Más de 250 socios y socias de Amnistía Internacional acuden este fin de semana a Santander para celebrar la 49 Asamblea General de la organización.
El encuentro será en el Palacio de Festivales de Cantabria los días 22 y 23 de abril y allí discutirán el plan de acción de la organización en España para el próximo año y revisarán el trabajo realizado durante el último año. También elegirán y renovarán diferentes cargos de gobierno de la organización.
Estas son diez prioridades de Amnistía Internacional para 2023:
Cinco prioridades internacionales
- Luchar contra la brutal represión a manifestantes que han sufrido y sufren decenas de miles de personas en Irán por movilizarse a favor de los derechos de las mujeres, en Perú por protestar contra las políticas gubernamentales, que ha tenido además tintes racistas contra indígenas y campesinos, o en Tailandia por mostrar sus opiniones contrarias al gobierno, donde la persecución se ha focalizado en niñas y niños.
- Continuar con la defensa del derecho al aborto en lugares como Estados Unidos, Polonia o Andorra y apoyar la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, destacando la situación de Afganistán e Irán por las graves violaciones de derechos humanos que sufren y la falta de visibilidad internacional que reciben.
- Intensificar la denuncia de la persecución de defensores y defensoras, activistas, periodistas, disidentes y sociedad civil en el mundo, con especial mención a Centroamérica, donde la situación es particularmente grave.
- Seguir trabajando contra las violaciones de derechos humanos que se producen en conflictos armados, especialmente en Ucrania, pero sin perder de vista aquellos que permanecen en el olvido como Yemen o Etiopía y cuyo número de víctimas crece año tras año.
- Trabajar para frenar el cambio climático, que es una crisis de derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo en todas las latitudes y que se ceba especialmente con las personas más vulnerables.
Y cinco en España
- Proteger el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica después de la oportunidad perdida con el reciente freno de la Comisión de Interior a la tramitación de la reforma sobre la Ley Mordaza.
- Consolidar los importantes avances logrados en materia de igualdad de género, una tendencia que debe continuar tras las elecciones de 2023, para lo que es necesaria una mayor voluntad política y un mayor compromiso de los partidos con los derechos humanos.
- Luchar contra el clima de impunidad agravado en el último año por la falta de rendición de cuentas en ámbitos como la violación de derechos humanos en la frontera, el espionaje de periodistas, autoridades y miembros de la sociedad civil y el abandono que sufrieron las personas mayores que vivían en las residencias durante el estado de alarma.
- Lograr que el derecho a la vivienda sea una realidad por primera vez en democracia en España, a través de la aprobación y puesta en práctica de una Ley de Vivienda.
- Frenar el debilitamiento del derecho a la salud exigiendo que la inversión en Atención Primaria alcance el 25% de la inversión sanitaria total que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Acto público en defensa del derecho a la protesta
Los y las activistas de Amnistía Internacional realizarán también un acto público el sábado 22 de abril a las 19.30 horas con el que pedirán que se proteja el derecho a la protesta en todo el mundo.
El acto arrancará en el Palacio de Festivales y llegará hasta la explanada junto al Centro Botín, recorriendo el Paseo Marítimo. En el Centro Botín se tomará una foto para visibilizar las amenazas que sufre la gente que sale a manifestarse en todo el mundo y se engloba en la campaña prioritaria de la organización “Protejamos la protesta”.
Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2022 hubo denuncias de uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad estatales en protestas pacíficas en al menos 85 de los 156 países examinados por la organización. También en el último año, hubo denuncias de uso de armas menos letales contra manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en protestas pacíficas en al menos 67 de los 156 países. Y, en el mismo período, el ejército se desplegó para controlar manifestaciones en al menos 31 de los 156 países analizados la organización.
De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Afganistán a Nicaragua, además de los casos ya mencionados de Irán o Perú, las autoridades de los diferentes Estados adoptan cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta ; uso indebido de la fuerza; expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet, y abusos y estigmatización. Mientras, se están levantando aún más barreras para los grupos marginados y discriminados. La denuncia de estas situaciones es prioritaria para el movimiento de derechos humanos.
