El popular concurso “La ruleta de la fortuna” es un fenómeno global. Difundido en más de 50 países del mundo, millones de telespectadores han permanecido pegados a sus pantallas mientras los concursantes prueban su suerte haciendo girar la ruleta, esperando con ansiedad que saliera el primer premio. Pero el año pasado en Filipinas, la “roleta ng kapalaran” (ruleta de la fortuna) cobró notoriedad con el atroz descubrimiento que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. En un rincón oscuro de un centro secreto de detención de Laguna, provincia situada al sur de la capital Manila, había una imitación de la ruleta multicolor del concurso. Pero en lugar de para repartir premios y dinero, la policía la usaba para decidir cómo torturar a los detenidos para su diversión. Uno a uno, sacaban a los detenidos de sus celdas a otra zona del centro secreto de detención donde un policía hacía girar la ruleta y esperaba el resultado. Una “postura del murciélago 30 segundos”, por ejemplo, significaba que se colgaría al detenido boca abajo, como un murciélago, durante 30 segundos. Un “Manny Pacquiao 20 segundos” significaba una serie ininterrumpida de puñetazos durante 20 segundos. Ante esta situación, Amnistía Internaciona España ha puesto en marcha unarecogida de firmas para pedir al presidente de Filipinas, Noynoy Aquino, que reconozca la gravedad de la tortura en el país y le ponga fin, demostrando que nadie está por encima de la ley. Torturas impunesRowelito Almeda, de 45 años, vivió cuatro días de tortura en el centro de detención en enero de 2014 y dice que recuerda con claridad la terrorífica ruleta. “Primero la vi en la cocina. Cada vez que los policías se emborrachaban sacaban a algunos detenidos de las celdas y usaban la ruleta con ellos”, declaró a Amnistía Internacional. “En los cuatro días que estuve allí apenas podía levantarme, pero vi que sacaban a muchos detenidos de las celdas y cuando volvían estaban muy débiles. Dos de ellos tenían 17 y 18 años. Los habían atrapado en posesión de marihuana. Usaron la ruleta con ellos. Les dieron descargas eléctricas, palizas, les dispararon con perdigones y les hicieron colocarse delante de una diana mientras los policías les lanzaban dardos.” Rowelito se libró por poco de la ruleta cuando un equipo de la Comisión de Derechos Humanos del país acudió en su rescate. “Si no hubieran llegado, habría sido el siguiente. Un detenido me dijo: ‘Taryado ka na’. Cuando dices: ‘taryado ka na’ significa que vas a la ruleta". Después de ser descubierta, la ruleta desapareció. Tras una investigación oficial sobre su uso, se relevó de sus funciones a diez policías. Pero más allá de esta sanción administrativa, ninguno de ellos ha sido declarado culpable por un tribunal. El abyecto uso de la ruleta del concurso es emblemático del frecuente uso de la tortura en el país. “Parte del acuerdo” Rowelito fue uno de los 43 detenidos rescatados del centro secreto de detención. Dijo a Amnistía Internacional que cuando salía de una comisaría de policía, un policía le estrelló un casco en la cara, rompiéndole cuatro incisivos. Luego le pegaron varias veces y le dieron descargas eléctricas. Los policías le metieron un trapo en la boca, le taparon la cara y lo esposaron como si fueran a ejecutarlo. Oyó a los agentes discutir —y más tarde discrepar— sobre “acabar con él”. Según una investigación reciente de Amnistía Internacional, la práctica de la tortura es aún frecuente en Filipinas. Los detenidos bajo custodia de la policía son sometidos a descargas eléctricas, golpes, puñetazos y patadas sistemáticas, golpes con bates de madera o barras de metal, quemaduras con cigarrillos, simulacros de ahogamiento y semiasfixia con bolsas de plástico casi como “parte del acuerdo”. “Lo que resulta tan inquietante del uso de la ruleta de la tortura es que muestra que la policía disfrutaba con la tortura que infligía. Ilustra cómo el atroz acto de la tortura se ha convertido en una actividad que los policías llevan a cabo como si estuvieran por encima de la ley, sin ningún temor a ser enjuiciados”, declaró Hazel Galang-Folli, investigadora de Asia Suroriental de Amnistía Internacional. A pesar de que Filipinas ha ratificado dos tratados internacionales clave contra la tortura y aprobó una progresista Ley contra la Tortura hace cinco años, los policías declarados culpables de torturar a detenidos casi nunca llegan a los tribunales y mucho menos cumplen penas de cárcel. Hasta la fecha no se sabe de ningún torturador condenado en aplicación de la Ley. Amnistía Internacional cree que la ausencia de investigaciones efectivas, unida a la corrupción endémica dentro de la fuerza policial y al escaso número de enjuiciamientos de casos de tortura, desembocan en una receta tóxica que disuade a las víctimas de la tortura de denunciar el trato recibido. Pocas personas se atreven a denunciar a la policía, sabiendo que corren el riesgo de sufrir represalias, hostigamiento o intimidación de los propios agentes o de matones a sueldo. Quienes denuncian tienen que sortear varios obstáculos burocráticos donde las normas y procedimientos son poco claros y contradictorios. De las escasísimas quejas que llegan al nivel de la investigación preliminar, la mayoría han sido rechazadas por un tecnicismo. Después de que la Comisión de Derechos Humanos rescatase a Rowelito del centro de detención, éste dijo que la policía intentó llegar a un acuerdo con él para que no pusiera una denuncia por la tortura que había sufrido. Los policías hicieron que Rowelito firmara un documento en el que decía que retiraría la denuncia por tortura presentada por la Comisión de Derechos Humanos en su nombre. Rowelito sólo decidió persistir con su denuncia cuando supo que los policías que lo habían detenido habían encargado a alguien que lo matara. Ese alguien resultó ser su primo, que le contó el plan. Pero la condena internacional está logrando resultados. Tras la publicación el mes pasado del informe de Amnistía Internacional titulado Above the law: Police torture in the Philippines, el Senado filipino ordenó una investigación sobre la tortura policial en el país en la que declaró Amnistía Internacional. En la investigación, el representante de la Policía Nacional de Filipinas dijo que no tenía conocimiento de los casos de tortura expuestos en el informe y que no podía dar ejemplos concretos de medidas adoptadas por la policía para acabar con la tortura. En respuesta, la presidencia del Comité del Senado exigió a la policía que examinase el informe de Amnistía Internacional y presentara su respuesta junto con información sobre los programas instituidos por la policía para abordar la tortura. “Erradicar la tortura en Filipinas será particularmente arduo, pero la alternativa es sencillamente inaceptable”, concluyó Hazel Galang-Folli. Actúa contra la torutra en Filipinas a través de este enlace.
