Las autoridades deben poner fin al “vergonzoso” hostigamiento de familiares de presos
17 de diciembre de 2013
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) deben poner fin a su cruel campaña de hostigamiento contra las familias de presos declarados culpables de cargos imprecisos relacionados con la “seguridad nacional”69 críticos del gobiernointimidación, amenazas y estigmatización por parte de las autoridades en un intento de silenciar sus peticiones de justiciaUn total de 69 hombres, entre los que hay abogados, jueces, profesores universitarios y líderes estudiantiles, fueron declarados culpables en julio de conspirar para derrocar el Estado en lo que se conoció como juicio de “los 94 de EAU”. Las condenas que se les impusieron oscilan entre los 7 y los 15 años de prisión. Diez de los condenados, entre ellos el destacado abogado y preso de conciencia Dr. Mohammed al-Mansoori, pueden recibir una ampliación de su condena de cárcel en un nuevo juicio masivo que se reanudará mañana, en el que comparecerán junto a 20 ciudadanos egipcios ante el Tribunal Supremo Federal en Abu Dabi. Los 30 hombres están acusados en relación con su presunta vinculación con una rama internacional con base en los Emiratos Árabes Unidos del movimiento político de la Hermandad Musulmana de Egipto. Durante una visita a los Emiratos, entre el 18 y el 23 de noviembre de 2013, Amnistía Internacional documentó 12 casos en los que familiares de los presos condenados en el juicio de los “94 de EAU” habían sido objeto de varias formas de hostigamiento. Se informó a la organización de que otras muchas familias experimentaban un trato semejante. Los familiares han recibido amenazas de agentes de Seguridad del Estado, se les ha impedido viajar y se les han negado la autorización de seguridad para acceder a empleos, de acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional. Varios familiares han recibido mensajes de Twitter amenazadores, tanto de individuos que firmaban con su nombre y a quienes se cree relacionados con Seguridad del Estado como de cuentas de Twitter anónimas. Las familias de los presos han sido vilipendiadas por los medios de comunicación nacionales, progubernamentales en una gran proporción. Asimismo, un documental sobre “los 94 de EAU” que se difundió en Dubai el mes pasado pasa por alto las preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con el juicio. Mientras tanto, se ha impedido –en el aeropuerto y sin explicaciones– al menos a dos familiares tomar vuelos que salían de los EAU desde que sus parientes fueron detenidos. Algunos familiares dijeron también a Amnistía Internacional que la Seguridad del Estado se negaba a concederles la autorización de seguridad, vetando de ese modo su nombramiento para el puesto de trabajo en el último trámite después de haber superado las pruebas y entrevistas iniciales. No se han explicado los motivos de estas negativas. El hostigamiento se extiende incluso a los amigos de las familias de los presos, algunos de los cuales han recibido llamadas telefónicas de personas que decían ser agentes de la Seguridad del Estado y les advertían que no debían relacionarse con las familias o amenazaban con que se les negaría el acceso a empleos si mantenían su amistad. “Los presos y sus familias son víctimas de lo que parece ser una sofisticada campaña difamatoria”, ha afirmado Philip Luther. “Su terrible experiencia pone de relieve las diferencias entre la imagen progresista que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos quiere mostrar al mundo y la realidad de la creciente represión en el país. “Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos deben permitir que las familias de los presos expresen sus opiniones sobre asuntos relativos a los derechos humanos y recaben información de funcionarios públicos sin temor a sufrir hostigamiento o intimidación.” El hostigamiento se agrava debido al hecho de que muchas de las familias de los presos experimentan dificultades económicas debido a las medidas judiciales que se aplican desde la investigación sobre las causas de sus familiares. A algunos se les han bloqueado sus cuentas bancarias, mientras que a otros se les ha despojado de sus activos o se les han retirado licencias comerciales. Los familiares entrevistados pidieron a Amnistía Internacional que no revelara su identidad por temor a nuevas represalias de los agentes de Seguridad del Estado.
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