“Las autoridades de la Región del Kurdistán de Irak no están garantizando que los autores de violencia de género en el ámbito familiar —que incluye estremecedores casos de asesinato, violación, palizas y quemaduras— rindan cuentas de sus actos, y están imponiendo restricciones arbitrarias a las libertades de las sobrevivientes que buscan protección en el sistema de albergues”, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Aunque en la Región del Kurdistán de Irak se han adoptado algunas medidas legislativas positivas para combatir la violencia de género en el ámbito familiar, el informe titulado "Daunting and Dire: Impunity, underfunded institutions undermine protection of women and girls from domestic violence in the Kurdistan Region of Iraq” expone cómo, en la práctica, las sobrevivientes afrontan obstáculos considerables para acceder a protección y justicia en dicha región. El informe concluye que las autoridades carecen de voluntad política para enjuiciar a los autores de este tipo de violencia y para ofrecer un apoyo significativo a las mujeres y las niñas que recurren al Estado para que las proteja.
“En la Región del Kurdistán de Irak se está fallando constantemente a las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar. Desde el momento en el que escapan de una situación de malos tratos, estas mujeres y niñas afrontan una y otra vez enormes obstáculos cuando tratan de buscar protección y justicia, lo que las deja en situación de riesgo y permite a los perpetradores quedar impunes. Al mismo tiempo, las sobrevivientes que buscan refugio en un albergue sufren condiciones similares a las de una prisión y, en algunos casos, eso lleva a las mujeres y las niñas a regresar a situaciones de abusos terribles”, ha afirmado Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La Región del Kurdistán ha promulgado una ley progresista sobre violencia de género en el ámbito familiar, que no tiene parangón en Irak. No obstante, las investigaciones de Amnistía Internacional han concluido que, hasta la fecha, la ley no parece tener efecto alguno. Este informe es un llamamiento a las autoridades para que pongan fin con urgencia a la impunidad de la violencia de género en el ámbito familiar, lo que incluye garantizar que las investigaciones de este tipo de violencia sean efectivas y que estén centradas en las personas sobrevivientes. Las autoridades deben eliminar los procesos obligatorios de reconciliación como requisito previo para iniciar procesos penales. Además, el Gobierno Regional del Kurdistán debe aumentar los fondos asignados a las instituciones que apoyan a las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar, eliminar los requisitos de una orden judicial y una denuncia penal formal para acceder a un albergue, y mejorar las condiciones de vida en éstos.”
El informe se basa en entrevistas con 57 personas —incluidas 15 mujeres sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar, personal directivo y miembros del personal de la Dirección de Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Familia (DCVAW, por sus siglas en inglés) y de albergues para mujeres, trabajadores y trabajadoras de ONG, profesionales de la abogacía y autoridades gubernamentales, incluida la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno Regional del Kurdistán— durante dos viajes de investigación realizados en marzo y septiembre de 2023 a las gobernaciones de Erbil, Sulaimaniya y la zona administrativa de Garmiyan. Un miembro del equipo de investigación de Amnistía Internacional también visitó tres de los cuatro refugios para sobrevivientes de violencia de género gestionados por el Estado.
Si bien no se dispone de estadísticas exhaustivas sobre la violencia de género, representantes del gobierno han informado de que al menos 30 mujeres fueron asesinadas en 2023 y 44 en 2022. Miembros del personal de ONG contaron a Amnistía Internacional que posiblemente la cifra real sea muy superior. En 2022, la DCVAW recibió 15.896 denuncias de violencia de género en el ámbito familiar, pero Amnistía Internacional no tuvo acceso a las cifras de 2023.
Un sistema de justicia que perpetúa la impunidad
El informe describe los numerosos obstáculos para acceder a la justicia que afrontan las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar. Uno de los principales es que las propias sobrevivientes deben presentar una denuncia penal contra su abusador para que la fiscalía investigue los incidentes de violencia de género en el ámbito familiar y para acceder a los servicios de protección, incluidos los albergues, y muchas mujeres temen sufrir represalias o amenazas si lo hacen. Una persona que trabaja en el ámbito de la protección explicó: “En nuestra sociedad... [presentar una denuncia penal] borra todos tus hematomas y lesiones y te equipara al agresor.”
Los prolongados procedimientos judiciales, los amplios poderes discrecionales de los que gozan los jueces, que muestran parcialidad hacia los abusadores y priorizan la protección de la “unidad familiar” a la protección de las mujeres, así como la humillación durante dichos procedimientos, desincentivan que las mujeres busquen justicia y llevan a muchas de ellas a retirar los cargos y regresar a situaciones de abuso. La única salvaguardia que requieren los tribunales cuando las sobrevivientes retiran los cargos es que el abusador, o familiares de la sobreviviente, que pueden ser quienes la amenazan, firmen un “compromiso de no causar daño”, una medida discrecional requerida por los jueces que no es jurídicamente vinculante. Trabajadores y trabajadoras sociales contaron a Amnistía Internacional que ha habido numerosos casos de mujeres y niñas asesinadas tras la firma de dicho compromiso. En un caso documentado, los cadáveres de dos hermanas, de 17 y 19 años, fueron hallados en septiembre de 2020, aproximadamente un mes después de haber salido de un albergue. Su padre había firmado el compromiso después de que familiares de las niñas las convencieran de retirar los cargos contra él.
