Una nueva herramienta contra la desaparición forzada
Desaparecidos en España
Sin justicia para los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo
- Ausencia de información sobre desaparecidos. El Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas desde 2005 está pidiendo al Gobierno español información sobre tres casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Cuatro años después el Ejecutivo no ha facilitado ningún tipo de información al respecto.
- Limitaciones al acceso a la justicia. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación porque el debate sobre las competencias judiciales de los casos de desaparición forzada está consolidando un clima de impunidad. El 16 de octubre de 2008, la Audiencia Nacional iniciaba una causa sobre 114.266 casos de desapariciones forzadas y 30.960 menores separados ilegalmente de sus familias, muchos de los cuales podrían estar todavía vivos. El 16 de noviembre el juez se inhibía a favor de 43 Juzgados de Instrucción de las localidades donde están ubicadas las fosas identificadas. Hasta donde ha podido saber Amnistía Internacional, sólo 3 de estos juzgados –Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaén)- han abierto nuevas diligencias y están investigando la causa como desaparición forzada, y por tanto como delito imprescriptible; mientras que 13 valoraron los casos como delito común y archivaron las causas argumentando la prescripción de los mismos, negando a los familiares de los desaparecidos el derecho a conocer su paradero y a acceder a mecanismos efectivos de reparación
- Exhumaciones que no cumplen las normas internacionales. Tal y como establece la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Presidencia propuso en noviembre de 2008 un Protocolo de actuación en exhumaciones que fue rechazado por las asociaciones de familiares de las víctimas, ya que no reúne los requisitos que exige el derecho internacional. Además, el 11 de marzo de 2009, el Senado rechazó una proposición de ley orientada a que el Gobierno asumiera las tareas de localización, exhumación e identificación de restos, evidenciando una vez más la falta de voluntad política por parte del Estado español de que se investiguen estas graves violaciones de derechos humanos y se garantice justicia y reparación a las víctimas.
Mustafá Setmariam, el español que lleva cuatro años desaparecido
