Amnistía Internacional Reino Unido ha expresado su decepción al conocer la sentencia dictada hoy por el Tribunal Superior de Londres en la que éste concluye que no tiene la autoridad constitucional para intervenir en la política gubernamental de suministrar piezas de repuesto del avión de combate F35 a Israel para su uso en la Franja de Gaza ocupada.
Amnistía Internacional va a estudiar las implicaciones de la sentencia completa y en breve ofrecerá más detalles.
Sacha Deshmukh, director ejecutivo de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado lo siguiente en respuesta a la sentencia:
“La sentencia de hoy nos ha decepcionado, pero el tribunal ha dejado claro que, aunque no tenga la autoridad para dictar sentencia sobre las exportaciones británicas de piezas de repuesto del caza F-35, eso no exime al poder ejecutivo ni al Parlamento de cumplir con su responsabilidad de actuar.
Aunque Reino Unido tiene la obligación jurídica de ayudar a prevenir y penalizar el genocidio, sigue autorizando la exportación de armas a Israel pese al riesgo evidente de que estas armas se utilicen para cometer genocidio.
La terrorífica realidad de Gaza está a la vista de todo el mundo: familias enteras aniquiladas, civiles asesinados en las llamadas zonas seguras, hospitales reducidos a escombros y una población abocada a morir de hambre por el cruel bloqueo y el desplazamiento forzado. No son tragedias aisladas, sino parte de un ataque sistemático a una población asediada.
Esta sentencia no cambia los hechos sobre el terreno ni exime al gobierno británico de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional. El riesgo de que se utilice armamento británico para facilitar la comisión de graves crímenes de derecho internacional sigue siendo alarmantemente elevado. Si los tribunales no intervienen, la obligación moral y jurídica del gobierno y el Parlamento de actuar antes de que se pierdan más vidas y se causen más daños irreparables es aún mayor.
Reino Unido debe poner fin a todas las transferencias de armas a Israel si, como país, nos tomamos en serio nuestros compromisos con el derecho internacional y los derechos humanos.”
Intervinientes
La causa, presentada por activistas con el ánimo de detener las transferencias de armas de Reino Unido a Israel, puso de relieve los demoledores efectos de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza ocupada, con ataques que han causado la muerte a decenas de miles de civiles, la destrucción de infraestructuras esenciales y el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas. Se han establecido conexiones entre estas exportaciones y posibles crímenes de guerra en Gaza, incluidos los bombardeos de Al Mawasi, zona designada segura en la que, según informes, al menos 90 personas perdieron la vida en un solo ataque.
Amnistía Internacional Reino Unido y Human Rights Watch intervinieron en la causa presentando amplia documentación y argumentos jurídicos que demuestran el desprecio continuado de Israel por el derecho internacional humanitario y subrayando que, en virtud del artículo 1 de la Convención sobre el Genocidio, Reino Unido tiene la obligación jurídicamente vinculante de actuar para evitar el genocidio.
