La resolución judicial, que exigirá que el gobierno facilite métodos anticonceptivos gratuitos a millones de las mujeres más pobres del país, ha sido acogida con satisfacción por activistas de toda Filipinas.
“La sentencia de hoy del Tribunal Supremo es una victoria de la independencia del poder judicial y hace que millones de mujeres y niñas tengan derecho a acceder a los servicios médicos y a la información que necesitan”Hazel Galang-Folli, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades filipinas deben resistirse a todos los esfuerzos en marcha para revocar la emblemática ley del país sobre derechos sexuales y reproductivos. Ceder a la presión significaría negar a las mujeres y niñas sus derechos humanos”.
“Aunque la ley no es perfecta, sienta las bases para eliminar algunas de las barreras existentes en la protección del derecho humano de las mujeres y niñas a la atención sanitaria sexual, reproductiva y materna. El desafío ahora será garantizar que la ley se aplica debidamente y que se dedican recursos suficientes para hacerla efectiva”
Información complementaria
rechazo del artículo 23,inconstitucional el artículo 7,
la ley también introducirá la educación en salud reproductiva en las escuelas del país