- se comprometan públicamente a dar prioridad a la aplicación de la legislación de 2007 para proteger a las mujeres frente a la violencia, e inviertan los fondos necesarios para ponerla en práctica;
- investiguen y hagan públicas las conclusiones de por qué siguen siendo tan bajos los índices de denuncia, enjuiciamiento y condena de la violencia contra las mujeres, y tomen medidas concretas para abordar los obstáculos identificados por esas investigaciones.
Las autoridades no se toman en serio la seguridad de las mujeres
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