La noticia de que el ex presidente Hosni Mubarak ha sido condenado a cadena perpetua por el homicidio de manifestantes durante la "revolución del 25 de enero" del año pasado representa un considerable avance en la lucha contra la impunidad durante tanto tiempo arraigada en Egipto, ha manifestado Amnistía Internacional. El que fuera ministro del Interior de Mubarak, Habib Adly, también ha sido condenado a cadena perpetua por los mismos cargos. Sin embargo, la absolución de todos los demás acusados, incluidos altos cargos de los servicios de seguridad, deja a muchas personas esperando todavía a que se haga plena justicia. “Hemos acogido con satisfacción desde el primer momento el juicio de Mubarak y otros acusados por su participación en los homicidios de manifestantes que comenzaron a cometerse en enero de 2011 -ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África-. Sin embargo, el juicio y la sentencia dictada hoy dejan a las familias de muchas de las personas muertas o heridas en las manifestaciones sin saber toda la verdad de lo que les ocurrió a sus seres queridos y no hacen plena justicia." “Las autoridades egipcias deben establecer ahora una comisión de investigación independiente e imparcial para que haga lo que el tribunal ha dejado sin hacer.” Seis altos cargos de los servicios de seguridad, incluido el ex director del ahora disuelto Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, han sido absueltos. Unos 840 manifestantes murieron y más de 6.000 resultaron heridos durante el levantamiento que obligó a Mubarak a dimitir el 11 de febrero de 2011. Los cargos de corrupción presentados contra dos de los hijos de Mubarak, Gamal y Alaa, y su socio comercial, Hussein Salem, juzgado in absentia, se han retirado. Al escuchar la sentencia, muchas de las personas presentes en la sala, descontentas con la absolución de todos los demás acusados, han comenzado a gritar: "El pueblo quiere limpiar el poder judicial". El fiscal ha dicho en su alegato que ha recibido muy poca cooperación de la unidad de seguridad nacional de los servicios de Inteligencia General y del Ministerio del Interior para reunir más pruebas. A lo largo de las diversas sesiones del juicio, a los familiares de muchas de las víctimas no se les ha permitido entrar en la sala, y en ocasiones, han recibido golpes e intimidaciones de la policía. A veces han tenido enfrentamientos con partidarios de Mubarak. “Lamentamos que, a causa de la falta de cooperación de las autoridades con el fiscal, se haya desaprovechado la oportunidad de establecer toda la verdad de lo ocurrido durante los 18 días que duró el levantamiento y posteriormente", ha señalado Ann Harrison. “No hay duda de que esta falta de cooperación ha tenido consecuencias en la sentencia, pero lo peor es que menoscaba el Estado de derecho e impide a las familias de las víctimas y las personas que resultaron heridas conocer todos los hechos que les atañen.” La sentencia tenía que demostrar que se ha reforzado el Estado de derecho, enviando así una clara señal de que en el futuro no se van a tolerar las violaciones de derechos humanos y de que nadie está por encima de ley. Al mismo tiempo, el fallo del tribunal revela que, contrariamente a lo solicitado por el fiscal, las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado pueden y deben abordarse sin recurrir a la pena de muerte. Según el ordenamiento jurídico penal egipcio, Mubarak y los otros acusados tienen derecho a apelar ante la máxima instancia judicial de Egipto, el Tribunal de Casación, que revisará las cuestiones de aplicación de la ley y de procedimiento, pero no volverá a examinar las pruebas objetivas presentadas. El fiscal también tiene derecho a presentar un recurso. Durante los más de 30 años que Mubarak estuvo en el poder se cometieron violaciones de derechos humanos con impunidad, y los principales responsables fueron los agentes del ya disuelto Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado. Muchas personas ven en la absolución de todos los altos cargos de los servicios de seguridad una señal de que los autores de violaciones de derechos humanos pueden todavía eludir la acción de la justicia. En el último año se ha absuelto a muchos agentes de policía acusados directamente de haber matado a manifestantes durante el levantamiento, lo que ha suscitado indignación y frustración entre los familiares de las víctimas, que denuncian que, tras la Revolución del 25 de Enero, el sistema de justicia sigue fallándoles. Estos juicios brindan la oportunidad no sólo de que las familias de las víctimas obtengan justicia, sino también de que sepan la verdad de lo que ocurrió. Deben garantizar que las víctimas reciben reparación plena y efectiva, incluida rehabilitación, por las violaciones de derechos humanos que han sufrido. “Las sentencias dictadas hoy representan una oportunidad de emprender las reformas institucionales y jurídicas que es preciso realizar con urgencia para poner fin en Egipto a la arraigada cultura de impunidad de las violaciones de derechos humanos", ha afirmado Ann Harrison. “Hasta que no se lleven a cabo esas reformas, los agentes de seguridad y otros responsables de violaciones de derechos humanos y abusos seguirán creyendo que sus actos pueden quedar impunes.”
