Londres.- El 3 de abril de 2006, víspera del día en que comienza el juicio en El Aaiún del defensor saharaui de los derechos humanos Brahim Dahane y de otros 16 detenidos, Amnistía Internacional formuló un llamamiento a las autoridades marroquíes para que garanticen que en los procedimientos se respetarán las normas internacionales que rigen los juicios justos. El llamamiento de la organización vino motivado por los graves motivos de preocupación en torno al respeto de las debidas garantías en juicios de casos similares celebrados en los últimos meses. Brahim Dahane permanece recluido desde su detención el 30 de octubre de 2005 y será juzgado, junto a otros 16 acusados, por varios cargos relacionados principalmente con la instigación a actividades violentas de protesta contra la administración marroquí del Sáhara Occidental o la participación en ellas el año pasado. A Brahim Dahane también se le acusa de pertenecer a la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, organización prohibida de la cual es presidente. En los últimos meses, él y otros activistas han estado tratando de inscribir la organización, pero aún no han completado el proceso a causa de una serie de obstáculos administrativos que parecen ser de motivación política. Al igual que otros defensores saharauis de los derechos humanos detenidos en los últimos meses, Brahim Dahane parece ser objeto de ataques por su destacado papel en la defensa de los derechos humanos y por sacar a la luz los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes durante y después de las manifestaciones que comenzaron en mayo de 2005, así como por su defensa pública de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Amnistía Internacional cree que Brahim Dahane podría ser considerado preso de conciencia. El juicio del día 4 de abril se celebra tras la reciente excarcelación de cinco defensores saharauis de los derechos humanos, medida positiva que, sin embargo, se ha visto empañada por los hostigamientos que han sufrido defensores y defensoras de derechos humanos en el Sáhara Occidental. La excarcelación de los cinco defensores de los derechos humanos saharauis –H’mad Hammad, Houssein Lidri, Larbi Messaoud, Mohamed El-Moutaouakil y Brahim Noumria– siguió al indulto real concedido por el Rey Mohamed VI el 25 de marzo de 2006, durante la visita que realizó al Sáhara Occidental. Pertenecían a un grupo de siete defensores de derechos humanos que, en diciembre de 2005 y enero de 2006, recibieron condenas de hasta dos años de cárcel por varios cargos, principalmente relacionados con la instigación de actividades violentas de protesta contra la administración marroquí del Sáhara Occidental y la participación en ellas el año pasado. De los dos defensores de derechos humanos restantes, Aminatou Haidar fue excarcelada en enero de 2006 tras cumplir condena de siete meses de cárcel. El otro, Ali-Salem Tamek, fue excluido del indulto y permanece recluido, según informes debido a que se lo considera el principal portavoz, en el territorio administrado por Marruecos, de los defensores y defensoras de la independencia del Sáhara Occidental. Amnistía Internacional expresó honda preocupación por la posible ausencia de las debidas garantías en los juicios de los siete defensores, muy conocidos por la organización como activistas desde hace mucho tiempo en la defensa de los derechos humanos, y consideró que podrían ser presos de conciencia. Si bien Amnistía Internacional acoge con satisfacción las excarcelaciones, por otro lado teme que, al parecer, varios defensores saharauis de los derechos humanos hayan sido sometidos a hostigamientos o intimidación en torno a las fechas de la visita del Rey Mohamed VI al Sáhara Occidental, a finales de marzo de 2006. Ghalia Djimi, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, y su esposo Mustapha Dah, miembro de la misma asociación, fueron detenidos en El Aaiún aproximadamente a las ocho de la tarde del 24 de marzo de 2006 y permanecieron recluidos en una comisaría hasta el día siguiente, cuando quedaron en libertad sin cargos a eso de las tres de la tarde. Ghalia Djimi afirmó que se les interrogó acerca de su postura con respecto a la visita del Rey, sus opiniones políticas y las actividades de su asociación. En otro incidente, Hamoud Iguilid, presidente de la oficina en El Aaiún de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, fue detenido en El Aaiún el 18 de marzo de 2006 y trasladado a una comisaría de las inmediaciones. Iguilid indicó a Amnistía Internacional que en el momento de la detención y durante su traslado en la parte trasera de una furgoneta de la policía fue golpeado con porras. Permaneció detenido varias horas, durante las cuales dice haber sido amenazado con la cárcel si continuaba divulgando "información falsa" sobre abusos de derechos humanos. Fue puesto en libertad sin cargos. En 2005, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los casos de varios defensores de derechos humanos en el Sáhara Occidental que fueron detenidos para ser interrogados y después quedaron en libertad. Al parecer, en algunos casos fue en respuesta a las críticas formuladas públicamente contra la conducta de las fuerzas de seguridad marroquíes. La vulnerabilidad de la comunidad de derechos humanos en el Sáhara Occidental se ve exacerbada por el hecho de que ni la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, ni otra asociación a la que pertenecen muchos defensores, el Foro para la Verdad y la Justicia – Sección del Sáhara–, cuenta con la autorización de las autoridades marroquíes. La última fue disuelta por orden judicial en junio de 2003 alegando que la organización había desempeñado actividades ilegítimas que probablemente alterarían