Los problemas clave de la ley, en su redacción actual, son:
- Permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia intrusivas para fines generales y poco definidos como "intereses de política exterior importantes", proteger los "intereses económicos, industriales y científicos" de Francia y prevenir la "violencia colectiva" y la "delincuencia organizada".
- Permite el uso de herramientas de vigilancia masiva que captan llamadas de teléfonos móviles y de cajas negras (con fines antiterroristas) en los proveedores de servicio de Internet que recogen y analizan los datos personales de millones de usuarios de Internet.
- Falta de supervisión independiente: En lugar de obtener la autorización de un juez, el primer ministro sólo tendría que pedir la opinión de un nuevo organismo, el Comité Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia, sin estar obligado a seguirla.
- Será muy difícil, cuando no imposible, que una persona averigüe si se la está espiando ilegalmente o que alguien pueda denunciar desde dentro el abuso de las facultades de vigilancia.
