En Italia, las personas migrantes y solicitantes de asilo están siendo privadas ilegítimamente de su libertad en centros de detención que no cumplen las normas internacionales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en su nueva declaración pública Liberty and Dignity: Amnesty International’s observations on the administrative detention of migrant and asylum-seeking people in Italy.
“La detención se debe emplear de manera excepcional y como medida de último recurso. Sin embargo, en los centros que visitamos nos encontramos con personas racializadas que nunca debieron haber sido detenidas. Personas con problemas graves de salud mental. Personas que buscan asilo debido a su orientación sexual o activismo político, pero que provienen de países que el gobierno italiano ha designado arbitrariamente como ‘seguros’. Personas que tienen responsabilidades de cuidado o que huyen de la violencia de género o la explotación laboral. Estas órdenes de detención innecesarias desbaratan la vida, la salud y las familias”, ha manifestado Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.
“Estas órdenes de detención innecesarias desbaratan la vida, la salud y las familias”
En 2023, el gobierno italiano adoptó medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración, entre ellas planes para la construcción de nuevos centros de detención, la ampliación a 18 meses del tiempo máximo de detención para la repatriación y la aplicación de “procedimientos fronterizos” a las personas procedentes de “países seguros” que buscan asilo, lo que se traduce en la detención automática de personas sobre la base de su nacionalidad, práctica contraria al derecho internacional, que exige la realización de evaluaciones individuales.
A la luz de estos acontecimientos y de las constantes denuncias de condiciones de detención y trato deficientes, Amnistía Internacional visitó dos centros de detención, Ponte Galeria (Roma) y Pian del Lago (Caltanissetta) en abril de 2024. En los centros, la delegación se reunió con personas de Túnez, Irán, Georgia, Marruecos, Perú, Egipto, Gambia y China, entre otros países. En la declaración pública de Amnistía Internacional se detallan las conclusiones de las visitas y se destaca la información recopilada en reuniones con autoridades, abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
“El hecho de que las autoridades italianas no hayan establecido un sistema efectivo de alternativas a la detención, combinado con un proceso jurídico inadecuado supervisado por jueces no profesionales, está llevando a abusar de la detención. En Italia, la legislación y las prácticas son incompatibles con el derecho y las normas internacionales y dan lugar a violaciones no solo del derecho a la libertad, sino también del derecho a asilo, a un recurso efectivo y a asistencia jurídica”, ha afirmado Dinushika Dissanayake.
Amnistía Internacional también constató que las condiciones de los centros no eran conformes al derecho y las normas internacionales aplicables. La detención administrativa relacionada con la migración no debe tener un carácter punitivo y no debe imponer condiciones similares a las de una prisión. A pesar de ello, los centros visitados por Amnistía Internacional parecían extremadamente restrictivos, básicos e inadecuados desde el punto de vista de la salud y la seguridad.
Las personas no podían circular libremente ni siquiera dentro de los centros y requerían la autorización y el acompañamiento de la policía. Los muebles y la ropa de cama eran extremadamente básicos; por ejemplo, los colchones eran de espuma y estaban tendidos en camas de hormigón. Los baños estaban en malas condiciones y a veces carecían de puertas. Los guardias encendían y apagaban la luz y las ventanas estaban cerradas herméticamente. Los teléfonos inteligentes personales estaban prohibidos.
“Se obliga a las personas detenidas a pasar todo el tiempo en espacios cercados, en condiciones que en muchos aspectos son peores que la cárcel, y se les niega incluso un mínimo de autonomía. A pesar de los largos períodos de detención, hay una ausencia casi total de actividades, lo que, combinado con la falta de información sobre su futuro, provoca un enorme daño psicológico a las personas detenidas”, ha afirmado Dinushika Dissanayake.
Estas condiciones vulneran el derecho a la dignidad, y las autoridades italianas deben mejorarlas. Los planes para construir nuevos centros en Italia, junto con la introducción de procedimientos fronterizos obligatorios en virtud del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE y la próxima implementación del entre Italia y Albania hacen que cada vez sea más urgente actuar para evitar nuevas violaciones del derecho internacional que afectarán a un número cada vez mayor de personas.
“Se obliga a las personas detenidas a pasar todo el tiempo en espacios cercados, en condiciones que en muchos aspectos son peores que la cárcel, y se les niega incluso un mínimo de autonomía. A pesar de los largos períodos de detención, hay una ausencia casi total de actividades, lo que, combinado con la falta de información sobre su futuro, provoca un enorme daño psicológico a las personas detenidas.”
“La detención relacionada con la migración debe utilizarse sólo en las circunstancias más excepcionales. En los casos en que sea necesaria y proporcionada, se debe considerar primero el uso de medidas alternativas menos coercitivas. No se debe detener a quienes buscan protección internacional”, ha manifestado Dinushika Dissanayake.
“En los casos excepcionales en los que la detención se considere necesaria y proporcionada, las autoridades italianas deben realizar evaluaciones rigurosas y periódicas de la idoneidad de las personas para la detención. El gobierno también debe garantizar que las condiciones en los centros de detención respetan la dignidad humana, y que estos proporcionan alojamiento adecuado y seguro y oportunidades de estar en contacto con el mundo exterior y de aprovechar el tiempo. Urge apartarse sustancialmente del enfoque punitivo actual de las políticas de control de la migración.”
Información complementaria
Amnistía Internacional visitó Italia del 8 al 13 de abril de 2024 para recopilar información sobre el respeto y la protección de los derechos humanos en los centros de detención de migrantes. La delegación visitó los ‘centros de permanencia para la repatriación’ (CPR, por su sigla en italiano) de Ponte Galeria (Roma) y Pian del Lago (Caltanissetta), donde pudo hablar con funcionarios de seguridad pública y personal contratado en los centros, y entrevistar en privado a personas detenidas.
El 11 de junio, Amnistía Internacional envió una carta a los ministros italianos de Interior, Justicia y Sanidad en la que detallaba las conclusiones de su investigación y les ofrecía la oportunidad de responder. El 24 de junio, el Departamento de Libertades Civiles e Inmigración y el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior ofrecieron respuestas por separado. Su contenido está recogido en la declaración pública.
