- Tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos deben poner fin de inmediato a los homicidios ilegítimos y todos los demás ataques contra la población civil, y el gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina deben poner a disposición judicial a todos los perpetradores de tales abusos, no importa su rango y jerarquía ni su filiación o apoyo políticos.
- El gobierno israelí debe levantar sin demora el actual régimen de bloqueos y restricciones a la libertad de circulación de personas y mercancías en los Territorios Palestinos Ocupados, cuyo efecto ha sido paralizar la economía palestina y negar cualquier apariencia de vida normal a los 3,5 millones de habitantes palestinos.
- El gobierno israelí también debe levantar de inmediato el bloqueo que ha impuesto en la Franja de Gaza y que ha exacerbado una crisis humanitaria, causando pobreza extrema y generalizada y dependencia de la ayuda alimentaria, además de la muerte de personas que necesitan atención médica no disponible en la Franja de Gaza.
- Las autoridades israelíes deben detener la construcción o expansión de asentamientos israelíes y otras infraestructuras relacionadas en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental –y el 80 por ciento de los 700 kilómetros de la valla/muro construidos en la Cisjordania ocupada–, así como comenzar los preparativos para reubicar en Israel a los colonos israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados. Si es precisa una valla/muro para proteger la seguridad de Israel, ésta debe estar en la frontera entre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, no dentro de éstos.
- Las autoridades israelíes deben dejar de destruir viviendas y tierras palestinas en los Territorios Palestinos Ocupados, cancelar las órdenes de demolición pendientes y transferir la responsabilidad de las normativas de planificación y edificación en los Territorios Palestinos Ocupados, actualmente en manos del ejército israelí, a las comunidades palestinas locales.
- Las autoridades israelíes deben poner en libertad a los palestinos detenidos arbitrariamente, en particular las más de 800 personas en detención administrativa recluidas sin cargos ni juicio, y deben revisar los casos de unos 300 menores palestinos que han sido juzgados o están en espera de juicio ante tribunales militares israelíes sin beneficiarse de los procedimientos concebidos para proteger a los menores, vulnerando así las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Homicidios de civiles
Asentamientos y “puestos de avanzada”
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