el orden público y socavarían la integridad territorial de Marruecos. Sin embargo, las actividades descritas como ilegítimas parecían referirse exclusivamente a los miembros de la organización que ejercían su derecho a expresar su opinión sobre la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, y que divulgaron opiniones sobre asuntos de derechos humanos a organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional. A la luz de estos continuados motivos de preocupación, Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades marroquíes para que adopten medidas concretas destinadas a garantizar que los defensores de derechos humanos del Sáhara Occidental no sean sometidos a hostigamientos ni intimidación, y puedan disfrutar de todos los derechos consagrados en el derecho internacional, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos), aprobada el 9 de diciembre de 1998 por la Asamblea General de Naciones Unidas. En particular, las autoridades marroquíes deben cumplir plenamente los artículos 5 y 6 de la Declaración que dicen lo siguiente: "Artículo 5 A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: […] (b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; […] "Artículo 6 Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: […] (b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales […]". Información complementaria Según declaraciones oficiales, el 25 de marzo de 2006 el Rey Mohamed VI concedió el indulto a un total de 216 presos. Aparte de los cinco defensores de los derechos humanos, también quedaron en libertad otros 25 que habían sido detenidos durante o después de las manifestaciones de El Aaiún y Smara el año pasado y a los que se acusó de delitos como conspiración criminal, alteración del orden público, daño a la propiedad pública, participación en concurrencia armada y violencia contra agentes de las fuerzas de seguridad. Fueron declarados culpables y condenados a penas de hasta cinco años de cárcel en varios juicios celebrados entre junio de 2005 y enero de 2006. Los cinco defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos que recibieron el indulto habían permanecido hasta ocho meses en la Prisión Civil de El Aaiún. Junto con Aminatou Haidar y Ali-Salem Tamek, habían sido detenidos entre junio y agosto de 2005 y el 14 de diciembre de 2005 el Tribunal de Apelaciones de El Aaiún los condenó y ordenó su encarcelamiento. Aminatou Haidar fue condenada a siete meses de cárcel, Ali-Salem Tamek a ocho meses, Houssein Lidri, Larbi Messaoud, Mohamed El-Moutaouakil y Brahim Noumria a 10 meses cada uno, y H’mad Hammad a dos años. Aminatou Haidar fue puesta en libertad al finalizar su condena el 16 de enero de 2006. La sala de apelaciones del Tribunal de Apelaciones de El Aaiún revisó los otros seis casos el 24 de enero de 2006. La condena contra Ali-Salem Tamek se aumentó de ocho a 10 meses de cárcel. Las condenas formuladas en primera instancia contra H’mad Hammad, Houssein Lidri, Larbi Messaoud, Mohamed El-Moutaouakil y Brahim Noumria fueron confirmadas. Amnistía Internacional ha hecho campaña sobre los casos de los defensores y defensoras de derechos humanos desde su detención el año pasado, y en varias ocasiones ha planteado sus motivos de preocupación a las autoridades marroquíes y otras de ámbito internacional. La organización también envió al abogado tunecino de derechos humanos Samir Ben Amor como observador a la sesión principal del juicio de siete de ellos en noviembre de 2005. Como respuesta a sus motivos de preocupación, Amnistía Internacional recibió dos cartas detalladas del Ministerio de Justicia marroquí en julio de 2005 y febrero de 2006. El Ministerio manifestaba que los defensores de derechos humanos no habían sido detenidos y juzgados por sus opiniones sino por su participación en actos delictivos. Resaltaba que habían disfrutado de todas las salvaguardias previstas por el derecho marroquí durante la aprehensión, detención y juicio, y ofrecía detalles sobre las investigaciones en curso de las denuncias de torturas infligidas a Houssein Lidri y Brahim Noumria. También negaba las denuncias específicas de hostigamiento e intimidación de otros defensores y defensoras de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Amnistía Internacional acogió con satisfacción estas respuestas, que consideró indicativas de la voluntad de las autoridades marroquíes de intervenir en cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, la organización observa que las autoridades aún no han abordado sus principales motivos de preocupación en relación a la imparcialidad de los juicios de los defensores y defensoras de derechos humanos, como el hecho de que las pruebas resultaran dudosas al existir denuncias de tortura o malos tratos sin comprobar y de que los acusados no pudieran llamar a testigos de descargo. Para obtener más información sobre los ataques de las autoridades marroquíes contra defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos, consulten los siguientes documentos, todos ellos disponibles en las direcciones indicadas del sitio web de Amnistía Internacional: - Marruecos/Sahara Occidental: Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis (Índice AI: MDE 29/008/2005), informe de 13 páginas publicado el 24 de noviembre de 2005;
web.amnesty.org/library/index/eslMDE290082005 - Marruecos/Sahara Occidental: Juicio de defensores de los derechos humanos (Índice AI: MDE 29/009/2005), declaración pública de fecha 28 de noviembre de 2005;
web.amnesty.org/library/index/eslMDE290092005 - Marruecos/Sahara Occidental: Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos tras un juicio cuestionable (Índice AI: MDE 29/010/2005), declaración pública de fecha 15 de diciembre de 2005;
