Alejandra Barrera, activista salvadoreña transgénero que llevaba recluida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde noviembre de 2017, fue puesta en libertad a últimas horas del viernes 6 de septiembre de 2019, gracias a los esfuerzos de trabajo de incidencia en el ámbito internacional encabezados por Amnistía Internacional, la Translatin@ Coalition, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y decenas de miembros del Congreso de Estados Unidos.
"Mediante cartas de apoyo, gente de todo el mundo me dio las fuerzas para continuar esta lucha tan difícil para mí. Estoy aquí para seguir peleando", declaró Alejandra en respuesta a los esfuerzos de trabajo de incidencia realizados en su favor.
Denise Bell, investigadora de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, ha declarado: “La gente tiene derecho a buscar seguridad frente a la persecución. No había motivo para encerrar a Alejandra por tratar de conseguir protección. El de Alejandra no es un caso aislado; hay muchas más personas transgénero solicitantes de asilo en Estados Unidos que esperan durante meses atrapadas en centros de detención en los que corren peligro de sufrir malos tratos debido a su identidad de género y sus necesidades médicas. Es cruel e innecesario que las autoridades de inmigración estadounidenses detengan a las personas que huyen de la persecución y la violencia y llegan a Estados Unidos en busca de seguridad, entre ellas mujeres valientes como Alejandra”.
Alejandra estuvo doce meses recluida en el Centro Penitenciario del Condado de Cibola, en Nuevo México, donde denunció que la atención médica era inadecuada e insensible. Las autoridades le negaron injustamente sus peticiones de libertad condicional en cinco ocasiones y, en un momento dado, Alejandra se enfrentó a la deportación inminente. En agosto de 2019, los abogados de Alejandra, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, presentaron un recurso de hábeas corpus en favor de Alejandra, alegando que su prolongada reclusión violaba las salvaguardias de debido proceso contra la detención indefinida contenidas en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En respuesta al hábeas corpus, Alejandra fue puesta en libertad por el ICE.
Tania Linares Garcia, abogada principal de la Iniciativa sobre los Derechos de las Personas Inmigrantes LGBTQ del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, ha declarado: “Las personas que huyen de la persecución tienen derecho a solicitar asilo, y nadie debería soportar abusos mientras ejerce ese derecho. Aunque celebramos la libertad de Alejandra, seguimos luchando por otras mujeres transgénero que continúan bajo la custodia del ICE, incluida nuestra clienta Kelly*, que lleva detenida más de dos años”.
Amnistía Internacional pide que se celebre una vista justa y completa sobre la solicitud de asilo de Alejandra, como la que deben recibir todas las personas que buscan seguridad en Estados Unidos. La organización sigue sintiendo honda preocupación por que la vida de Alejandra corre un gran peligro si se le niega la protección y se la devuelve a El Salvador. Amnistía Internacional mantiene que todas las personas solicitantes de asilo, incluidas las personas transgénero, deben gozar a toda costa de protección frente a su devolución forzosa. Es más, las personas que piden protección no deberían ser nunca detenidas exclusivamente por su condición migratoria.
Información general
Alejandra luchó durante más de un decenio por los derechos de las personas transgénero en El Salvador. Se vio obligada a huir tras recibir reiterados ataques de una banda criminal, y tras sufrir abusos a manos del ejército salvadoreño. Fue agredida sexualmente tanto por miembros de la banda como por personal militar debido a su identidad transgénero.
