Londres/Madrid.- Amnistía Internacional pide a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se opongan a la renovación de la Resolución 1487/1422, durante su reunión de hoy. Esta resolución es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a otras leyes internacionales, ya que impide que ningún Estado entregue al Tribunal Penal Internacional (TPI) a ciudadanos de Estados que no son parte del Estatuto de Roma y hayan sido acusados por el TPI de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra cometidos en relación con cualquier operación autorizada por la ONU.
En concreto la Sección Española de Amnistía Internacional pide al nuevo Gobierno español, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que exprese con firmeza ante el Consejo su oposición a cualquier iniciativa que pueda socavar la lucha contra la impunidad, así como la integridad del Estatuto de Roma, ofreciendo todo su apoyo al Tribunal Penal Internacional.
“Estamos ante una oportunidad clave para el nuevo Gobierno español de mostrar su compromiso con la defensa de derechos humanos. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y de demostrar que se apuesta por la legalidad internacional. El gobierno español, por tanto, debe votar en contra de la Resolución 1487/1422, ya que ésta vulnera la Carta de las Naciones Unidas y otras leyes internacionales”, ha declarado Esteban Beltrán, director de la Sección española de Amnistía Internacional.
Además, esta Resolución solicita al Tribunal Penal Internacional que no inicie ni prosiga investigaciones o enjuiciamiento alguno respecto de casos de esas características, y obliga a todos los Estados miembros de la ONU a no colaborar con el TPI si decidiera realizar tales investigaciones o enjuiciamiento.
Información adicional
Ayer Estados Unidos introdujó un borrador de renovación a la resolución 1487/1422 en el Consejo de Seguridad. En la reunión del Consejo de Seguridad y de los miembros de Naciones Unidas que tendrá lugar hoy viernes se procederá a la votación.
La resolución 1422 del Consejo de Seguridad se adoptó en julio de 2002, cuando Estados Unidos amenazó a los otros 14 miembros con vetar la prórroga de todos los mandatos de las misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas si no se concedía inmunidad frente al Tribunal Penal Internacional a ciudadanos de estados que no son parte en el Estatuto de Roma y pudieran ser acusados de los crímenes que son competencia de la Corte.
En una reunión abierta del Consejo de Seguridad el 10 de Julio de 2002 más de cien estados miembros de Naciones Unidas mostraron su oposición a la resolución 1422 y declararon que era contraria al derecho internacional. Un año después, en una reunión abierta similar, los miembros de Naciones Unidas estaban virtualmente en contra de la renovación de la resolución 1422.
Amnistía Internacional se opuso tajantemente en 2002 a la aprobación de esta iniciativa, denunciando, junto con numerosas voces de la comunidad internacional, la ilegalidad de la misma. Un año después, próximo el vencimiento del primer año de vigencia de la resolución, la organización pidió de nuevo a todos los miembros del Consejo de Seguridad, incluida España, que se opusieran a todo intento de renovación impulsado por Estados Unidos, puesto que dicha resolución contraviene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Carta de la ONU y otras normas internacionales. Lamentablemente, España y Gran Bretaña fueron los dos únicos países de la Unión Europea que el 12 de junio de 2003 votaron a favor de mantener la vigencia de la resolución 1422 por otro periodo anual, otorgando su aval a un sistema de impunidad para los ciudadanos de países que no sean parte del Estatuto de Roma y que participen en operaciones aprobadas por la ONU.
