Desde hace más de tres años, persiste una situación de injusticia contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes siguen en prisión, pese a que nunca debieron ser encarcelados. Ya han pasado más de mil días entre rejas apartados de sus familias. Amnistía Internacional viene pidiendo de forma reiterada su puesta en libertad desde prácticamente el mismo momento en que fueron detenidos.
El 14 de octubre de 2019, llevando ya dos años en prisión provisional, el Tribunal Supremo dictó sentencia en su contra por delitos de sedición, condenándoles a nueve años de prisión. Amnistía Internacional lamentó esta decisión, por constituir una restricción indebida en el ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
Hoy Amnistía Internacional afirma que los tres poderes del Estado tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos.
Poder Judicial
La Fiscalía del Tribunal Constitucional debe impulsar la pronta resolución del recurso de amparo interpuesto por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo en su contra.
En este sentido, Amnistía Internacional publicó en noviembrede 2019 un informe técnico basado en el derecho internacional que alerta, entre otros aspectos, sobre la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal y su interpretación por parte del Tribunal Supremo, que llevó a la condena a nueve años de prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La organización analizó cómo dicha sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de ambos, y argumenta por qué deben ser puestos en libertad de manera inmediata.
“Ya llevan más de tres años en prisión. El Tribunal Constitucional debe resolver cuanto antes el recurso”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Poder Ejecutivo
Debe habilitar, en el marco de sus competencias, las herramientas idóneas para que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad.
“El Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de tramitar con prontitud los expedientes de indulto relativos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que nunca debieron estar en prisión, aunque ésta no sea la solución ideal. Por tanto, y destacando que el indulto supone solo el perdón de la pena, pero no del delito —como a nuestro criterio debería suceder— cualquier medida que suponga poner fin a la injusticia de su encarcelamiento, será bienvenida por Amnistía Internacional”, asegura Beltrán.
Poder Legislativo
Debe emprender cuanto antes la reforma del delito de sedición, que vulnera el principio de legalidad. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por que la sanción en contra de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se base en el delito de sedición, vagamente definido e interpretado de forma extensiva por el Tribunal Supremo, lo que podría abrir la puerta en un futuro a una mayor criminalización de actos directamente relacionados con el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
A diferencia de otros delitos contra el orden público, la sedición no recoge explícitamente en su definición el recurso a la violencia o la amenaza de violencia –como sí ocurre, por ejemplo, con los delitos de atentado o desórdenes públicos– sino que contempla que la acción se ejecute “por la fuerza o fuera de las vías legales”. En otras palabras, este delito -el más grave de los delitos contra el orden público- puede abarcar una amplia variedad de conductas, en principio no necesariamente violentas, a las que sería de aplicación un abanico de penas que van desde un año de prisión -para los tipos atenuados- hasta 15 años para la pena máxima.
“El Poder Legislativo debe impulsar una reforma del delito de sedición para garantizar que no se criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni se imponen penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica, tal y como ha ocurrido en este caso”, declara Beltrán.
Tercer grado
Finalmente, con relación al recurso interpuesto por la Fiscalía contra la progresión al tercer grado de clasificación penitenciaria, aún pendiente de resolución, en opinión de Amnistía Internacional, las autoridades deben adoptar todas las medidas a su alcance para avanzar hacia la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
“Esperamos que el Tribunal Supremo resuelva cuanto antes la confirmación de la progresión de grado autorizada por las autoridades penitenciaras catalanas, lo que supondría la aplicación de un régimen de semi libertad para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart”, concluye Beltrán.