Una persona responsable de un albergue describió a Amnistía Internacional otro caso de una adolescente cuyo “hermano le había cortado las orejas y afeitado la cabeza [...] al parecer porque ella utilizaba las redes sociales”. Esa persona afirmó que el juez había dicho al albergue que deberían alentar a la familia de la niña a aceptarla de nuevo. Su hermano nunca fue detenido.
Sobrevivientes y trabajadores y trabajadoras sociales también describieron a Amnistía Internacional cómo los estereotipos de género y la cultura de culpar a las víctimas hacen que las mujeres sean reacias a acudir a los tribunales y arriesgarse a ser humilladas.
Una persona que realiza trabajo social describió a Amnistía Internacional que un juez le dijo a una mujer que se había quedado embarazada tras ser violada por su hermano: “Si fueras una chica tan bien educada, esto no te habría pasado”. Su familia la convenció de retirar los cargos.
En algunos casos, según explicó personal directivo de albergues, los jueces parecían mostrar indulgencia hacia los hombres casados que habían cometido delitos contra familiares que no fueran su esposa o hijos, para preservar la unidad familiar. Una persona responsable de un albergue describió cómo en el caso de una niña de 16 años violada por su primo de 26, el juez cambió el cargo de violación de una menor, que conlleva una pena de 15 años de prisión, al cargo de adulterio, porque “el hombre estaba casado” y “tenía una familia a la que cuidar”. "Están enseñando a los hombres a salirse con la suya en casos de violación y asesinato”, dijo esa persona.
Deficiencias de la ley sobre violencia de género en el ámbito familiar
Amnistía Internacional concluyó que la Ley de Violencia Doméstica de 2011 de la Región del Kurdistán de Irak da prioridad a la protección de la “unidad familiar” sobre la justicia y la protección de las sobrevivientes, y establece penas para los infractores que no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.
Lo más revelador es que dicha ley prescribe un proceso de reconciliación entre la sobreviviente y su abusador antes de que un juez decida si remite la causa a juicio. Estos procesos de reconciliación obligatorios están reñidos con un enfoque de la violencia en el ámbito familiar y por motivos de género centrado en las sobrevivientes.
En virtud de esta ley, los actos de violencia intrafamiliar (incluidas las lesiones corporales y la violación conyugal) se consideran faltas y, por lo tanto, sólo acarrean una pena máxima de tres años de prisión. Si bien la ley otorga a los jueces discreción de hacer uso de penas más severas estipuladas en el Código Penal, Amnistía Internacional concluyó que la falta de directrices claras en un contexto de arraigados estereotipos de género implica que los jueces rara vez imponen penas proporcionales a la gravedad del delito. Una persona profesional de la abogacía dijo:
“[Recuerdo] el caso de una mujer que había sido golpeada brutalmente por su esposo y que interpuso denuncia en tres ocasiones. En todas ellas, el juez le impuso al esposo la multa mínima. La mujer acabó yendo a los tribunales tres veces, siempre con los mismos hematomas”.
La impunidad de los homicidios en nombre del “honor” también sigue siendo generalizada, a pesar de que el “honor” como circunstancia atenuante en casos de asesinato u otros delitos graves contra las mujeres se eliminó mediante una enmienda de 2002 al Código Penal.
Mecanismos de protección inadecuados e infrafinanciados
Amnistía Internacional también concluyó que los mecanismos de protección y denuncia establecidos por el Estado adolecen de una lamentable falta de financiación y de recursos, lo que menoscaba gravemente la capacidad de las instituciones para apoyar a las mujeres y las niñas que sufren violencia de género en el ámbito familiar. Entre esas instituciones figuran la DCVAW y los albergues administrados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Una frustración de la que se hizo eco el funcionariado de estas dos instituciones es que los responsables de las finanzas carecen de suficiente voluntad y compromiso para combatir la violencia contra las mujeres.
Los tres albergues que visitó Amnistía Internacional estaban en mal estado, tenían condiciones de hacinamiento, escasez de personal y no disponían de equipamiento adecuado para cubrir las necesidades de las sobrevivientes. Las mujeres y las niñas requieren una orden judicial para entrar y salir de los albergues, y ésta solo se puede otorgar si presentan una denuncia penal contra su abusador. En la práctica, este requisito excluye a las sobrevivientes que deciden no presentar una denuncia, aunque no hacerlo se deba al temor a sufrir represalias.
Una vez en el albergue, la libertad de circulación de las mujeres y las niñas y su acceso a teléfono e Internet se restringen severamente. Amnistía Internacional ha concluido que estas restricciones a la libertad de circulación y de comunicación son desproporcionadas y constituyen privación arbitraria de la libertad.
Una persona del equipo de investigación de la DCVAW lamentó:
“La vida de las mujeres y las niñas que entran en un albergue básicamente se detiene... Miro a mujeres que vienen con lesiones y ojos morados y sé que, aunque haga todo lo que esté en mi mano, cuando salgan de esta oficina, el 90% de las veces volverán a la situación que las había traído aquí”.
“El personal que está en primera línea está exhausto. El Gobierno Regional del Kurdistán debe garantizar que sus promesas de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres se traducen en acciones concretas, intensificando el apoyo a estas instituciones, realizando reformas jurídicas clave para eliminar los obstáculos para acceder a la justicia, y llevando a cabo una labor de educación pública y sensibilización contra la discriminación y la violencia por motivos de género. El aumento de las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar en la Región del Kurdistán de Irak debería servir como una llamada de atención de que el sistema actual está fallando a las mujeres y las niñas”, ha declarado Aya Majzoub.
