prohibir o disolver con violencia manifestaciones pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado casos de activistas y manifestantes torturados o sometidos a otros malos tratos bajo custodia policial tras protestas convocadas para pedir que la MINURSO adopte un mandato de derechos humanos en 2014. Los activistas y defensores de los derechos humanos tienen también muchas restricciones en su trabajo en el Sáhara Occidental, incluido hostigamiento y vigilancia incesante de la fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades continúan obstaculizando el registro de las asociaciones locales de derechos humanos. “Si Marruecos quiere demostrar realmente que cumple con sus obligaciones internacionales, debe poner fin a al hostigamiento y las intimidaciones contra activistas y dejar de obstaculizar la observación independiente de la situación de los derechos humanos por parte de grupos locales y de la ONU”, ha añadido Salil Shetty. Dadas las susceptibilidades políticas existentes en torno a la disputa aún no resuelta sobre el territorio que Marruecos se anexionó en 1975, la vigilancia imparcial y constante de la MINURSO podría ser decisiva. El 8 de noviembre de 2010 estalló la violencia en Marruecos, al dispersar por la fuerza los cuerpos de seguridad una acampada pacífica de protesta en Gdim Izik, cerca de El Aaiún, operación en la que murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis. Las autoridades marroquíes no llevaron a cabo ninguna investigación independiente e imparcial sobre lo sucedido. Posteriormente, un tribunal militar dictó sentencia condenatoria contra 25 saharauis por su presunta participación en los actos violentos y les impuso largas penas de prisión, incluidas 9 cadenas perpetuas. Los condenados llevaban ya dos años en prisión preventiva, durante los cuales habían sido sometidos presuntamente a tortura y otros malos tratos, cuando fueron juzgados sin garantía y declarados culpables sobre la base de “confesiones” forzadas. El mandato ampliado de la MINURSO podría también contribuir a garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente sobre la muerte de 11 saharauis que fueron víctimas de desaparición forzada en 1976. Sus restos fueron descubiertos y exhumados el año pasado, por un equipo de peritos independientes, cuyas conclusiones indican que las fuerzas armadas marroquíes ejecutaron a los 11. “La MINURSO podría desempeñar una valiosa función a la hora de proteger la pruebas forenses y preparar el terreno para realizar investigaciones independientes e imparciales de sucesos como las desapariciones forzadas”, ha añadido Salil Shetty. El Frente Polisario, por su parte, tampoco ha tomado medidas para poner fin a la impunidad de los acusados de cometer abusos contra los derechos humanos durante las décadas de 1970 y 1980 en los campos bajo su control, donde no hay en la actualidad organizaciones independientes de derechos humanos trabajando. Establecer un órgano imparcial e independiente de observación de la situación de los derechos humanos podría también contribuir a ayudar al Frente Polisario y las autoridades marroquíes a superar la desconfianza mutua que provocan las denuncias de abusos contra los derechos humanos y consolidar un entorno que permita entablar conversaciones política fructíferas.
Información complementaria
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se estableció en 1991 en el territorio que Marruecos se había anexionado en 1975, así como en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Su mandado consiste en la vigilancia de un alto el fuego entre las fuerzas armadas marroquíes y el Frente Polisario, así como en poner en marcha un referéndum para determinar la condición definitiva del Sáhara Occidental.
