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España: La vivienda, un derecho hipotecado

Maritza Saavedra recibió una orden de desahucio © AI
  • AI publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos
  • Dos de las Comunidades Autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, Madrid y Cataluña, han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección
  • España sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido
nuevo informe, Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civilcasi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008Medidas que desprotegen
Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% la Sareb 80.000 viviendasDesigualdad en las negociaciones
Ainhoa Lafuente “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes y tiene tres añitos, es muy injusto”Un periplo sin fin
Maritza Saavedrasiempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmentePeticiones de Amnistía Internacional
Gobierno

  • Abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras no se adopten garantías de protección de derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
  • Crear un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas y que se priorizan soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
  • Realizar consultas con las personas afectadas y organizaciones, realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos y publicar datos desagregados.
  • Trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social y adoptar todas las medidas a su alcance para modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

Comunidades Autónomas
  • Abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas.
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda. En relación a las viviendas vacías de propiedad privada, elaborar un censo actualizado  y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.
  • En especial, Madrid y Cataluña deben asegurarse que cualquier venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social. Además, deben revertir las medidas que reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas de inserción, claves para ayudar a las personas en el acceso a la vivienda.

Ayuntamientos
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

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