Madrid.- Este jueves 16 de julio se debate en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.
La reforma pretende limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad, al exigirles el consentimiento parental para poder tomar la decisión.
Amnistía Internacional ha recordado, una vez más, que esta proposición es discriminatoria, tal y como han indicado organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica, que señala que se trata de una medida contraria a las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño y a las de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Esta iniciativa legislativa no está basada en criterios médicos y, por lo tanto, puede suponer una discriminación en el acceso de estas menores a servicios de aborto legales y seguros”, ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España.
Entre otras recomendaciones, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que pide que se retire la Proposición de Ley, recuerda a España que los y las menores tienen derecho a determinados tratamientos médicos e intervenciones sin el permiso de sus padres o tutores legales, como los test de VIH, servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la educación sexual, los métodos anticonceptivos y el aborto seguro.
El gobierno y el Grupo Parlamentario Popular justifican esta medida en la protección de las mujeres. Sin embargo, exigir este consentimiento, implicaría muy probablemente, un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar y hasta su vida. Asimismo, coloca a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión.
Por otra parte, España fue examinada el pasado 7 y 8 de julio ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y algunos de sus miembros también mostraron preocupación por esta reforma del aborto.
A la cola de EuropaEsta proposición de ley aleja a España de la mayoría de países de la Unión Europea y nos equipararía a legislaciones como las de Bulgaria, Chipre, República Checa, Turquía, Georgia, Grecia, Macedonia o Hungría, en los que también se exige a las menores el consentimiento parental.
Se trata, además, de una medida injustificada e innecesaria ya que, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) de España, más del 87% de las menores que abortaron entre enero y septiembre de 2014, lo hicieron acompañadas de sus padres.>
Más suspensos en derechos humanos
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas instó a España en 2012 a asegurar una atención especial a la situación de las adolescentes en el acceso al aborto legal y seguro. Y la Organización Mundial de la Salud ha destacado que para proteger a las menores, las políticas y las prácticas de los Estados deben alentar, pero no exigir, el consentimiento parental.
Amnistía Internacional ha recogido casi 50.000 firmas desde el pasado mes de febrero en su centro de activismo on line, actuaconamnistia.org, para exigir que esta reforma se retire.
