cuando cuatro ministros y ministras y el Procurador General del Estado llegarán a la Amazonía para disculparse por los abusos que tuvieron lugar durante la operación petrolera del Bloque 23 realizada por la empresa CGC en los años 2002 y 2003.
“Para el pueblo originario Kichwa de Sarayaku es un acto de trascendencia histórica, porque es la primera vez que el Estado va a pedir disculpas a un pueblo indígena por haber puesto en grave peligro su vida e integridad,
“Nuestro pueblo espera que la disculpa del Estado sea sincera y que haya una real garantía de no repetición de los abusos que sufrimos en nuestro territorio”.
Desde Amnistía Internacional hemos acompañado a este pueblo indígena en su campaña para hacer cumplir sus derechos durante años. Para nosotros, este también es un día de celebración.
hemos llegado acá desde lejos porque creemos que la Corte nos puede ayudar, estamos en la última instancia y con la última esperanza”.
El acto del 1 de octubre es de gran transcendencia para el movimiento indígena y una referencia importante no sólo para el pueblo indígena de Sarayaku sino para todos los pueblos indígenas latinoamericanos. No hay que olvidar, sin embargo, que una vez se lleven a cabo las disculpas todavía quedan pendientes de cumplir otras medidas fundamentales. Una de ellas es la retirada de los explosivos, tanto los que están en la superficie como los que se encuentran a mayor profundidad. En estos momentos ya se está planificando este proceso pero va a ser largo, porque tras el reconocimiento del terreno hay que llevar a cabo un estudio del impacto ambiental que tomará tres meses antes de empezar con la retirada”,
“Sin olvidarnos, por supuesto, de las medidas de no repetición, es decir, la aprobación de una ley de Consulta que garantice que antes de realizar una actividad petrolera en territorio de Sarayaku o de cualquier otro pueblo indígena, tiene que haber una consulta libre, previa e informada y el pueblo indígena tiene que dar su consentimiento”
Desde Amnistía Internacional celebramos estas disculpas públicas y esperamos que todo ello abra la puerta a una verdadera garantía del derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e informado, en Ecuador y en la región.
